El Congreso remite la Ley de Comercio de Armas al Senado para su aprobación definitiva
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El Congreso remite la Ley de Comercio de Armas al Senado para su aprobación definitiva

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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con un amplio consenso el proyecto de Ley de Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, que aumentará el control parlamentario y la información que el Gobierno está obligado a facilitar a las Cortes sobre las operaciones autorizadas y materializadas en este sector.

La norma pasa ahora a ser tramitada en el Senado con la fecha límite del próximo 20 de diciembre, cuando concluirá el periodo de sesiones. En caso de que la Cámara alta apruebe introducir alguna enmienda, el proyecto previsiblemente no podrá culminar su tramitación al disolverse las Cortes por la próxima convocatoria de elecciones generales.

Todos los grupos parlamentarios destacaron el "importante papel" que han tenido las organizaciones no gubernamentales Intermón, Amnistía Internacional y Greenpeace en la elaboración de este nuevo texto, el primero con rango de Ley para regular las exportaciones de armas y material de defensa.

En el turno de intervenciones, el diputado socialista Celestino Suárez aseguró que la nueva norma mantiene a España en "la vanguardia en la lucha por el control de las armas" y permite avanzar en transparencia, información gubernamental y control parlamentario.

Por parte del Grupo Popular, la diputada Asunción Oltra destacó el hecho de que el comercio de armamento vaya a pasar a estar controlado por ley pero lamentó que las distintas formaciones políticas no hayan sido capaces de tramitar la ley con mayor celeridad. Avisó además que ahora habrá que elegir entre ratificar la norma o dejar que el Senado realice su trabajo como cámara de segunda lectura.

Tras criticar la falta de debate sobre comercio de armas en el Parlamento, Oltra manifestó el respaldo del PP al proyecto "por responsabilidad" e incidió en la necesidad de continuar luchando por la erradicación del tráfico ilícito de armas.

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, señaló que el texto es "bueno, conveniente y necesario" y representa "un importante paso de mejora" en el control de comercio de armas. El diputado del PNV, Iñaki Txueka, consideró "correcto" el texto aunque abogó porque las armas deportivas no sean sometidas a ese control.

Por parte de CiU, el diputado Carles Campuzano destacó la importancia de la aprobación de la norma, tras haberse iniciado las primeras iniciativas políticas de control armamentístico en 1996, y resaltó el hecho de que esta regulación tenga carácter de ley. En respuesta a las críticas formuladas por ERC y CiU, Campuzano aseguró que el proyecto "crea las condiciones para un control efectivo del comercio de armas".

Los más críticos en la valoración de la norma fueron los portavoces de IU-ICV y ERC, Joan Herrera y Joan Puig, si bien ambos reconocieron que el texto ha introducido avances en el control de estas operaciones comerciales y destacaron el primordial papel jugado por las ONGs.

Tras lamentar que los grupos hayan estado a punto de agotar el plazo de tramitación, Herrera dijo que la ley dejará a España "en el pelotón de en medio" en materia de control armamentístico y recalcó que existía una mayoría parlamentaria para una norma de "pelotón de cabeza".

El diputado de ICV criticó duramente el texto aprobado por el Gobierno y subrayó que éste se ha visto mejorado gracias a la presión "exigente" de las organizaciones no gubernamentales y de grupos como el suyo. Tanto Herrera como Puig denunciaron que la ley no obligue al Gobierno a concretar el tipo de productos cuya exportación autoriza o deniega el Gobierno. El portavoz de ERC incidió en que la nueva norma "tiene formulaciones ambiguas" que dejan "abiertas las puertas de la opacidad" y la convierten en "un colador".

Aprobado por el Gobierno el 29 de diciembre de 2006, quince días después de finalizar el plazo que el Pleno del Congreso le otorgó para que elaborara una norma de control de comercio de armas, la nueva norma actualiza la regulación de las transferencias del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso de acuerdo con los compromisos contraídos por España en los foros internacionales de control y no proliferación.

La norma obliga al Ejecutivo a enviar "semestralmente" al Congreso información por escrito sobre las exportaciones realizadas, incluyendo el país de destino y la categoría "descriptiva" de los productos. Estipula además que el Ejecutiva comparecerá una vez al año por medio del secretario de Estado de Turismo y Comercio y encomienda a la Comisión de Defensa que elabore un informe basándose en los datos facilitados por el Ejecutivo y con recomendaciones de cara a futuras exportaciones.

El texto obliga a las empresas que solicitan autorización para exportar armas a incluir cláusulas para que dicho material no sea reexportado por el país destinatario, así como información sobre los países de tránsito del material y los métodos de transporte. Establece la ampliación de los controles a todo tipo de armas de fuego y recoge los ocho criterios del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas aprobado, así como los contemplados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para estas operaciones. La nueva ley sustituirá al Real Decreto sobre transferencia de material de Defensa aprobado por el Gobierno el 30 de julio de 2004.



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