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ESPAÑA | Contratación
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Delitos contra el patrimonio y cohecho

Dos militares y tres empresarios condenados por irregularidades en contratos

Sede central en Madrid del Ministerio de Defensa. Foto: MDE

Sede central en Madrid del Ministerio de Defensa. Foto: MDE

10/05/2018 | Madrid

El Tribunal Militar Central ha condenado a los tenientes coroneles C.P.R. y E.R.R del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra a dos años de prisión acusados de recibir contraprestaciones a cambio de facilitar información privilegiada sobre adjudicaciones a empresas contratistas del Ministerio de Defensa. La justicia militar absuelve en la misma sentencia a un teniente y condena a tres empresarios por un delito de cohecho.

La sentencia condena a ambos oficiales por un delito continuado contra el patrimonio en el ámbito militar. Además, declara probado que los tenientes coroneles aprovecharon su posición en órganos de contratación del ministerio para establecer contacto e informar sobre contenido reservado de los contratos a las compañías.

A este respecto, el tribunal detalla en una nota que "ejecutaron el hecho delictivo con mayor facilidad y menor riesgo de ser descubiertos, al tratarse de oficiales de Intendencia que ocupaban destinos en órganos relacionados con la contratación pública de la Administración militar".

En concreto, el teniente coronel C.P.R. estaba al frente del Área de Estrategias de Compras en el Programa de Modernización de la Contratación, y el teniente coronel E.R.R. estaba destinado en la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, según recoge el diario El País.

El tribunal señala que el primero utilizaba su puesto en el citado programa para poner en contacto a directivos, representantes y empleados de empresas contratistas del Ministerio de Defensa con el segundo, especializado en los procedimientos prácticos de la contratación pública.

"Ambos proporcionaban información sobre contratos presentes, o en proyecto, y también asesoramiento para la presentación de ofertas o recursos, incluida en algún supuesto la redacción o preparación de los escritos correspondientes", subraya la sentencia.

Regalos e invitaciones

 

A cambio, los dos oficiales recibían contraprestaciones en metálico que se repartían a partes iguales, regalos e invitaciones a comidas o espectáculos. La resolución judicial también considera probado que incluso las empresas llegaron a contratar a los hijos de los condenados como empleados.

La fiscalía asegura que uno de los oficiales empleó un pago de 20.000 euros de una de las empresas para pagar un parte de un coche deportivo de la marca Audi, informa el El País. Además los condenados recibieron todo tipo de regales como relojes de lujo o incluso invitaciones al palco del estadio Santiago Bernabéu en Madrid, detalla Infolibre.

El tribunal en la sentencia ha absuelto a un teniente implicado en el caso, al no quedar acreditado que actuara de forma coordinada con los dos tenientes coroneles condenados ahora.

Condena a los empresarios

 

La justicia militar también condena a tres empresarios por un delito de cohecho. Asimismo, explica que "se rechaza la pretensión de los empresarios condenados de que se declarará no haber lugar a que la Administración les imponga prohibición de contratar".

La sentendia del tribunal no recoge los nombres de los empresarios y las compañías implicadas en el caso, si bien el juzgado ha investigado durante los últimos cuatro años a una docena de empresas: Ucalsa, Seguridad Integral Canaria, Galilea Soluciones, Ariete, Proman, Willis Ibérica, Beyond Soluciones y Servicios, TRC Informática, Grupo Olmata, Cleanet, RMC JIT, Tecnove y Clece, según una información de 2015 de El País.

Cabe destacar que el presidente de la sala ha emitido voto particular que pide la imposición a cada uno de los tenientes coroneles de la pena de  tres años de prisión, con pérdida de empleo, lo que provocaría su salida de las Fuerzas Armadas.

La sentencia será remitida, cuando sea firme, a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Los condenados tienen todavía la posibilidad de presentar recurso de casación ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

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