Defensa no prevé crear un organismo para sustituir a Defex

El secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, explicó este lunes que el Gobierno no planea la creación un organismo que gestione la exportación de material de defensa, después de aprobar la disolución de la compañía estatal Defex por los casos de corrupción que la rodean.

En su comparecencia en la Comisión de Defensa del Senado, Conde criticó duramente la gestión de los máximos responsables durante los últimos años de Defex, investigada en estos momentos en la Audiencia Nacional por dos procedimientos contra la Hacienda Pública y por blanqueo de capitales.

En este sentido, aseguró que la decisión de disolver y liquidar la empresa pública, tomada en Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre, se produjo porque la compañía se había convertido en "un instrumento para la corrupción" que estaba muy lejos de cumplir "con su objeto social".

El secretario de Estado destacó que "el Gobierno quiere estar absolutamente al margen de cualquier instrumento que haya servido para la corrupción dentro o fuera de nuestras fronteras". Por el momento, la empresa continuará con el proceso de liquidación planeado por los gestores nombrados por el Ejecutivo para reemplazar a la cúpula directiva inmersa en la actualidad en el proceso judicial.

Conde subrayó que la entidad conservará en esta etapa final su personalidad jurídica con el objetivo de colaborar con la Justicia en las investigaciones en curso y completar la tramitación de los contratos todavía en curso en países como Camerún, Kenia, Egipto, Malasia o Singapur. Además, en esta fase deberá hacer frente al pago de sus deudas y a las obligaciones laborales con sus empleados.

Defex es una sociedad mercantil estatal participada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) en un 51 por ciento, mientras que el 49% restante está en manos de empresas privadas.

Desvío de fondos

Conde recordó que las investigaciones comenzaron cuando las autoridades de Luxemburgo preguntaron a España por unas transferencias por valor de 41 millones desde una cuenta bancaria conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92, con la que Defex ejecutaba un contrato de venta de armas a la Policía angoleña.

El dinero, según la investigación judicial, pertenecía a una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008. Después de recibir la información pertinente, la Fiscalía Anticorrupción española abrió una investigación en febrero de 2013 y a mediados de 2014 la Audiencia Nacional judicializó el caso.