El nuevo INTA y la necesidad de fondos en la ID de Defensa

(Infodefensa.com) – El Consejo de Ministros del 17 de enero acordó remitir a las Cortes el Proyecto de Ley de reestructuración de determinados organismos de la Administración General del Estado, en el marco del Plan CORA. Este proyecto continúa un proceso de racionalización iniciado en 2013 y cuyos primeros resultados se plasmaron en un Real Decreto, aprobado el 20 de septiembre de 2013, en el que entre otros se suprimía, la Gerencia de la Construcción Naval con efecto de 1 de enero de 2014.

Junto con medidas más o menos pintorescas, como la definición del régimen jurídico de la Obra Pía de los Santos Lugares, el proyecto de Ley incluye medidas importantes que afectan al Ministerio de Defensa. En el texto se plantea la fusión de los centros tecnológicos del Ministerio en uno único.

A partir de la aprobación de la Ley se integrarán en el INTA, el organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo (CEHIPAR), el Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) dependiente de la DGAM, y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército de Tierra. Tres centros con diferente régimen jurídico y que se integrarán en un organismo autónomo, con carácter de organismo público de investigación.

La justificación de la medida se basa fundamentalmente en la necesidad de eliminar duplicidades administrativas. No se hace referencia ni se valora el efecto que tendrá la medida, sin duda necesaria y conveniente, sobre la capacidad del Ministerio de Defensa para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico.

La fusión sobre el INTA otorgará carácter de autónomo al futuro organismo. Los beneficios en cuanto a reducción de necesidades administrativas no parecen claros puesto que, de entrada, supondrá un incremento de plantilla de personal de entre 1.000 y 1.500 personas, con las consiguientes cargas sobre el capítulo de costes, sobre un presupuesto que ya está condicionado en este aspecto. Los efectos se verán en 2015, cuando previsiblemente se haya materializado la integración. En cuanto a infraestructura, el INTA absorberá al menos cuatro nuevas instalaciones, algunas como las del ITM con importantes necesidades para funcionamiento interno.

Desde el punto de vista tecnológico, efectivamente los centros del Ministerio de Defensa presentan capacidades a menudo complementarias, pero a veces redundantes y que habrá que revisar. Cuentan con un potencial valioso que puede cubrir algunas lagunas en áreas a las que no puede llegar el sector privado en cuanto a investigación aplicada, experimentación o pruebas de sistemas.

Sin embargo, los 100 millones de euros asignados al INTA en 2014, a los que habrá que añadir otros 5 millones asignados al CEHIPAR y una estimación de alrededor de otros tres para ITM, no parecen suficientes para atender a las futuras necesidades del órgano resultante. Los futuros gestores necesitarán obtener financiación adicional para pagar las nóminas del personal integrado, asumir costes de infraestructura y abordar proyectos tecnológicos. Evidentemente el cobro por servicios prestados será necesario para mantener la viabilidad de la estructura y eso inevitablemente recaerá sobre los Ejércitos y sobre todo sobre las empresas a las que supuestamente la integración tecnológica debería apoyar. La asignación al Ministerio de Defensa para I+D de menos de 35 millones, en su mayoría comprometidos, no será suficiente para impulsar la competitividad del tejido industrial en tecnologías clave como son las de defensa. La cuestión a dilucidar será, por tanto, como conjugar las necesidades propias de un nuevo macroorganismo con el apoyo a la innovación que debería ser la verdadera justificación de la fusión.

Foto: INTA