La Guardia Civil señala que la empresa Defex actuó como una organización criminal

Un informe de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil concluye que la empresa pública Defex, dedicada a la exportación de material de defensa, actuó “como una organización criminal” a la hora de establecer contratos con terceros países. El informe fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional el pasado 17 de junio.

La Fiscalía Anticorrupción investiga actualmente a Defex por una operación de venta de armamento a Angola realizada en 2008 y 2009 por un importe de 152,9 millones de euros, cuando el valor material no superaba los 50 millones. El sobrecoste se repartió supuestamente en comisiones entre los funcionarios angoleños y los responsables de la empresa española, participada en un 51% por el Estado y el 49% restante por compañías privadas fabricantes de armas. El sumario del caso cuenta con una parte secreta: se investigan otras operaciones sospechosas en Camerún, Arabia Saudí, Egipto y otros países del lejano Oriente, informa el diario El País.

El informe de la UCO describe un escalón principal, donde sitúa al vicepresidente de la compañía, Manuel Iglesias, por encima incluso del presidente, José Ignacio Encinas. Se apunta que, si bien el presidente no tiene una participación tan activa en la ejecución del contrato con Angola, “sí habría sido otro de los principales beneficiarios a título lucrativo del sistema de cobro de comisiones”. En este sentido, el informe recuerda “los 326.610 euros intervenidos en dos cajas fuertes de su titularidad”.

También se indica que debajo de la cúpula están “los colaboradores necesarios”, donde sitúa a tres empleados de Defex: el jefe de operaciones, Ángel María Larrumbe, y los administrativos Ana Cerrolaza y Enrique Gómez Cuesta. Luego están los blanqueadores, donde el papel fundamental lo desempeña Beatriz García Paesa, y los facilitadores, que son funcionarios de nacionalidad angoleña, contratados para abrir puertas. “La organización criminal”, afirman los agentes, creó también una “estructura” para desviar y blanquear los fondos irregulares.

El citado diario recoge que el informe de la UCO añade que “la actividad delictiva no se remonta exclusivamente al contrato investigado” y que los empleados y los jefes actúan coordinadamente: “A lo largo de la investigación, y principalmente de los correos electrónicos obtenidos, se ha observado cómo los colaboradores (administrativos y financieros) despachan y someten a la aprobación del escalón superior determinadas cuestiones de ejecución del contrato, principalmente cuando se trata de efectuar operaciones sospechosas”.

Caso destapado en 2012

El caso nace en 2012, cuando Luxemburgo alerta a la Fiscalía Anticorrupción española de una transferencia de 41,4 millones de euros desde las cuentas de una UTE formada por Defex y Comercial Cueto 92 a una oficina del Dexia Banque “sin razón comercial o actividad mercantil alguna”. De esa investigación nace la Operación Angora de la Guardia Civil. En el verano de 2014 son detenidas cinco personas, entre ellas los altos cargos de Defex.

La investigación, iniciada por el juez Pablo Ruz, determina que hubo un fraude en un contrato de 152,9 millones de euros para la venta de material para la policía de Angola, cuando el valor real del material apenas superaba los 50 millones. La investigación detectó sobornos a funcionarios extranjeros, pagos de comisiones y una operación para blanquear los beneficios de la operación.