El Gobierno aprueba la disolución de Defex tras sus casos de corrupción
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El Gobierno aprueba la disolución de Defex tras sus casos de corrupción

El portavoz del Gobierno,  Iñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros. Foto: La Moncloa
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El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes la disolución y liquidación de la compañía Defex, tras los escándalos de corrupción que en los últimos años han afectado de lleno a esta sociedad estatal y minado su credibilidad. La empresa trabajaba desde hace 45 años en la exportación principalmente de material de defensa y seguridad, apoyando a las empresas españoles en las negociaciones con gobiernos interesados en la adquisición de material.

Defex está implicada en una investigación puesta en marcha por la Audiencia Nacional en 2014. En concreto, la justicia mantiene abiertos dos procedimientos judiciales por los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, con la adopción por el juzgado de medidas cautelares.

La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que contrala el 51 por cien de la sociedad estatal -el otro 49 por ciento está en manos de empresas privadas-, ya solicitó el pasado mes de abril la disolución de la empresa, a propuesta del Ministerio de Defensa. El trabajo realizado hasta la fecha por Defex pasaría a hacerlo la Oficina de Apoyo Exterior (Oficaex), integrada en la Direccion General de Armamento y Material (DGAM), de acuerdo con el diario El Mundo.

El Gobierno explica que "la tramitación de ambos procedimientos penales está afectando negativamente a la gestión empresarial de la compañía, como consecuencia del daño reputacional que la empresa sufre, limitando las posibilidades operativas de la empresa en la consecución de nuevas oportunidades de negocio, generando riesgos e incertidumbres y dificultando el acceso al mercado bancario".

Ante dicha situación, añade el Ejecutivo, "se aprecia un riesgo de paralización de los órganos sociales y la práctica imposibilidad de alcanzar el fin social, por cuyo motivo se plantea la disolución voluntaria de la empresa y consiguiente liquidación hasta la completa extinción de la sociedad".

Colaboración con la justicia

El Gobierno apunta que la disolución de la sociedad permitirá "continuar colaborando plenamente con la Justicia y que, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que proceda, puedan defenderse todos los derechos de la sociedad frente a quienes de forma desleal pudieran haber administrado la sociedad".

Tras la autorización del Consejo de Ministros, el próximo paso es la convocatoria de la junta general extraordinaria de Defex con un único punto en el orden del día: aprobar los acuerdos de disolución y liquidación. Esta decisión implicará la sustitución del órgano de administración por el liquidador de la compañía.



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