Constatan adquisiciones fraudulentas en la Armada de Uruguay

(Infodefensa.com) Montevideo - Entre 2003 y 2008, la Armada de Uruguay simuló la compra de cinco bancos de pruebas de motores y cinco grúas. El caso, que comenzó con una denuncia anónima que llegó a la Fiscalía en mayo de 2010, generó una investigación judicial en relación a dos compras concretas de la Armada, llegándose a probar que ambas fueron ficticias y provocando la prisión por primera vez en la historia de un ex comandante en jefe de la fuerza de mar.

El caso sigue si curso, y en febrero declararán sobre el mismo oficiales, proveedores y dueños de estaciones de servicio. La Justicia deberá pronunciarse sobre 18 compras denunciadas como ficticias y ocho pre sumarios con otras irregularidades, lo cual derivará en más procesamientos de oficiales superiores de la Armada, proveedores y dueños de las estaciones de servicios mencionadas.

Según relata el diario uruguayo El País, a principios de diciembre de 2010, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero investigaron a tres almirantes: Hugo Viglietti, quien pasó a la situación de retiro en septiembre tras cumplir un interinato como comandante de la Armada; Manuel Burgos, ex jefe de Flota, y actualmente licenciado; y Federico Lebel, quien ocupa el cargo de Prefecto Nacional Naval.

A partir del 1 de febrero, la jueza Gatti y la fiscal Ferrero resolverán sobre dos investigaciones que fueron diligenciadas por la Policía antes el receso de enero. Una de las investigaciones trata sobre las compras simuladas en la Armada. Esa información la brindó el capitán de navío Danilo Damonte tras llegar a un acuerdo con la fiscal Ferrero para aportar información a cambio de no ir a prisión. El marino le suministró a la Fiscalía 16 carpetas con documentación oficial sobre adquisiciones ficticias y luego se agregaron otros dos casos durante la investigación.

Damonte fue procesado por la Justicia sin prisión a diferencia del ex comandante en jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio y los oficiales Gerardo Feble y Pablo da Costa, quienes se encuentran ingresados en la Cárcel Central desde el 20 de agosto de 2010. Todos los oficiales de la Armada fueron enjuiciados por el delito de "fraude" por su responsabilidad en la maniobra de simulación de la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores en 2008 por un total de 600.000 dólares.

Los implicados alegaron que ese tipo de maniobras eran algo habitual en la Armada como vía para obtener "fondos frescos" que eran reingresados en forma irregular en la contabilidad de la Armada para sustentar otros gastos. Según fuentes judiciales, en los últimos interrogatorios realizados por la jueza Gatti, la fiscal Ferrero y el equipo policial que indaga el caso, se constató que este tipo de maniobras comenzó en 2003 y se extendió hasta 2008. Es decir, en cada uno de esos cinco años se repitieron compras ficticias de una grúa hidráulica y de un banco de pruebas para motores, lo que totaliza cifras millonarias.

Además, la jueza Gatti y la fiscal Ferrero también indagarán varias compras que la Armada realizó entre 2006 y 2009 pero sin comprobantes, según información que el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, le aportó a la magistrada.

El 15 de julio de 2010, la Oficina Central de Interpol (ahora Dirección Nacional Contra el Crimen Organizado) informó a la jueza Gatti que la fábrica argentina de grúas que figuraba como proveedora en los documentos de la Armada, jamás le había vendido material a la fuerza naval. La fábrica es un pequeño galpón y produce muy pocas unidades por año. Mientras tanto, la fábrica alemana de bancos de pruebas de motores, a la cual también se le atribuyó el carácter de proveedor de la Armada, no existe. En los documentos de la Armada constaba un nombre de la empresa y una dirección. La investigación judicial constató que la calle tampoco se encontraba en la ciudad aludida por los documentos sino a 350 kilómetros de distancia.

La Armada no hizo transferencias de fondos a sus supuestos proveedores sino que les pagó mediante cheques, lo cual fue advertido por el Tribunal de Cuentas y la propia Policía durante la investigación. El informe policial enviado a la jueza Gatti señala que "estos cheques fueron cobrados en algún caso por los propios integrantes de la Fuerza (Armada) e integrantes de la Junta Asesora que evaluaba dicha compra y en otro caso terminaron siendo cobrados por un proveedor -hoy retirado militar-, que le suministra a la Armada en el rubro de imprenta".

Incluso, se probó que uno de los cheques por 7 millones de dólares, producto de las compras simuladas por la Armada fue cobrado en la sucursal del Banco República del Montevideo Shopping.

Según el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, el dinero fue retirado por un hombre a quien identificó como "señor X", que es un marino retirado y que actualmente trabaja como proveedor de la fArmada.

Otro caso de presuntas irregularidades en la Armada sobre el que deberán pronunciarse en breve la jueza Gatti y la fiscal Ferrero está vinculado con la utilización de unos 4.500 vales de combustible en tres meses por parte de oficiales navales. Según algunas fuentes, los vales fueron canjeados por dinero en varias estaciones de servicio, y se comprobó que algunos vehículos cargaron cientos de litros de combustible en un solo día.

Por las maniobras con vales de combustible, la Justicia procesó con prisión en agosto de 2010 al capitán de navío Álvaro Bacqué, que trabajaba como responsable del área contable del Ministerio de Defensa. El militar, que días antes de ser enjuiciado había sido separado de su cargo por orden del ministro Rosadilla, llevó a cabo una maniobra con vales de combustible por un valor cercano 7.500.000 de dólares.