Opinión

(Infodefensa.com) Por Antonio Fonfría – La teoría del oligopolio muestra que cuando la falta de competencia en un mercado es acusada, las empresas tienen capacidad para influir en el precio y sobre las condiciones de la competencia sin perder su participación en el mercado. Esto ocurre cuando hay pocas empresas, cuando algunas de las que hay poseen activos superiores al resto de sus competidoras o cuando se dan ambos casos simultáneamente. Adicionalmente, en el caso en que haya un único comprador o demandante de un producto ocurre algo similar, pero desde el lado de la demanda. El comprador puede presionar los precios a la baja y aprovecharse de su elevada capacidad de generar demanda eligiendo a los proveedores, es lo que se denomina un monopsonio.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas cuando se trata de un mercado real y la teoría se ajusta de forma menos precisa o requiere de modificaciones para explicar ciertos comportamientos. El sector de la defensa es un caso particularmente complejo en lo relativo al poder de mercado. Como punto de partida, el poder se encuentra repartido entre la oferta y la demanda, si bien cada vez está más diluido, ya que la demanda es más débil –debido a la reducción de su capacidad de compra, v.g. caída de los presupuestos de defensa-, y la oferta se enfrenta a competidores exteriores con capacidades y precios con los que ha de competir. En definitiva se abre el mercado y ello implica la reducción del poder de algunas empresas domésticas que antes se encontraban en situaciones privilegiadas o de oligopolio.

Analicemos de manera separada la oferta y la demanda. Comenzando por la primera, su capacidad de influir en el mercado ha sido bastante evidente a lo largo del tiempo. Así, se ha demostrado que las empresas de la industria han obtenido una rentabilidad superior a la media de las manufacturas españolas que se puede cifrar en un 60% en la parte del negocio militar, al menos en 2007[1]. Esta situación es el resultado del poder de mercado que han mostrado tradicionalmente. No es censurable, cualquier empresa busca maximizar sus beneficios –como también nos dicta la teoría económica-, además, las empresas de la industria de la defensa han demostrado ser capaces de hacer valer su posición frente al demandante en numerosas ocasiones, ya que han podido influir en los precios –especialmente en lo que respecta a los contratos de los programas principales-, tal y como se expuso por parte de la Secretaría de Estado de Defensa en septiembre de 2011, cubriéndose las firmas de los aumentos del nivel general de precios, en unos casos –debido a los largos períodos de maduración, producción, etc. de los programas-, o incluso en función de la evolución de sus propios costes laborales, en otros.

Adicionalmente, se han mostrado en algunos casos demoras en las entregas de los productos/equipos que no han sido penalizadas por parte de Defensa. Esta situación indica, desde la perspectiva empresarial, que no existe coste alguno en trascender las fronteras del tiempo y, por tanto, que cuando esto ocurre por ineficiencias del proveedor, el coste a asumir es cero. Otro efecto del poder de mercado.

Por el lado de la demanda –Ministerio de Defensa-, y siguiendo con la línea del argumento anterior, la no aplicación de penalizaciones en esos casos puede implicar la debilidad del poder de mercado del cliente, sobre todo en un momento en el que tiene contraídas importantes obligaciones de pago con las empresas, a las que no puede hacer frente en el corto plazo. Pero la situación se puede sazonar con algo más. Como es conocido, existe una baja elasticidad-precio –aunque creciente- de los productos de defensa en comparación con otros productos, lo cual implica que el demandante es poco sensible a los aumentos del precio, dicho en otras palabras, las empresas poseen una cierta capacidad de trasladar los aumentos de costes a los precios[2], lo cual deja en una posición de desventaja al cliente frente al proveedor. Aquel responde tratando de mejorar su posición utilizando los mecanismos que posee, como la regulación –reducción de los contratos negociados sin publicidad, cambios en la normativa-, o el control de costes de los proveedores –grupo de evaluación de costes-, entre otros.

¿Y esta situación es siempre así? No. En el caso de las PYME el poder de mercado es mucho más limitado –cuando se da-, tanto en su cuantía como en el tiempo, ya que las posibilidades de mantener ciertas ventajas se encuentran, muchas veces, vinculadas al devenir de las grandes empresas y además se encuentran más expuestas a los vaivenes del mercado.

De estas líneas se pueden extraer algunas conclusiones, pero quizás haya una que sea particularmente relevante en el momento actual. Tanto las empresas como la Administración cumplen un papel socialmente importante. En el caso de la defensa ese papel es, si cabe, más relevante, al estar sujeto a un mandato constitucional e implicar aspectos como la seguridad, la salvaguarda de las libertades, etc. Por ello, la responsabilidad de la oferta y de la demanda es igualmente mayor. La demanda ha de velar más intensamente por conseguir el mayor value for money para la sociedad tratando de hacer valer su poder de mercado y, por tanto, rentabilizando los recursos de todo tipo que la sociedad pone a su alcance. La oferta, por su parte, debe jugar su papel de generador de rentas y empleo a través de la obtención de valor añadido vía inversión en nuevas tecnologías, como forma de obtener ventajas competitivas que mejoren sus capacidades –pero también su poder de mercado-, aportando a la demanda los equipos necesarios en el tiempo y coste marcados. En definitiva, el equilibrio de un mercado imperfecto se encuentra sujeto a comportamientos estratégicos, la cuestión estriba en que las estrategias de los agentes resulten en un equilibrio en el que no es posible que ningún agente mejore a menos que otro empeore. 

[1] Fonfría, A. (2012) “Estructura, conducta y resultados de la industria de defensa española”. Cuadernos Aragoneses de Economía, 2ª época, vol. 22, nº 1-2, pp. 11-30.

[2] Esto se conoce como cost shifting y fue planteado para la industria de la defensa por Rogerson, W. P. (1992) Overhead allocation and incentives for cost minimization in defense procurement, The Accounting Review, 67(4), 671-690.

Antonio Fonfría es profesor de Economía Aplicada y director del Máster en Logística y Gestión Económica de la Defensa, en la Universidad Complutense de Madrid