Interior invertirá 58 millones de euros más en privatizar la seguridad perimetral de las cárceles

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva inversión de 58 millones de euros, a sumar a las ya puestas en marcha en los últimos tres años, para incrementar con 900 nuevos vigilantes privados de seguridad que sustituyan a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en el control perimetral de 67 prisiones españolas.

La noticia llega en medio de una polémica por la reducción paulatina del número de guardias civiles y la escasez de medios denunciada últimamente por las asociaciones profesionales del cuerpo. Una serie de quejas que abarcan desde la antigüedad de los vehículos hasta la falta de material de seguridad básico, como puede ser un chaleco antibalas.

El gasto, que con este nuevo montante se acerca ya a los 100 millones de euros, se enmarca dentro de un plan de privatización de este servicio puesto en marcha en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha sido duramente criticado por algunos sectores de la Guardia Civil, desde donde se habla incluso de intereses partidistas en el desarrollo del mismo. El programa está pendiente aún de una nueva fase de inversión aún por cuantificar que llegará, si todo sale según lo previsto, en 2017.

Un chaleco antibalas para cada guardia

En este caso concreto, la asociación Unión de Guardias Civiles (UniónGC) ha sido la más dura a la hora de criticar, mediante un comunicado colgado en su página web, la aprobación de esta partida por el “derroche” que para ellos supone esta inversión. Según la UniónGC, “el coste anual de estos contratos es de casi 33 millones de euros, cuantía que sería suficiente para dotar a cada guardia civil de un chaleco antibalas de uso personal”. Es más, la asociación asegura que cada vigilante privado, según ese presupuesto, “tendría un coste para las arcas del Estado de 64.444,44 euros al año, lo que supone más del doble del salario que percibe cualquier guardia civil”. En base a estos cálculos, la asociación califica la medida como “una vergüenza y un despilfarro insultante”.

La asociación de guardias ha aprovechado también para recordar los recortes en el número de efectivos ligados, según denuncian, al plan de privatización del Gobierno. Según la asociación, en los últimos seis años la Guardia Civil ha perdido 10.000 agentes

La UniónGC dice no tener claro a quién beneficia el plan

La pregunta que desde la asociación lanzan al Ministerio del Interior y a su titular, Jorge Fernández Díaz, es ¿cuál es el fin de estos contratos con empresas privadas? “más allá del de beneficiarlas”. El miedo de esta asociación es que ante una situación que para ellos es tan obvia, ni el Gobierno del PP ni los partidos en la oposición “se han preocupado por esta sangría”, lo que les hace plantearse que “tal parece que están más ocupados en otras cosas, o lo que ya sería más grave ¿ocupados en coger una parte de ese pastel tan apetecible en beneficio de familiares o amigos?”