El recurso de inconstitucionalidad del PSOE no frena el crédito extraordinario de 856 millones a la industria

El recurso de inconstitucionalidad presentado esta mañana por el PSOE ante el Tribunal Constitucional contra el artículo del Real Decreto Ley 7/2015, que incluye un crédito extraordinario de más de 856 millones de euros para los Programas Especiales de Armamento (PEAs) del Ministerio de Defensa, no paralizará la aplicación práctica de este decreto ley.

En declaraciones a Infodefensa.com, el portavoz de Defensa del PSOE, Diego López Garrido, aseguró que este recurso no detiene la aplicación de este decreto ley que entró en vigor hace “dos meses”.

En este sentido, recordó que el PSOE presentó en 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto ley similar que también incluía créditos extraordinarios para la industria de defensa. Los socialistas contaron el año pasado con el respaldo de UPyD e IU, sin embargo, en esta ocasión, “anunciamos que íbamos a presentar el recurso y no respondió nadie”.

López Garrido criticó que el Gobierno, después de aprobar el decreto ley, “el mes pasado improviso un proyecto de ley” para su debate en el Congreso de los Diputados. “El decreto ley está en vigor desde hace dos meses, cuando se apruebe el proyecto de ley, ya se habrá pagado a la industria”, subrayó.

El portavoz socialista afirmó además que la aprobación de estos créditos extraordinarios mediante un decreto ley supone “una vulneración flagrante de la constitución, ya que este medida solo se utiliza en temas sobrevenidos y urgentes”. Y remarcó: “Es un escándalo, no hay nada más inconstitucional”.

Por último, dijo que estas partidas deberían recogerse en los presupuestos generales o aprobarse con un proyecto de ley, puesto que “desde principio de año se conoce la cuantía destinada a este tipo de programas”.

Una burla al Parlamento

En octubre del año pasado, el diputado socialista ya anunció que presentaría un recurso ante el Constitución por estimar que es ilegal el sistema que el Ministerio de Defensa utiliza para hacer frente estas obligaciones financieras a través de un crédito extraordinario, el mismo sistema que ha utilizado durante los últimos cuatro ejercicios.

El portavoz de Defensa del PSOE consideró que este sistema es una “burla al Parlamento". En su opinión, “la enorme transcendencia de este gasto y su peso en el presupuesto de Defensa exigen la máxima transparencia y un debate parlamentarios a fondo que el decreto ley cercena”.

López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, subrayó además que el decreto ley está reservado para supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, imprevistos, lo que no es el caso, pues estos pagos responden a un calendario acordado hace tiempo con la industria, por lo que se deberían incluir en los presupuestos o tramitados como proyecto de ley.

El pasado mes de mayo, el Gobierno aprobó un real decreto ley para autorizar el pago de 709,9 millones de euros para la multinacional europea Airbus y otros 91,4 millones para Santa Bárbara Sistemas como consecuencia de los compromisos adquiridos con esas compañías en el marco de los programas de adquisición de armamento. Asimismo, se aprobaron pagos a Navantia por valor de 17,3 millones, a Sener 11 millones, y a la canadiense Bombardier 5,9 millones.