La sucesión monárquica y los retos de la defensa de España
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La sucesión monárquica y los retos de la defensa de España

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(Infodefensa.com) Por Rafael Calduch – En el debate mediático y la paralela polémica política entre Monarquía y República que se ha suscitad a raíz de la decisión del Rey Juan Carlos I de abdicar a favor del príncipe heredero D. Felipe de Borbón, se ha prestado muy escasa atención a la importancia que el proceso sucesorio tiene para garantizar la estabilidad y credibilidad de la defensa de España.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la defensa española descansa en cuatro pilares básicos claramente regulados en la Constitución: a) el compromiso, incluso personal, de los ciudadanos con la defensa de España (art. 30); b) las Fuerzas Armadas (art. 8); c) el Rey como mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62, h) y d) el Gobierno como responsable de la de la política de defensa con competencia exclusiva (arts. 97 y 149.1,4ª).

Sin embargo, la traducción política de esta estructura constitucional ha tenido que evolucionar, a lo largo de las más de tres décadas y media de democracia, para poder enfrentar con éxito los cambios que se han producido tanto en la propia sociedad española como en el contexto mundial.

A nivel nacional las Fuerzas Armadas han cambiado desde un ejército masivo basado en la recluta obligatoria que desempeñaba funciones de defensa territorial y control político interno, hasta un reducido ejército profesional, altamente cualificado, con capacidad de proyección de fuerza y con una amplia experiencia en operaciones internacionales combinadas y conjuntas con unidades de otros países. Semejante transformación habría sido imposible de llevar a cabo con éxito sin un entendimiento político profundo y continuado entre los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP con el Rey Juan Carlos.

Ello es así porque si bien es cierto que la Jefatura del Estado carece de iniciativa política y legislativa en nuestro país, también lo es que el monarca ha gozado de una decisiva autoridad personal e institucional sobre los altos mandos de las Fuerzas Armadas españolas, ampliamente constatada durante el intento de golpe de Estado del 23F de 1981, y que dicha autoridad ha sido utilizada en numerosas ocasionas para facilitar la ejecución de aquellas decisiones gubernamentales que no por necesarias resultaban menos costosas a nivel personal y colectivo para las Fuerzas Armadas.

Desde la obediencia disciplinada en los duros años de las matanzas terroristas hasta el ajuste orgánico y funcional requerido por el ejército profesional o los constantes recortes presupuestarios que se vienen realizando desde hace una década, la figura del Rey Juan Carlos ha constituido una garantía personal e institucional de la defensa de España cuyas manifestaciones concretas corresponderá a los historiadores desvelar.

Llegado el momento de la sucesión, cabe plantearse los retos que debe enfrentar la defensa de España y hasta qué punto la autoridad del nuevo monarca, D. Felipe VI, será tan decisiva como lo fue la de su padre durante las décadas precedentes.

En cuanto a los retos, durante los próximos años la defensa española deberá enfrentar y superar con éxito los siguientes: a) su centralidad como parte de las funciones esenciales del Estado al margen de las ideologías partidistas gobernantes; b) la recuperación y modernización de las capacidades de las Fuerzas Armadas, en consonancia con las que requiere una potencia mundial media como España, y c) la continuidad en el proceso de internacionalización de la defensa española en un mundo globalizado.

Respecto del primero de estos retos, su alcance excede con mucho las competencias y la autoridad que desempeñará el nuevo Rey, ya que incumbe en primer término a los propios dirigentes políticos el consolidar en la sociedad el “sentido de Estado” y los valores que lo sustentan, entre los que debe figurar su defensa. No obstante, le corresponde al Monarca como Jefe del Estado y como mando supremo de las Fuerzas Armadas impulsar y liderar el proceso de recuperación de la importancia que la defensa nacional debe poseer como parte de la política del Estado español, sin renunciar a la denuncia de los intentos que surjan por erosionarla o marginarla.

Existen claros precedentes de cómo la posición firme y la denuncia clara por la institución monárquica de fenómenos como el del terrorismo, la crisis económica o el paro juvenil, han servido para catalizar la voluntad colectiva de la sociedad facilitando su movilización para enfrentarlos y superarlos, con o sin el acompañamiento de los dirigentes políticos.

Por lo que atañe al reto de recuperar las capacidades y operatividad de las Fuerzas Armadas tal y como corresponde a una potencia media de proyección mundial, el nuevo Rey Felipe VI dispone de la capacidad de apoyar y supervisar institucionalmente las iniciativas gubernamentales destinadas a potenciar tanto las Fuerzas Armadas como la industria de defensa. Pero además debería convertirse en una fuente de permanente impulso político proactivo para que los sucesivos Gobiernos reviertan el grave deterioro que se ha producido en las capacidades de defensa del país durante la última década.

Finalmente, el nuevo Monarca deberá contribuir al proceso de internacionalización de la defensa española como parte del posicionamiento de España en un mundo crecientemente globalizado. Este proceso implica mucho más que la mera participación en organismos y alianzas internacionales o que la incorporación de nuestras tropas a las misiones internacionales de pacificación. Incluye una permanente actividad exterior de persuasión y negociación destinada a ampliar la influencia española en los foros internacionales de seguridad y defensa o ante los gobiernos de terceros países.

Como ya ha demostrado reiteradamente el Rey Juan Carlos, la capacidad y autoridad que se le reconoce a la Monarquía española por los Jefes de Estado y de Gobierno de otros países, puede ser eficazmente utilizada para iniciar contactos oficiales, reforzar iniciativas gubernamentales, superar tensiones coyunturales o potenciar acuerdos de cooperación que redunden en una mejora de la posición internacional de España, incluida su dimensión defensiva. La amplia experiencia internacional acumulada por el Príncipe durante los últimos años, unida a su sólida formación en el campo de las Relaciones Internacionales, constituyen garantías de que su futura actividad institucional podrá contribuir a superar este reto de la defensa, siempre y cuando los sucesivos Gobiernos asuman y desempeñen las competencias que la Constitución les atribuye en este terreno. Porque no nos llamemos a engaño, en España el Rey manda pero no gobierna.

Rafael Calduch Cervera es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y socio fundador de International Political Risks Analysis S.L.

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