Reflexiones post electorales

A finales de octubre UGT, CCOO y TEDAE presentaron sus posiciones comunes para pedir al futuro gobierno una apuesta por el fortalecimiento del sector industrial de defensa. Un acto que contó con la presencia de los principales agentes oficiales, parlamentarios, sindicales y empresariales. Una postura que igualmente quedaba reflejada en los programas electorales de PP, PSOE y Ciudadanos.

Estos tres partidos planteaban, en resumen y tomando ideas de los tres programas, una idea que podemos sintetizar en la necesidad de potenciar el desarrollo de la industria de defensa, estableciendo un marco de estabilidad que racionalice y fortalezca el sector para lo que es preciso establecer una estrategia industrial específica.

La alternativa a esta idea plantea la necesidad de renegociar las adquisiciones con los contratistas en el marco de un “nuevo diseño de Fuerzas Armadas más acorde con las necesidades españolas”. Unas necesidades que no se especifican pero que entendemos como una reducción de la entidad de los Ejércitos, con una demanda menor de equipamiento, tanto en cantidad como en calidad.

Se trata de dos posturas ciertamente contrapuestas. Las conjeturas actuales plantean que, en cualquier caso, la próxima legislatura será corta y por tanto será complicado establecer esas estrategias a largo plazo que tanto industria como sindicatos piden a los responsables políticos. Pero no debe ser imposible.

Una nueva renegociación de los actuales programas especiales será excesivamente compleja para el futuro gobierno y no parece que de ella puedan derivarse mejoras sustanciales, desde el punto de vista económico, a lo ya obtenido tras el acuerdo de Consejo de Ministros de agosto de 2013, sin afectar de forma significativa al tejido industrial español.

Las anualidades pendientes de pago a la industria para los próximos cuatro años oscilan entre los 13.00 millones de euros de 2016 y los 1.800 M€ en 2019. En un horizonte de dos años, entre 2016 y 2017, los compromisos contractualesserían de unos 2.900 millones de euros

En un reparto por sectores, alrededor de un 75% de esa cantidad corresponde al sector aeronáutico. Un sector, civil y militar, que ha sido objeto de especial atención para los diferentes gobiernos en las últimas tres décadas y sobre el que TEDAE ha elaborado una guía estratégica, presentada a primeros de diciembre de 2015, donde se cifra en un 4,5% su aportación al PIB industrial español. El informe ha contado con el respaldo de las fuerzas sindicales. No insistiremos desde aquí en la repercusión que los programas de defensa han tenido en el desarrollo de la industria aeroespacial española. Pero conviene reflexionar sobre el impacto que tendría una política de desinversión en defensa sobre el conjunto. Especialmente en zonas como el sur de Madrid o Sevilla. Por no citar en el caso de helicópteros, el polo de Albacete que requiere estabilidad y nuevas inversiones, no solo para aprovechar el esfuerzo realizado, iniciado por un gobierno del PSOE, sino para garantizar el futuro de puestos de trabajo. En conjunto en este sector, no ha sido fácil la renegociación de los programas en curso con un contratista principal como Airbus, en dónde la posición española se ha debilitado en los últimos años, y cuyos accionistas de mayor peso, a priori, no se opondrían a una reubicación de las plantas españolas en otros lugares de Europa.

Navantia debe recibir un 5% de los pagos pendientes entre 2016 y 2017. Un porcentaje no muy significativo pero en donde no incluimos los pagos relacionados con la nueva serie de BAM, los programas tecnológicos asociados a la futura fragata F110 o, a partir de 2018, los pagos para el submarino S-80. Navantia ha sido considerada un activo estratégico por gobiernos de ambos signos. Los programas de defensa sustentan buena parte de la actividad económica de Puerto Real, Ferrol y Cartagena. En estas localidades Podemos ha obtenido respectivamente el 36, 31 y 17% de los votos en las últimas elecciones. Unos datos llamativos. Un cambio drástico de política industrial en el sector naval de defensa produciría importantes efectos sobre estas zonas, mientras que una reconversión del sector naval militar nos parece excesivamente compleja. Nuevamente los beneficiarios de una posible desindustrialización no serían astilleros españoles.

El resto de los pagos fundamentalmente responden a contratos con Santa Bárbara Sistemas, que acaba de recibir el contrato, en UTE con Indra y SAPA, de los programas tecnológicos asociados al futuro VCR 8x8, que deberán traducirse en un futuro, más próximo que lejano, en contratos de producción que afectarán a las fábricas de Trubia y Alcalá de Guadaira (Sevilla). Los partidarios de la revisión de las inversiones en defensa han obtenido significativos resultados en ambas localidades. Nuevamente un cambio drástico de política desinversora en programas militares tendría efectos significativos de desindustrialización en esas zonas, y se produciría en un momento en el que la industria terrestre de armamento europea está apuntando hacia una reconversión.

España no está precisamente sobrada de capacidad industrial. En los tres sectores mencionados (aeronáutico, naval y terrestre) un cambio drástico de política reduciría significativamente la aportación actual del sector de defensa al PIB industrial. Una aportación que se sitúa entre el 5 y el 6%, y cuya pérdida no es un lujo que aquí nos podamos permitir.

El llamamiento de patronal y sindicatos a los responsables políticos sobre la consideración estratégica de la industria de defensa debe recordarse en este momento y extenderse también a los ciudadanos. “Il popolo non si sbaglia mai”, pero a veces hay que explicarle las cosas con claridad.

En las actuales condiciones, el acuerdo para proporcionar un marco financiero estable para Defensa a medio y largo plazo (PP), mediante una ley de programación presupuestaria plurianual hasta 2020 (PSOE) se antoja complicado pero más necesario que nunca.Es necesario salvaguardar de la inestabilidad política las nuevas inversiones iniciadas durante este añoy los compromisos contractuales. Los desacuerdos formales no deben impedir resolver una situación que presenta una necesidad esencial para el desarrollo industrial. No se trata tanto de necesidades militares como de garantizar la estabilidad de una industria que es un activo importante para la economía nacional.