El diputado popular Ramón Aguirre Rodríguez, nuevo presidente de SEPI
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El diputado popular Ramón Aguirre Rodríguez, nuevo presidente de SEPI

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(Infodefensa.com) Madrid – El Consejo de Ministros ha nombrado a Ramón Aguirre Rodríguez, considerado como un hombre de Rato y diputado experto en temas económicos, como nuevo  presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que están encuadrados los astilleros públicos Navantia.

Nacido el 3 de marzo de 1953 en Madrid,  Aguirre Rodríguez es en la actualidad diputado por Guadalajara del Partido Popular en el Congreso y sustituye en el puesto a Enrique Martínez Robles, elegido por el PSOE en la anterior legislatura.

Como presidente de la SEPI, Aguirre Rodríguez dependerá el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro, y entre sus prioridades se encuentra el relevo de los máximos dirigentes de compañías de su propiedad como los astilleros públicos Navantia y la empresa minera Unosa.

Directivo bancario y experto parlamentario

Ha sido diputado por el PP en las últimas seis legislaturas. En el Congreso de los Diputados ha sido portavoz adjunto de la Comisión de Presupuestos, portavoz de las comisiones de Presupuestos y de Comercio y Turismo, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, presidente de la Comisión del Pacto de Toledo y portavoz de la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda. Fue presidente de la Comisión Nacional de Comercio y Turismo del Partido Popular.

Este directivo bancario, que está casado y tiene dos hijos, fue entre 2000 y 2004 presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y entre 2005 y 2008 consejero delegado de Metro de Madrid,  y en los últimos años se ocupó de las fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas.

Según algunas fuentes, el gobierno le destina al nuevo cargo por su historial como gestor y conocedor de las cuentas públicas:

El futuro de Navantia

En relación con el sector de Defensa, como nuevo presidente de la SEPI, Aguirre Rodríguez tendrá que acometer decisiones importantes sobre el futuro de Navantia, compañía de la que es propietaria al 100 por cien y que acumula unas pérdidas superiores a los 3.000 millones de euros.

Según el diario Cinco Días, la SEPI arrastra una deuda a largo plazo de 3.425,1 millones de euros, en su mayor parte correspondientes a los créditos del Ministerio de Industria recibidos por Navantia para construir buques militares. El holding público, que agrupa una quincena de empresas y cuenta con participaciones en nueve más, tiene pendientes, además, otros 1.630,5 millones con acreedores comerciales, según las cuentas del primer semestre de 2011, las últimas disponibles.

El grueso de esta deuda (3.003 millones) es imputable a Navantia y se corresponde con créditos del Ministerio de Industria recibidos para financiar la construcción de los grandes programas de buques y submarinos militares. Según los últimos datos que maneja Defensa, Industria ha financiado en un 80% de media los seis principales contratos de construcción para la Armada española.

Incertidumbre en los astilleros

Según el diario económico, Navantia todavía debe devolver alrededor del 98% de los anticipos recibidos. El problema es que estos pagos dependen de que Defensa abone al grupo público de astilleros las cantidades acordadas según reciba los buques encargados. Y, dada la situación de asfixia financiera por la que atraviesa el departamento que ahora dirige Pedro Morenés, no está claro cómo ni cuándo Navantia podrá cobrar.

De hecho, resulta significativa la cifra de deudores comerciales que tiene pendientes de cobrar la SEPI que, a 30 de junio del año pasado, ascendían a 1.395,6 millones, en buena parte por los pagos que no ha materializado Defensa.

Por el otro lado, aparte de la deuda a largo plazo, la SEPI tiene pendientes otros 1.630,5 millones de euros que debe a corto plazo a acreedores comerciales.

En los dos últimos ejercicios, el holding ha hecho un esfuerzo por adelgazar su estructura, lo que se ha traducido en la desaparición de casi quince sociedades (algunas liquidadas y disueltas definitivamente, como Astilleros Españoles; otras integradas en sociedades más amplias, como Infoinvest) y en un ajuste de la plantilla media del grupo gracias a las bajas en la minera Hunosa y al recorte de contratos en Tragsa, empresa en la que más de la mitad de la plantilla (15.405 personas a mediados del año pasado) es eventual.

Pese a todo, las pérdidas de explotación que registró el grupo en 2010 fueron de 143 millones de euros. A 30 de junio de 2011 eran de 5,63 millones, informa Cinco Días.



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