La apuesta europea por la Defensa
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La apuesta europea por la Defensa

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Tradicionalmente la Comisión Europea no contemplaba la posibilidad de incluir proyectos de Defensa a través de sus mecanismos de financiación. En la última década, sin embargo, las autoridades europeas han ido tomando conciencia progresiva de la necesidad de priorizar adecuadamente la política de seguridad y defensa para impulsar la autonomía estratégica europea que requiere contar con el soporte de una base industrial y tecnológica que hay que respaldar desde Bruselas.

Esta línea de prioridad política se ha mostrado de forma más clara desde el Consejo Europeo de 2013 cuando se planteó la conveniencia de impulsar la base industrial y tecnológica de defensa. Entre otras cosas, en ese consejo se decidió el lanzamiento de la acción preparatoria, prevista para mediados de 2017, para analizar la viabilidad de establecer un programa específico europeo relacionado con defensa. De su resultado dependerá el establecimiento de tal programa a partir de 2021.

Una de las razones tras la que está esta decisión ha sido la progresiva disminución, en general, de las inversiones en defensa de los países miembros.

Según datos de la EDA las inversiones en defensa de los países europeos han pasado de 209.000 millones de euros en 2006 a 183.000 millones en 2015 en valores constantes 2010. Sin embargo esta disminución no ha sido homogénea. Con la referencia de un valor 100 para el año 2005, los datos de la agencia ofrecen la siguiente perspectiva:

Los países de Europa oriental (Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia) han incrementado sus inversiones hasta un índice 180. Los Países Bálticos, Suecia y Finlandia lo han hecho hasta un índice 120. Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido, se han mantenido en torno al índice 110. Los países del sur (Croacia, Grecia, Italia, Eslovenia, Portugal y España) han experimentado una disminución notable, y en conjunto se situarían en el entorno del índice 80.

Esta tendencia generalizada ha afectado de forma desigual a las diferentes políticas y ha supuesto una reducción global en inversiones en equipamiento y en proyectos de I+D+i. Mientras que los países europeos dedicaban en 2006 cerca de 40.000 millones de euros a esas políticas, la cifra se había reducido en 2015 hasta los 35.000 millones, siempre según datos EDA.

Las autoridades de Bruselas son cada vez más conscientes de que ante esta situación hay que reaccionar y abrir las posibilidades de financiación mediante fondos estructurales a proyectos de defensa, una medida que se había apuntado con la posibilidad de financiar proyectos de seguridad en el marco del programa H2020.

Así se plantea que, en un marco en el que la seguridad se ha convertido en una prioridad para Europa por razones estratégicas, las inversiones en tecnologías de doble uso con aplicaciones transversales pueden tener un efecto importante para el desarrollo económico. Ciertas tecnologías clave pueden tener igualmente aplicación transversal más allá de las necesidades puramente de defensa: NBQ, equipamiento naval, cifrado, electrónica, navegación y aviónica, telecomunicaciones, tecnologías aeroespaciales, propulsión, redes de información, sensores y láser, como las más relevantes.

El propio parlamento europeo respalda los proyectos piloto impulsados desde la EDA que suponen un primer paso para establecer en el futuro un programa marco europeo de investigación tecnológica en defensa.

Aunque las posibilidades de acceso en el futuro a financiación europea para determinados proyectos son reales, es preciso establecer estrategias claras y contar con estructuras y mecanismos de gestión adecuados. La adecuada regionalización, la búsqueda de sinergias entre grandes empresas y pymes, y la colaboración entre administraciones son, entre otros, factores fundamentales para poder acceder a los futuros programas europeos.

Quizás la experiencia, no siempre positiva, de participación en algunos proyectos puede ofrecer un punto de partida para extraer consecuencias y establecer una política nacional coordinada que permita el aprovechamiento eficiente de las posibilidades que se ofrecen desde Bruselas. Todavía tenemos tiempo.



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