Informe IDS sobre la transformación de la política de Defensa en España

(Infodefensa.com) Madrid – Mantener la actual estructura de gasto en Defensa supondría una “jibarización” de las Fuerzas Armadas que comprometería seriamente la capacidad de disuasión de España, generándole un serio problema de inestabilidad. Así lo expresa el informe “La transformación de la política de Defensa en España”, presentado por IDS recientemente en un foro de debate en el que participaron responsables de la industria, los Ejércitos y las principales fuerzas políticas.

El documento analiza pormenorizadamente la evolución reciente de la política de Defensa en España, especialmente desde la perspectiva del mercado sectorial. Estudia igualmente el entorno y las tendencias en los que previsiblemente deberán desarrollarse en el futuro, y desarrolla un decálogo de acciones a llevar a cabo a corto plazo por el Ministerio de Defensa para conjugar las necesidades con los medios actuales.

Entre las acciones propuestas destacan la solución del problema de la deuda de los programas especiales y la creación de una agencia de gestión del mercado de Defensa, así como el inicio de un catálogo de programas de modernización o la reestructuración de diversos órganos del Ministerio de Defensa.

El informe, cuyo autor es el analista y empresario Enrique Navarro Gil, señala, respecto a la deuda de más de 30.000 millones del Ministerio, que el problema más acuciante es la deuda de mil millones por facturas emitidas en 2011 y que no serán pagadas, además de las correspondientes a 2012 y 2013, que supondrán otros 2.500 millones. 

Asegura que ni las privatizaciones ni la reestructuración van a generar recursos suficientes para abonar estas obligaciones, por lo que “deberá extenderse de manera a como se ha hecho con el A400M la financiación del Ministerio de Industria, reajustando el calendario”.

Respecto al órgano único de gestión del mercado, Enrique Navarro apunta a la transformación de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) en una agencia de gestión con un régimen mixto público privado bajo la fórmula de un ente público empresarial. Esta agencia permitiría crear acuerdos de colaboración con el sector privado, tendría la gestión de todo el material excedente, tendría capacidad para establecer un sistema de ventas pública al extranjero, trabajaría con un enfoque más empresarial y sería un agente más activo ante la Comisión Europea y la Agencia Europea de Defensa.

Además, Navarro indica, entre otras medidas, la preparación de un nuevo esquema de sostenimiento de las plataformas, la creación de un partenariado público-privado para nuevos programas y la elaboración de un nuevo esquema de política de Investigación y Desarrollo.

Debate entre políticos, empresarios y militares

El informe, editado por IDS, fue presentado en el encuentro restringido “El mercado de Defensa en España, perspectiva de futuro”, celebrado el pasado 3 de noviembre en Madrid con la participación de máximos directivos de las principales empresas y asociaciones del sector, representantes políticos de las áreas de Economía y Defensa, responsables de la Administración y altos mandos de las Fuerzas Armadas vinculados a planes y programas. 

Entre otros, asistieron la diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, los directores generales de Asuntos Económicos, Mariano Rojo, y de Armamento y Material, teniente general García Sieiro, del Ministerio de Defensa; los presidentes de TEDAE y AESMIDE, Julián García Vargas y Gerardo Sánchez Revenga, respectivamente, así como presidentes y CEO de 30 compañías del sector de la defensa y la seguridad.

Tras la presentación del informe se abrió una mesa de debate, moderada por Enrique Navarro, en la que participaron Beatriz Rodríguez-Salmones,Jordi Marsal y Julián García Vargas, y donde se analizaron las principales claves del mercado de la Defensa.

Uno de los puntos en los que estuvieron de acuerdo todos los colectivos y ponentes fue la aceptación de que la política de Defensa y Seguridad es la primera obligación de Estado y su diseño debe corresponder al Gobierno en su conjunto, y no exclusivamente al Ministerio de Defensa.

Respecto a la deuda, concordaron en que hay que cumplir con las obligaciones contraídas y que la Comisión Europea no debería ser un obstáculo para su resolución.

Asimismo, señalaron que la creación de un ente único de contratación se configura como un instrumento imprescindible para racionalizar y priorizar las adquisiciones en estos momentos de crisis presupuestaria.

También hablaron de la exportación como una opción imprescindible en la situación económica actual y señalaron que las empresas deben hacer un esfuerzo por encontrar otros mercados con la ayuda institucional necesaria y el apoyo del Gobierno.

En cuanto a la industria, los asistentes apuntaron que las empresas de defensa son las más innovadoras, desarrollan  tecnologías duales y son capaces de impulsar proyectos de gran complejidad, una realidad que es necesario transmitir a la sociedad.