Empresas del sector acometen planes de ajuste para adaptarse a la situación presupuestaria
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Empresas del sector acometen planes de ajuste para adaptarse a la situación presupuestaria

Foto: Navantia
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(Infodefensa.com) N. Fernández, Madrid – La difícil situación económica y la reducción presupuestaria en Defensa derivada de ella ha conllevado que empresas importantes del sector hayan tenido que acometer planes de reestructuración ajuste que, en la mayoría de los casos, ha llevado recortes de plantilla y cierres de instalaciones.

Una de estas empresas ha sido Santa Bárbara Sistemas-General Dynamics, que anunció a mediados de febrero la puesta en marcha de una serie de medidas de reestructuración para adaptar su estructura “a la situación actual y perspectiva del mercado de Defensa, en progresivo retroceso”.

Desde la dirección de la compañía se reconocía entonces que “la viabilidad y continuidad” de la empresa pasaba por una reducción de plantilla de aproximadamente 700 empleados que afectaría a los centros de trabajo de Madrid, Trubia (Asturias), Granada y Sevilla. Además, se preveía el cierre de la fábrica de La Coruña debido a “su falta de viabilidad”.

Tras un largo y complicado proceso de negociaciones con los sindicatos, la empresa confirmó en mayo un recorte de plantilla de 593 trabajadores y el cierre de la factoría de La Coruña.

Reestructuración de Navantia

La empresa pública Navantia también ha tenido que plantear una reestructuración ante la falta de carga de trabajo para los próximos años. En septiembre, los astilleros confirmaron a Infodefensa.com que estaban preparando un Plan Estratégico para “ser más competitivos en el mercado”

En una carta enviada a la plantilla por el presidente, José Manuel Revuelta, éste afirmaba que era necesario un nuevo marco laboral en línea con las necesidades de las empresas que compiten a nivel global.

Revuelta presentaba a los sindicatos el documento final de trabajo sobre la viabilidad de Navantia a primeros de diciembre. En él se constataba que la base del plan era mantener el nivel de empleo de los astilleros y no cerrar ningún centro.

Para ahorrar un monto estimado de 100 millones de euros el próximo año, la compañía planteaba una serie de medidas de ajuste, entre las que están una mejora en la gestión de las compras, la estandarización de la ingeniería de las distintas plantas y una transformación del marco laboral para fomentar la productividad y la flexibilidad.

Para el presidente del comité intercentros, José Antonio Oliva, este plan es “irreal” en el escenario actual y, aunque aplaude la posibilidad de mantener empleo y centros, afirma que “todo quedará en papel mojado” sin carga de trabajo a corto plazo.

Los movimientos de Amper

El grupo Amper también ha debido acometer este año una serie de medidas para afrontar su difícil situación económica, que se tradujo en 2012 en pérdidas que alcanzaron los 24,5 millones.

La firma achacó entonces estas pérdidas a las provisiones por la reestructuración laboral en España por importe de 8,4 millones de euros, así como al “significativo” incremento en un 63% de los gastos financieros con respecto al ejercicio anterior, debido a las condiciones de la refinanciación de la deuda en España que se produjo en septiembre de 2011.

Precisamente en relación con esta deuda, la compañía llegó a un acuerdo en junio con un 95,4 por ciento de las entidades financieras para la entrada en vigor de un stand still (contrato de no inicio y suspensión de acciones) durante tres meses, plazo en el que se esperaba que compañía y sindicato de bancos llegaran a un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda.

No obstante, este stand still, por el que ambas partes se comprometían a renegociar la deuda sin emprender acciones relacionadas con ella, se ha prorrogado ya en varias ocasiones, quedando como última fecha límite el próximo 17 de febrero.

Además, a principios de este mes de diciembre, la empresa tecnológica ha anunciado, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un ajuste de plantilla que afectará a la actividad en España de tres divisiones y que contempla una suspensión temporal (ERTE) y/o extinción de contratos (ERE) para un total de 105 trabajadores, el 32 por ciento de la plantilla.



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