La Policía encuentra ´doble contabilidad" en la Armada hasta 2008 y aumentan las operaciones irregularidades

05/08/2010 (Infodefensa.com) Montevideo - La Policía ha demostrado la existencia de un sistema de ´doble contabilidad" en la Armada Uruguaya hasta 2008 que confirman un número indeterminado de "compras ficticias" o no documentadas por un valor que al menos se aproximaría al millón de dólares, según fuentes locales.

Los inspectores policiales, ayudados por asesores contables del banco central del país, han analizado en los últimos días en el Ministerio de Defensa el sistema de compras de la Armada desde el año 2000, y detectado "varias" operaciones financieras irregularidades que apuntarían a "compras fantasmas", desviación de fondos recibidos de las Naciones Unidas y manejos no claros en una cuenta que la Armada tiene en el Dresdner Bank Latinoamerica AG de Alemania.

Según el diario local El País, el informe policial que investiga el paso y que forma parte del expediente judicial afirma que se ha probado que en la Armada "entre los diferentes manejos financieros se llevaba una doble contabilidad", aunque no esta claro por el momento cuantos altos mandos militares tenían conocimiento de ello.

El diario La Republica afirmó que uno de los principales involucrados en las maniobras ofreció "información" a los investigadores oficiales a cambio de obtener una pena más leve, tras admitir su responsabilidad. No trascendió la identidad de este oficial.

Según admitieron ante la Justicia varios oficiales navales, de esa forma se lograban "fondos frescos" que eran reingresados irregularmente a la contabilidad de la fuerza y destinados a financiar otros rubros, como viáticos y compras urgentes.

El informe policial entregado a la jueza que lleva el caso, Graciela Gatti, -elaborado por el director de Interpol Milton Rodríguez y el comisario Gustavo Mariossa- señala que se trata de "una verdadera maniobra de fraude", dice el documento policial.

Al respecto, los policías subrayaron que el actual comandante de la Armada, Óscar Debali, informó a la jueza Gatti que los implementos supuestamente comprados no ingresaron a ninguna dependencia de la fuerza naval.

Orden verbal

El capitán de navío Gerardo Feble, quien hasta septiembre de 2009 se desempeñó como jefe de la División Logística (N4) del Estado Mayor naval y uno de los principales indagados en el caso, aseguró ante la Justicia que el manejo irregular de los fondos se concretó por "orden verbal" del ex comandante Juan Fernández Maggio o del ex jefe del Estado Mayor y actual comandante de la Flota Naval, Manuel Burgos.

Feble, quien el mes pasado fue separado de su cargo junto a otros tres altos oficiales por orden del ministro de Defensa, Rosadilla, admitió al declarar ante la jueza Gatti y la fiscal Mónica Ferrero que "había una contabilidad formal y una informal". El manejo de la segunda, según dijo, estaba a cargo de un suboficial de la Tesorería.

Feble, que ahora estaba como agregado naval en Brasil, fue quien en 2008 elaboró el formulario solicitando la compra de la grúa hidráulica. El documento fue firmado por otro oficial quien dijo que suscribió la petición porque "Feble le ordenó que lo hiciera", según el informe policial.

En tanto, la solicitud para adquirir el banco de prueba para motores fue presentada por uno de los oficiales más cercanos al ex comandante Fernández Maggio, quien estaba a cargo de la oficina de Presupuesto del Comando.

Según se desprende la investigación, el dinero por la compra de ambos suministros -unos 600.000 dólares- fue cobrado en el Comando de la Armada, y luego por distintas vías entregado a Feble. El ex responsable de Presupuesto naval recién admitió esa situación en la tercera ocasión en la que declaró ante la Policía.

Consultado por Gatti respecto a si hay registros que avalen el uso del dinero reingresado, Feble contestó: "Era un hábito que cada relevo de jerarca los registros de su administración no quedaban, sino que se los llevaran, era un hábito normal.

Contradicciones entre mandos

Según el diario El País, las "compras ficticias" de la Armada -como le llama la jueza- enfrentaron el sábado 31 de julio ante la magistrada los testimonios de los dos marinos indagados con mayor jerarquía: Fernández Maggio, y de su ex jefe de Estado Mayor, Burgos. Estos oficiales eran, en 2008, el uno y el dos de la Armada.

Burgos admitió que en ocasiones se dice que se compra una cosa y en realidad se compra otra. "Compras simuladas, no. Sí comprar tornillos y adquirir tuercas, (eso es) algo que se hace con el proveedor", dijo.

Fernández Maggio se deslindó de sus subalternos diciendo que "no es cierto" que la decisión de esas compras fuera suya. Apuntó entonces a su ex mano derecha y a Feble. "La Armada tiene una organización vertical, en este caso el jefe de Estado Mayor contralmirante Burgos y el jefe de N-4 capitán Feble", declaró en el juzgado.

"Los rubros surgieron de un acuerdo con el Banco Hipotecario (BHU)", dijo, en relación una solicitud que realizó para postergar un pago por un complejo de viviendas en la calle Asunción y Avenida del Libertador. "El dinero fue al Estado Mayor para ver en qué lo usaban. La responsabilidad es del Estado Mayor", insistió.

Burgos acotó luego que en el caso de la postergación del pago de 300.000 dólares al BHU, él, como jefe del Estado Mayor, no fue consultado.

Ambos declararon, en cambio, que desconocían que se dieron órdenes para comprar una grúa y un banco de pruebas para motores. Fernández Maggio sostuvo que se enteró de la compra de la grúa el 3 de junio. "Fue cuando me hicieron la despedida. De la compra del banco de pruebas me enteré el 13 de junio. No sabía nada", insistió.

Sin normativa clara

Un capitán de navío que en 2008 era jefe del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada (Secon) y actual responsable de Logística, relató en el juzgado que para pagar "no hay una normativa que indique qué documentación se debe exigir, y se deja a la buena voluntad o buen saber de la persona que paga".

Según la investigación, los pagos por los insumos aparentemente comprados se realizaron sin control de la identidad de quienes dijeron representar a las empresa proveedoras e, incluso, dos oficiales integrantes de la Comisión de Asesora de Compras recibieron parte del dinero.

"La persona (que fue al Comando naval a cobrar) trajo un recibo con el nombre de la empresa y el importe a pagar; yo no lo vi, me lo dijo el oficial que me consultó porque no trajo la cédula. Le dije que pagara igual ya que había sido alertado que iban a ir a cobrar", dijo el ex jefe del Secon.

Usaron la cédula de una mujer de 71 años

Uno de los informes policiales elevados a la jueza Graciela Gatti, indica que una mujer que se presentó ante la Armada para cobrar por la venta del banco de prueba para motores, brindó un número de Cédula de Identidad que no corresponde al nombre declarado. "No existe persona alguna que posea ese número de cédula", se señala, afirmó el diario El País que tuvo acceso a dicho documento.

El informe, basado en datos proporcionados por la Dirección Nacional de Identificación Civil, agrega que ese documento pertenece a una mujer de 71 años de edad de nacionalidad brasileña naturalizada uruguaya. Esa mujer, al ser interrogada por la Policía, dijo que "no cobró ningún dinero en representación de ninguna empresa ni uruguaya ni extranjera en la Armada y tampoco tiene conocidos o familiares ni tiene persona alguna que tenga familiares o conocidos en la Armada".

Por otro lado, en cuanto al hombre que cobró el cheque por concepto de pago de la grúa hidráulica, no hay elementos que permitan identificarlo.

Sin embargo, según los registros de la Dirección Nacional de Identificación Civil, hay un marino retirado que actualmente se desempeña en la actividad privada que tiene el mismo nombre. Esa persona, al ser interrogada, explicó que se jubiló en el año 2008 y negó cualquier vinculación con los hechos indagados.