El Gobierno español mantiene sus reservas a la eliminación total de la fabricación, almacenamiento y uso de bombas de racimo

16/05/2008 (Infodefensa.com) - El Gobierno de España mantiene sus reservas a la eliminación total de la fabricación, almacenamiento y uso de bombas de racimo y es la postura con la que irá a la Conferencia Internacional del Proceso de Oslo que se celebrará a partir del 19 de mayo en Dublín (Irlanda), afirmaron varias ONG´s españolas.

"España ha venido jugando en este proceso un papel ambiguo. Por un lado, dice poner las consideraciones humanitarias en primer lugar. Pero por otro, no es partidario de prohibir ciertos tipos de armas con supuestos avances técnicos y que coinciden con las que fabrican algunas empresas españolas", aseguró en rueda de prensa Jordi Calvo, portavoz de la Coalición Contra las Bombas de Racimo, grupo que propugna la prohibición total de estas municiones.

Los portavoces Greenpeace, otra ONG que se opone a las bombas racimo, afirmaron que en la última reunión que mantuvieron con el Gobierno socialista, los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores les trasladaron que su pretensión era promover "un tratado blando" para obtener el máximo consenso internacional posible, informó el diario Público.

Esto se entendería con respaldar la prohibición y fabricación de las municiones de este tipo antiguas pero no las más modernas que incorporan distintos sistemas de autodestrucción y autodesactivación para evitar que sean un peligro indefinido para la población civil.

Mabel González, portavoz de Greenpeace, rechazó esta posibilidad y consideró que: "no hay bombas de racimo buenas o malas, como tampoco había minas antipersona más o menos destructivas". Recordó, por otra parte, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero se comprometió a la eliminación de las municiones cargo al aprobar la pasada legislatura la nueva ley que regula las exportaciones de materiales de defensa que recoge la promesa del Ejecutivo de promover aquellos tratados internacionales en contra de todos los tipo de este bombas racimo.

En España existen dos empresas que fabrican municiones de este tipo: Instalaza y Explosivos Alaveses (EXPAL), actualmente propiedad del grupo MaxamCorp.

La primera fabrica una submunición de este tipo -MAT-120- que ha sido modernizada con un sistema electrónico de autodestrucción que impide la explosión posterior a su lanzamiento original denominado [sD]² (self-destruction + self-deactivation). Recientemente, representantes de la compañía presentaron esta innovación a expertos de las Naciones Unidas.

Aplicado a un sistema de espoletas electrónicas, sin energía eléctrica almacenada antes del disparo, el nuevo concepto de Instalaza asegura un triple funcionamiento. Una actuación correcta en el caso de impacto, una autodestrucción en 20 segundos o, en otro caso, su auto-desactivación (sin energía eléctrica almacenada) en un periodo de unos 10 minutos.

EXPAL, por su parte, fabrica desde la década de los años 80 la bomba BME-330 de la que existen varias versiones.

Aunque oficialmente no hay confirmación, el Ejército del Aire compró -y se cree mantiene en su inventario- bombas BME-330 B/AP (antipistas) y BME-330. La Dirección General Armamento y Material del Ministerio de Defensa homologó en el pasado las BME-330, BME-330 B/10 y BME-330 B mediante las resoluciones número 320/38536/1990, 320/38536/1990 y 320/38724/1991 respectivamente, homologaciones que fueron renovadas en 1996 y 1998. La BME B/AP fue homologada por la resolución número 320/39101/1993, que ha sido renovada en varias ocasiones. Estas bombas racimo están diseñadas para lanzarse a baja cota (hasta un mínimo de 30 metros), para lo cual están dotadas de un paracaídas de retardo.

El Parlamento de Cataluña aprobó recientemente una resolución firmada por todos los partidos que insta al Gobierno de Rodríguez Zapatero a tener un papel activo en la conferencia de Dublín (Irlanda). Los partidos apoyan la postura de la campaña "Stop Bombas de racimo" promovida por varias ONG que pretenden que la conferencia posibilite la firma de un tratado internacional que prohíba el uso, almacenamiento y fabricación de este tipo de munición.

La comisión de Cooperación y Solidaridad del Parlamento catalán promovió los siguientes puntos: reforzar el Proceso de Oslo, impulsar iniciativas ya tomadas por otros países de su entorno como las moratorias en la fabricación (el último fue Austria), que cumpla la ley de comercio exterior que obliga a España a promover la eliminación total.