OPINIÓN
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Firma Invitada

Antonio Fonfría

Profesor de Economía Aplicada. Director de la Cátedra UCM-ISDEFE. Universidad Complutense de Madrid


Lo que haría: Deberes para la Sedef

01/12/2016 | Madrid

No seré yo el que le diga al nuevo Secretario de Estado lo que tiene o no que hacer en dicho cargo. Sin embargo, si yo me pusiera en su situación, creo que hay algunas cuestiones en las que me centraría, de las cuales depende buena parte de la seguridad española.

Para empezar, no hay que perder de vista que las responsabilidades de la Sedef se centran en la gestión de los recursos financieros y en los aspectos industriales. Ambos aspectos servirán de guía para el desarrollo de este artículo. Pero antes de entrar en su desglose, creo que es necesario poner en perspectiva un asunto que me parece sustancial: en términos generales, la Defensa no es una prioridad política, como muestra la evolución del presupuesto de defensa, del gasto efectivamente realizado –o, si se quiere, del presupuesto liquidado–, cuando éste se pone en relación con la evolución del PIB, y del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado.

Mientras estos dos últimos han crecido por encima del 50% y del 30%, respectivamente, en los últimos 25 años, la reducción del gasto en defensa se cifra en un 40%  –en el mejor de los casos–. Esta situación es necesario que se reconduzca, para lo cual hace falta una cierta dosis de valentía política, de capacidad pedagógica con el Ministerio de Hacienda, con los miembros de las Cámaras y con la sociedad.

En primer lugar, habría que intentar incorporar al presupuesto inicial todo el gasto. Ya sé que esto es poco viable, pero ya está bien de hacer trampas al solitario dentro de las Cámaras y a la sociedad. Si esto no fuese posible, es fundamental asegurar la capacidad operativa de las FAS con una dotación presupuestaria adecuada. Para ello, se puede echar mano de una Ley Programa de Inversiones, que permita dos cosas. La primera, ir liquidando la carga de pagos a empresas que sufre el Ministerio de Defensa desde hace años –algo que también podría hacerse a través de la compensación interna entre Ministerios–, y que tiene secuestrado el futuro de las nuevas inversiones e hipotecada la forma a través de la cual se puedan financiar. La segunda cuestión que permitiría esta Ley sería afrontar el futuro de las inversiones con un cierto margen de maniobra y estabilidad. Ello daría perspectiva tanto al Ministerio, como a las empresas que satisfacen sus demandas.

Otra ventaja sería que los críticos con el gasto en defensa –y la oposición política–, tendrían un asidero para controlar las inversiones y pedir su justificación, es decir, aumentar la transparencia y el conjunto del país ganaría un plus de seguridad. Adicionalmente, la Ley debería sustentarse en un perfil temporal de, al menos, cinco años, evitando así los avatares del ciclo político.

Por lo que respecta a la segunda parte de las obligaciones, la industrial, lo primordial sería plantear una política industrial de defensa clara, con orientaciones de corto, medio y largo plazo y que posea una dotación económica. Obviamente, para ello es fundamental saber cuál es el objetivo que se desea alcanzar. Si el lector me permite, mi criterio sería el de una "concentración controlada”, es decir, tender a la creación de un núcleo industrial de dos-tres coronas circulares que otorgaran capacidades competitivas para luchar en el contexto internacional contra los grandes holdings de otros países.

Esta situación exige de la industria un papel muy activo, la búsqueda de la excelencia y la colaboración desde diversos ámbitos, como el estrictamente industrial, el comercial, el financiero, etc., es decir, no se puede vender un satélite si no va acompañado del lanzador, de los servicios que puede ofrecer y de formas de financiación para el comprador. Todos han de ir de la mano.

Pero los deberes no terminan aquí. Nos falta la parte europea de la situación. En este caso el planteamiento sería: ¿qué quiere hacer España en el contexto de aproximación a una industria europea de defensa? Si no se tiene claro este punto, no habrá una posición fija que defender. La estructura descrita de la “concentración controlada” tiene por objeto reforzar la industria española para ese futuro. En este punto es importante, en mi modesta opinión, plantear posibles escenarios y analizar cuál es el más conveniente para España. Esto lleva tiempo y esfuerzo. No hay que escatimar en ello, el futuro de muchas empresas y la famosa autonomía estratégica están en juego.

Y para no dejar nada en el tintero, habría que entrar en el tema de la colaboración internacional. Se ha planteado como una forma de hacer Europa, como vía de obtención de capacidades a un coste adecuado y con unas características tecnológicas –y por tanto operativas-, necesarias que un país por sí mismo no es capaz de abordar. Hasta ahí bien. Pero la realidad nos dice que la eficiencia sigue siendo la asignatura pendiente en la colaboración. Quizá un replanteamiento de las futuras colaboraciones –regla del justo retorno, dispersión geográfica de los centros de producción, incentivos de mercado, número de países socios, etc.-, pueda ayudar a jugar un papel más relevante a la hora de alcanzar los objetivos marcados.

Con relación al marco político en el cual habrían de desarrollarse los aspectos mencionados, es importante destacar la necesidad de hablar de forma seria sobre la defensa en las Cámaras. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora, los debates que se leen en el diario de sesiones, deja mucho que desear. Las cuestiones partidistas se encuentran a la cabeza de los problemas, la defensa está un plano muy inferior y el rigor, en muchos casos, ni tan siquiera aparece. Los debates en otros países son profundos y más serios. Ese sería un objetivo importante que acercaría la defensa a la sociedad a través de sus representantes.

En definitiva, la Sedef tiene mucho trabajo por delante. Lo hecho hasta ahora es aprovechable pero es el momento de poner el cascabel al gato. Voluntad y valentía políticas juegan un importante papel. Seré ingenuo, pero confío en que dada la importancia del tema se aprovechen estos próximos años en impulsar la defensa a un punto en el que sea reconocida como una política de Estado de verdad y se la dote de manera adecuada –ni más ni menos-, para que pueda desarrollar su papel en nuestra sociedad.

 

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