Sobre el Gobierno en funciones y algo más

Desde el 21 de diciembre el Gobierno se encuentra en funciones. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 50/1997 “el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”.

En estas condiciones, simplificando la situación, mientras se encuentre en funciones el Gobierno solo puede gestionar el presupuesto aprobado.

El nuevo Parlamento quedó constituido el 13 de enero. El primer nombramiento importante ha sido el del presidente del Congreso. Es a él al que Su Majestad el Rey tiene que proponer candidato para formar Gobierno, una vez finalizada la ronda de conversaciones con los dirigentes políticos. Para ello S.M. no tiene un plazo establecido. Desde la fecha en la que lo haga, la legislación otorga un plazo máximo de dos meses para que se produzca la ratificación por el Congreso del candidato como presidente del Gobierno. Si transcurrido ese plazo ningún candidato consigue la confianza, será preciso convocar nuevas elecciones generales.

Por lo tanto, de acuerdo con lo que marca la legislación, en el escenario más optimista no habría gobierno efectivo hasta el mes de abril. Si se produjese una nueva convocatoria electoral, lo más posible es que el actual gobierno continuase en funciones hasta el mes de septiembre.

Estos plazos deben ser muy tenidos en cuenta en el ámbito de la defensa, puesto que hay decisiones importantes que, posiblemente, queden aplazadas en este periodo interino.

En primer lugar, está la cuestión del pago de la anualidad de los programas especiales correspondiente a 2016, que estaría en el orden de los 1.000 millones de euros. A la vista del debate suscitado durante la pasada legislatura en relación con el pago de estos compromisos, difícil será que la anualidad de este 2016 se pueda justificar políticamente como una decisión “de interés general”. Además, el gobierno en funciones tampoco puede presentar proyectos de ley al Congreso. En esta situación lo más posible es que esta decisión quede aplazada hasta que se nombre nuevo gobierno efectivo y posteriormente se alcance un acuerdo parlamentario sobre el mecanismo de pago. Recordemos que la solución inicial de abordar estos pagos por Real Decreto fue recurrida y finalmente hubo que elaborarse una Ley que los contemplase, algo mucho más complejo en el panorama actual. Por parte de la industria no debería esperarse una solución a este tema hasta el segundo semestre de este año, en el caso más optimista. En otros escenarios políticos nos iríamos previsiblemente a 2017, un año para el que no debe descartarse una prórroga del presupuesto de este año.

En segundo lugar, han quedado pendientes de desarrollo cuestiones que afectan al futuro a medio y largo plazo: estrategia industrial y futuras líneas de inversión.

La industria, con el apoyo de los principales sindicatos, ha reclamado desde largo tiempo una estrategia industrial específica de defensa. Su reciente difusión pública es, sin duda, una buena noticia, pero los ejes de actuación y metas que establece, en el horizonte de 2025, requieren acciones concretas. La incertidumbre política afecta especialmente al eje fundamental relacionado con la necesidad de consolidar la base tecnológica e industrial española y que se basa sobre el principio, igualmente anunciado en el documento, de sostenibilidad económica. Un principio que afecta a las metas concretas planteadas en los porcentajes objetivo de aportación de la industria de defensa al PIB, que, a su vez, dependerán de las futuras inversiones.

En 2015 se ha iniciado un camino que debería permitir abrir nuevas líneas de capacitación tecnológica y potenciación industrial. Los compromisos de los desarrollos, una vez finalizados los programas tecnológicos autorizados y en curso, podrían suponer necesidades financieras del entorno de los 5.000 millones de euros en un horizonte de 10 años. Sin duda, la decisión final que se adopte para asegurar, o no, la viabilidad financiera de esos programas influirá en buena medida en el futuro de nuestra industria, especialmente terrestre y naval. Otras decisiones que afectan a otros programas, especialmente aeronáuticos, y que requieren aprobación del Consejo de Ministros, quedarán en suspenso hasta que se nombre Gobierno efectivo.

Finalmente, deberán adoptarse medidas para la financiación de las operaciones exteriores con cargo al fondo de contingencia. Las operaciones a ejecutar durante 2016 se aprobaron a finales de 2015, por lo que, en principio, su financiación podría plantearse desde un Gobierno en funciones. Con la salvedad de que el Parlamento puede ser mucho más escrupuloso en su dimensionamiento y control. La financiación de las operaciones ha sido esencial para garantizar unos mínimos de operatividad en los años de crisis. El problema aquí no estará tanto en su aprobación, sino en cuánto y cuándo. No se trata tanto de un problema de equipamiento como de moral, sobre todo considerando que ya desde el primer día del año tenemos soldados y marineros en operaciones. Señalaremos como problema adicional el que, salvo cambios drásticos sobre nuestra situación de seguridad, será difícil que España asuma compromisos operativos adicionales con nuestros aliados.

En las condiciones en que nos encontramos ni desde la industria ni desde las Fuerzas Armadas pueden esperarse decisiones importantes mientras dure la situación de “impasse” político. Lo que no quiere decir que mientras esta situación dure no haya que continuar trabajando desde la industria y los Ejércitos para preparar adecuadamente las decisiones exigibles al poder político cuando llegue el momento.