Algunas líneas para el consenso

Hace unas semanas planteábamos que, de cara al debate electoral, esperábamos respuestas a tres preguntas fundamentales en materia de seguridad y defensa: ¿Qué necesitamos?, ¿qué queremos? ¿qué esfuerzo vamos a dedicar? Cuando la campaña está a punto de finalizar y analizados los programas de las principales fuerzas políticas, podemos señalar algunos aspectos que nos parecen básicos.

Hay una coincidencia prácticamente generalizada en que, en las condiciones del mundo actual, seguridad y defensa deben analizarse de forma conjunta. De hecho, los principales partidos incluyen la política de defensa en referencias más globales al entorno de seguridad o al de las relaciones exteriores. Podemos y UP-IU no son las excepciones aunque sus postulados aparecen más como un reflejo de estereotipos utópicos de otras épocas. Llama la atención leer propuestas planteando el no a la OTAN o el desarme unilateral, y la reducción del presupuesto en defensa en el programa de IU, en clara contradicción con lo que se pide desde sindicatos afines. La mayoría de las encuestas apuntan a que IU quedará como un partido residual. No así el caso de Podemos que pide, por ejemplo, el sometimiento a consulta popular de la participación en operaciones, la revisión del Convenio con EEUU o el “control democrático” de las Fuerzas Armadas para “evitar puertas giratorias”. Propuestas curiosas de un partido que ha fichado a un ex alto cargo de la Defensa durante dos legislaturas.

Pero no nos desviaremos y seguiremos nuestro análisis comentando las propuestas que, al menos desde nuestro punto de vista, nos parecen más acordes a la realidad.

PP, PSOE y Ciudadanos coinciden en que la principal amenaza para la seguridad procede del terrorismo yihadista, y en que nuestros esquemas de seguridad y defensa deben dar respuesta prioritaria a esa amenaza. Igualmente coinciden en señalar como espacio prioritario para España el del Mediterráneo, Magreb y África Subsahariana. Como tradicionalmente ha sido el PP se muestra más pro-OTAN que el PSOE, pero quizás eso ahora sea un matiz, puesto que ambos resaltan la necesidad de reforzar los objetivos y las estructuras para el desarrollo de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea. Ambos coinciden también en la necesidad de la cooperación trasatlántica con Estados Unidos.

Con matices se coincide en la necesidad de reforzar los servicios de inteligencia y prestar especial atención a la ciberseguridad. Las diferencias se encuentran en cómo hacerlo. El PP plantea la designación de un Consejero de Seguridad Nacional bajo quien actuaría una Autoridad Nacional de Ciberseguridad responsable de un Centro Nacional específico; Ciudadanos plantea la potenciación del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) “bajo dependencia del Ministerio de Defensa”, y la elaboración de una nueva estrategia de ciberseguridad nacional que permita la potenciación “de las unidades de ciberdefensa y ciberguerra”. En el ámbito de la inteligencia el PP plantea la necesidad de potenciar con personal y medios los servicios de inteligencia y Ciudadanos la necesidad de reforzar la cooperación y coordinación entre ellos, lo que también plantea el PSOE.

Las operaciones exteriores se consideran una medida de prevención, y proyección del papel español en el exterior. De forma ciertamente vaga el PP habla de la necesidad de cumplir los compromisos internacionales. Tanto PSOE como Ciudadanos plantean la necesidad de reforzar nuestra presencia militar en el exterior. Quizás aquí pueda aparecer otra línea estratégica de consenso, una vez pasada la resaca electoral, máxime cuando desde Europa previsiblemente se demandará a España un mayor esfuerzo. El ataque de Kabul del día 11D, ha sido calificado desde el Gobierno como un “ataque a España”, lo que no ha sido contestado desde otros partidos.

Para reforzar el papel en el exterior hace falta un instrumento militar adecuado, tanto en términos de organización como de equipamiento. El PP se plantea la necesidad de reforzar el papel de los Mandos operativos dependientes del JEMAD. El PSOE propone una reestructuración orgánica de la defensa, sin detallarla. Ciudadanos anuncia una nueva Ley de Defensa. Difícil será en el Parlamento que se avecina una modificación profunda de la actual Ley Orgánica. Sin embargo, se plantea la necesidad de reforzar la figura del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, no solo en sus responsabilidades operativas. Esta podría ser una línea de actuación donde aparentemente habrá más dificultades de encontrar un consenso, aunque por cuestiones más de matiz que de fondo.

La política de personal recibe especial atención en todos los programas. Pero no se plantea el debate sobre los efectivos necesarios, al menos de forma clara, aunque el PP menciona la cifra de 120 mil efectivos, dando a entender que esa sería la cifra sobre la que debería moverse la entidad de las Fuerzas Armadas españolas.

La asignación de recursos es, quizás, el punto dónde más confluyen los programas. Con las excepciones citadas, todos coinciden en la necesidad de abordar el problema de la estabilidad financiera. El PSOE plantea una ley de programación con un horizonte de una legislatura (hasta 2020) con un esfuerzo presupuestario sostenible. Ciudadanos propone planes de financiación específicos a 9 años. El PP habla de la necesidad de establecer un “marco financiero estable” y apunta la elaboración de una ley de estabilidad financiera. Sobre la cantidad de recursos, los tres coinciden en que la tendencia debe ser, de forma progresiva, alcanzar los objetivos de la cumbre de Gales. Un 2% del PIB que llevaría a un presupuesto de defensa sobre los 10.000 millones de euros en la medida en que “el contexto económico lo permita”.

La gestión de recursos y su control es una de las preocupaciones comunes. El PP plantea la creación de una Agencia de Adquisiciones, lo que pudiera incluirse también en la reestructuración orgánica de la defensa que plantea el PSOE, que contempla la necesidad de potenciar los “organismos centralizados de compras”. Sin discutir los modelos orgánicos, lo que planea aquí es la necesidad de reforzar la capacidad de gestión de los recursos asignados para equipamiento, para obtener un mejor aprovechamiento de la financiación disponible. Algo que redundaría tanto en beneficio de las Fuerzas Armadas como de la industria española.

La importancia de la industria aeroespacial, naval y de defensa está reflejada con claridad en el programa del PSOE, que propone medidas para su impulso y desarrollo, entre los que cita la necesidad de abordar procesos de “concentración e integración” en los ámbitos nacional y europeo. Ciudadanos plantea la necesidad de elaborar un marco estratégico que “racionalice y fortalezca” la industria así como una enigmática referencia a la “integración participativa de la industria civil-militar”. Algo que pudiera referirse a la necesidad de aprovechar, desde el Ministerio de Defensa, iniciativas globales de potenciación industrial, en línea de las propuestas de fortalecimiento de la industria española elaboradas por el PP durante esta legislatura y que aparecen reflejadas igualmente en su programa electoral.

Sin entrar en temas específicos de política de personal, y como líneas adicionales a la necesidad de potenciar la conciencia de defensa, partiendo de la premisa común, con las excepciones citadas, de que nos enfrentamos a una amenaza de terrorismo yihadista que es real y directa, apuntamos las siguientes líneas estratégicas donde apreciamos cierto nivel de consenso para la siguiente legislatura:

- En el ámbito de la prevención, el refuerzo de las estructuras de inteligencia y ciberseguridad.

- Como elemento de compromiso con nuestros aliados en el esfuerzo global contra la amenaza común, una mayor participación en operaciones, especialmente en el Mediterráneo y África subsahariana.

- Como elemento de mejora de la eficacia operativa, la potenciación de estructuras conjuntas.

- En el ámbito financiero una norma legal que proporcione estabilidad a medio plazo y permita recuperar progresivamente los niveles inversores anteriores a la crisis.

- En el ámbito de la gestión de los recursos, la reforma y potenciación de los organismos responsables de proporcionar el equipamiento, con un esfuerzo en la planificación de las necesidades y en el control de los programas.

- En el ámbito industrial, establecimiento de políticas específicas, incardinadas en la política industrial nacional, que permitan fortalecer el tejido empresarial de defensa español, de cara al mercado internacional, especialmente europeo, y contribuir a la generación de riqueza en España.