Dos ex altos cargos del PSOE cobran 12 millones en la venta de buques a Venezuela

(Infodefensa.com) Madrid – Dos ex altos cargos del PSOE, Javier Salas Collantes y Antonio Rodríguez-Andía, están imputados por tráfico de influencias y delito fiscal en relación con la venta de patrulleras construidas por los astilleros públicos Navantia a Venezuela, operación por la cobraron 12 millones de euros en comisiones.

Según publica el diario ABC, el juzgado de instrucción de Madrid mantiene imputados a esas dos personas que habrían cobrado cada uno seis millones de euros por intermediar en la operación. Salas Collantes, último presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), salió del Gobierno de 1996, y Rodríguez Andía, fue su subordinado en el INI, empresa que se transformó en la actual Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que es dueña del cien por ciento de Navantia.

De acuerdo con la información publicada por el periódico, la venta de buques a Venezuela se firmó el 28 de noviembre de 2005. Poco antes, el 30 de septiembre, Navantia firmó un acuerdo de mediación con la empresa Rebazve Holding, a la que otorgó una comisión del 3.5 por ciento de la vente, 42 millones de euros.

A su vez, Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, ex presidente de la pública Trasatlántica, y le pago 12 millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Salas Collantes.

Rebazve, administrada por los empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé Benavides, “también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros que facturaron”, afirma el diario ABC.

Salas Collantes

Salas Collantes aseguró en una entrevista con el diario que no ha cometido delito alguno y defendió que “en todos los contratos existen agentes, intermediarios y se cobró el porcentaje habitual”. Resaltó explicó que la cantidad, aunque parezca muy grande puesta de una vez, es resultado de ocho años de trabajo y para un contrato muy importe, superior a los 1.200 millones de euros.

Preguntado por la justificación de sus honorarios, tratándose de un acuerdo que se cerró Estado a Estado, Salas Collantes sostuvo que “después de la firma hay retrasos, cambios y problemas que nosotros ayudamos a solucionar”

Salas Collantes recordó que cuando se firmó el contrato de intermediación hacia casi diez años que él se había pasado a la empresa privada hacia casi diez años y su socio, catorce. “La acusación (de tráfico de influencias) – agregó- dice que hay una amistad con la gente de Navantia, porque los conozco, trabaje con algunos pero de eso ya hace mucho tiempo. Además, para este tipo de trabajo, ¿a quién van a recurrir? ¿A alguien que no tenga ninguna experiencia?”.

Por último, Salas Collantes definió sus funciones como “el lubricante de la maquinaria” y sostuvo que hicieron “en el día a día lo que había que hacer para que todo fuera bien”, es decir para que se pudiera firmar el contrato de venta.

En cuanto al delito fiscal, el otro cargo por el que está imputado, aseguró que “ha quedado acreditado” que han pagado todos los impuestos correspondientes y, por ello, su abogado ha solicitado al juzgado el sobreseimiento de la causa judicial.

Comisiones también en Venezuela

Según fuentes conocedoras de la negociación, que no identifica el periódico español, hay constancia documental de que Carvallo y Malavé destinaron “grandes cantidades de dinero” a ex militares de la Armada de Venezuela, destinataria final de los buques.

De hecho, continua el diario, otro grupo de ex militares con importantes contactos en el ejército venezolano, liderado por el ex oficial Luis Calderón “ya fallecido”, protestó porque las comisiones no les llegaron a ellos y contrataron un despacho de abogados española para que reclamara su parte a Navantia. La empresa pública española se negó a abonar cantidad alguna “porque ya habían pagado una barbaridad a los de Rebazve”.

La operación consistió en la venta de cuatro Buques de Vigilancia de Litoral (BVL) y otros cuatro Patrulleras Oceánicas de Vigilancia de Zona de Exclusión Económica (POVZEE), de los que sólo falta entregar uno de los de la segunda clase que se está construyendo en la actualidad en el astillero venezolano de Dianca con tecnología y asistencia técnica de Navantia. Estados Unidos se opuso a la venta e intentó bloquearla pero no lo consiguió porque no incluía tecnología norteamericana.