Juez chileno se declará incompetente en caso de presuntos irregularidades en pago de repuestos

27/11/2009 (Infodefensa.com) Santiago de Chile - El juez Manuel Valderrama se declaró incompetente para seguir investigando sobre presuntas irregularidades en el pago de cerca de tres millones de dólares por reparaciones y compra de repuestos inexistentes para helicópteros y aviones del Ejército de Tierra chileno.El magistrado dejó la indagatoria en manos de la justicia militar, ya que se convenció que los hechos nada tienen que ver con el caso para cual fue designado: el origen de la fortuna del fallecido general Augusto Pinochet.

El caso tiene relación con la denuncia realizada por un oficial que apuntó a reparaciones y piezas inexistentes de helicópteros y aeronaves en la Brigada de Aviación del Ejército en Rancagua desde el 2005 hasta el año 2007.El juez tomó la decisión después de conocer los resultados de un informe de la Brigada Investigadora de Lavados de Activos (BRILAC) de la Policía de Investigaciones, que confirmó los hechos.El Consejo de Defensa del Estado deberá resolver si apela a esta decisión de dejar el caso en la justicia militar.

Jurisdicción militar

Por jurisdicción, la denuncia del ex oficial de Ejército Carlos Díaz sería indagada por la Fiscalía Militar de San Fernando y luego resuelta por el segundo tribunal castrense.

El expediente de esta investigación ya cuenta con poco más de 350 páginas, al que se suma un dossier de anexos, informó el diario local La Nación.

Entre los documentos relevantes del cuaderno reservado se encuentra el último informe de la BRILAC de la Policía de Investigaciones (PDI) y las declaraciones tomadas por el juez a los involucrados en estos hechos.

Estos antecedentes confirmarían la existencia de irregularidades en los procesos de reparación y de adquisición de piezas de helicópteros y aviones.

No obstante, si estos hechos corresponden a faltas administrativas o si se trata de actividades ilícitas -cometidas por uniformados en un recinto militar- es una calificación que ahora quedó en manos de la justicia castrense.

Estas transacciones estarían relacionadas con adquisiciones que se pagaron con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, según el denunciante, quien dice haber estado a cargo de la revisión de estos contratos durante 2007.