(Infodefensa.com) Madrid La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el archivo de la investigación de las comisiones pagadas por los astilleros públicos Navantia por la venta de ocho buques a Venezuela en 2005, como habían solicitado los implicados españoles en el caso, Javier Salas Collantes y Antonio Rodríguez-Andía.
Según el diario ABC, la Sección Primera de la Audiencia dictaminó que la instrucción debe seguir para comprobar si se ha podido causar un perjuicio patrimonial al erario público y por entender que dada la complejidad de los hechos objeto de instrucción (
) no parece irrelevante la práctica de las diligencias solicitadas por el fiscal.
La defensa de los implicados intentó que la causa fuera archivada y presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid con el objetivo de impedir las nuevas diligencias que había solicitado la fiscal anticorrupción que lleva el caso, Pilar Melero. Como consecuencia de ello, en la última semana se han producido declaraciones de varios testigos ante el juez Rosario Espinosa, aseguró el diario sin identificar a las personas.
Entramado de comisiones
De acuerdo con las diligencias, la empresa que cobró las comisiones es una intermediaria venezolana, Rebazve Holding Limited, que, de los 42 millones de euros percibidos, desvió doce a los dos comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, que fue presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) hasta 1995, y su socio Antonio Rodríguez-Andía, entonces subordinado de Salas Collantes como presidente de la pública Transatlántica.
Ambos están acusados de delito fiscal y tráfico de influencias. Salas Collantes fue el último presidente del INI con los astilleros públicos, pues después Navantia pasó a formar parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (Ver noticia)
El origen de la causa está en la venta de cuatro Patrulleras Oceánicas de Vigilancia (POVZEE) y otros cuatro Buques de Vigilancia de Litoral (BVL) a Venezuela, que firmaron en mayo de 2005 José Luis Rodríguez Zapatero y su entonces ministro de Defensa, José Bono, con el ya fallecido Hugo Chávez. Cuatro meses después, el 20 de septiembre de ese año, Navantia rubricó un contrato de mediación con la citada empresa Rebazve, una sociedad domiciliada en Caracas y controlada por dos venezolanos, Juan Carvallo y Pedro Malavé. La comisión se fijó en un 3,5 por ciento del monto total de la operación, 1.245 millones de euros.
Según el periódico, Rebazve destinó 25 de los 43 millones de euros a pagar comisiones tanto en Venezuela como en España. Entre ellos, varios militares venezolanos retirados recibieron transferencias de hasta 1,5 millones de euros en paraísos fiscales entre ellos la isla de Curazao (Antillas Holandesas).
Por su parte, los doce millones de euros que volvieron a España se repartieron al 50 por ciento entre los dos implicados. Salas Collantes no cobró nada directamente de Rebazve. El agente venezolano abonó los doce millones de euros a Rodríguez-Andía y éste luego le pagó seis millones al que fuera su jefe en el Instituto Nacional de Industria.
Según han confirmado desde la compañía, Navantia se ha personado en el caso a requerimiento del juez Rosario Espinosa.
Informe interno de Navantia
El periódico afirma haber tenido acceso a un documento interno de Navantia titulado Nota sobre Gestión de Comisión Comercial en el que se explica con detalle las comisiones que se pagaron al comisionista venezolano. De acuerdo con este informe, de los primeros cien millones de euros, el intermediario se quedaría un 5 por ciento; en la escala siguiente, de 100 a 200 millones, la comisión bajaría al 4,5 por ciento y así sucesivamente. Hay otros cuatro tramos, el último del 2 por ciento, para la parte de la venta que excede de los 500 millones.
El documento que publica ABC refleja que el cómputo final no excederá el 3,5 por ciento. Así fue: la página tres del documento recoge que se autoriza una comisión de 25,25 millones de euros (3,5 %) por los cuatro buques más grandes y otros 17,8 millones (3,45 %) por los otros cuatro patrulleros. En total, 43,3 millones de euros, de los que 12 fueron para los dos españoles imputados.
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