El Tribunal Supremo español anula la sentencia sobre el ERE de Santa Bárbara Sistemas y ordena dictar una nueva

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Santa Bárbara Sistemas, del grupo europeo de General Dyamucs, en la que se daba la razón a la empresa, y ordena dictar una nueva por no haber incluido las alegaciones de los sindicatos UGT y CCOO.

En un comunicado de prensa, el pleno de la Sala del Tribunal Supremo señala que ha estimado los recursos de UGT, CCOO y de CGT y respalda su legitimización en el proceso, por lo que anula la sentencia de la Audiencia Nacional, "que rechazó tal legitimación y dejó imprejuzgadas sus alegaciones y pretensiones".

”Y se ordena reponer las actuaciones para que se dicte nueva Sentencia en la que se tomen en consideración las alegaciones y pruebas de estos sindicatos”, agrega el comunicado previa a la sentencia completa que se conocerá posteriormente.

Fuentes de la empresa afirmaron que la decisión del Supremo no suspende la aplicación del ERE e hicieron un llamamiento a la responsabilidad y a la cautela.

Otros fuentes industriales resaltaron que el Tribunal Supremo ha suspendido la sentencia por lo que podría considerarse defecto de forma, al no aceptar los recursos presentados por UGT y CCOO y ordena a la Audiencia Nacional que dicte una nueva sentencia lo que, normalmente, puede tardar algunas semanas.

Técnicamente, el Tribunal Supremo no ordena la repetición del juicio y, por tanto, la Audiencia podría dictar una nueva sentencia sin nuevas vistas, en el caso de que considere que los petición de UGT y CCOO ya fueron escuchados y son similares a los juzgado por haber sido presentados por las otras partes del proceso.

En febrero de 2013, Santa Bárbara Sistemas inició un despido colectivo en sus centros de trabajo de La Coruña, Granada, Trubia (Oviedo), Sevilla y Madrid cuya fase de consultas finalizó sin acuerdo con el Comité de Empresa Intercentros.

A su conclusión la Empresa comunicó que iba a proceder a unas 600 extinciones en sus distintos centros, de los cuales 495 de adscripción voluntaria. Como consecuencia del ERE, se procedió al cierre de la factoría de La Coruña que fue devuelta al Ministerio de Defensa –propietario de sus terrenos e instalaciones- y, posteriormente, adjudicada su gestión a la compañía Hércules de Armamento después de una licitación abierta.

Durante el proceso judicial, la Audiencia Nacional, que consideró el ERE ajustado a derecho, negó la legimitación de UGT, CCOO y CSIF, dado que son solo interesados, pero no tiene condición de parte, al haber formulado petición de condena.