La Comisión Europea investiga un contrato de Defensa para el suministro de prendas de vestir

La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar las posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato del Ministerio de Defensa al Grupo Segur para el suministro de prendas de vestir por valor de 37 millones de euros.

En una respuesta escrita a los eurodiputados de Izquierda Unida Javier Couso y Marina Albiol, la comisaria de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, señala que “la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra España en relación con un contrato público concreto destinado al suministro de prendas de vestir para el Ministerio de Defensa”.

La comisaria añade que la investigación está relacionada con “la utilización de un orden administrativa interna que permite no aplicar la Directiva 2004/18/CE (que está siendo sustituida por la Directiva 2014/24/UE) para la adquisición de determinados artículos”. Además, apunta que las instituciones europeas han entablado un diálogo con las autoridades españolas para esclarecer los hechos.

En la pregunta dirigida a Bienkowska, los eurodiputados españoles apuntaban que la adjudicación se produjo “el pasado diciembre por valor de 37 millones de euros al grupo Segur, presidido por Morenés hasta tomar posesión de su cargo”.

“Una vez más, estas nuevas contrataciones se han hecho siguiendo mecanismos de contratación irregulares, bien a través del procedimiento restringido —que permite a la Administración seleccionar las empresas que pueden presentarse al concurso— o del procedimiento negociado sin publicidad —por el que se hacen adjudicaciones sin concurso”, explicaban.

A raíz de este caso, y tras denunciar con anterioridad también ante la Comisión Europea “contratos millonarios a la empresa armamentística Instalaza y sus filiales vinculadas al ministro de Defensa”, ambos eurodiputados preguntaban a la comisaria si estaba previsto “iniciar una investigación por la posible violación continuada de la normativa europea aplicable relativa a la contratación pública (Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE) y, en general, de lo establecido por la Directiva 2009/81/CE”.

Tribunales españoles

Pese a iniciarse el proceso para investigar los procedimientos seguidos en la contratación, Bienkowska matiza en su respuesta que “partiendo únicamente de la información presentada por sus señorías, la Comisión no está en condiciones de ofrecer un análisis jurídico formal sobre si la situación que describen en relación con el Ministro de Defensa español constituye o no un conflicto de interés”. Un asunto, subraya, que “en principio deberían determinar los órganos jurisdiccionales nacionales”.

Foto: Comisión Europea