Detienen a siete militares salvadoreños por tráfico ilegal de armamento

(Infodefensa.com) Por A. López, San Salvador – La Fuerza Armada de El Salvador capturó a una oficial identificada como desertora, dos sub oficiales y cuatro soldados, por tráfico de armas, bajo el señalamiento de intentar vendérselas a los delincuentes.

El caso de los cuatro efectivos de tropa y los dos sub oficiales, fue confirmado el viernes anterior por el mismo ministro de la Defensa de El Salvador, general David Munguía Payés.

Mientras que el caso de la oficial, una sub teniente, fue una captura este lunes al mediodía en un centro comercial capitalino, durante un operativo de la unidad élite de la Policía Nacional Civil (PNC), el Grupo de Reacción Inmediata (GRP), que ubicó un vehículo, presuntamente ligado a la militar, con las armas en su interior.

“Quiero recordarles que hace varios meses cuando comenzamos el trabajo en conjunto con la Policía, les mencioné que el crimen organizado trataría de infiltrarse y sustraer armamento militar, pues ahora tengo la satisfacción de anunciarles que Inteligencia Militar dio un duro golpe a una estructura delictiva que se había enquistado al interior de la institución e intentó sustraer armamento militar”, dijo Munguía Payés.

Los sospechosos intentaron extraer un total de 1.800 granadas de mano o fragmentarias, modelo M-67, que estaban destinadas a ser destruidas por ya haber cumplido su tiempo de vida en los almacenes del Ejército salvadoreño y ya no sería seguro seguirlas almacenando.

El jefe militar explicó que existe una comisión que revisa, de forma periódica los almacenes militares, para detectar armamento que ya pudiera haber rebasado su vida útil y que por la inestabilidad que habría alcanzado, sobre todo, en el caso de los explosivos, esto pudiera representar un peligro y se procede a sacarlo de las instalaciones y se manda a destruir.

La irregularidad fue detectada en el procedimiento de destrucción de este lote a finales de abril. Al parecer, parte de la comisión encargada en esa ocasión de ese grupo de granadas que se mandó a destruir, más los encargados de la explosión, fueron parte del complot criminal; Munguía Payés no fue del todo claro en detalles, pues se encuentran en el proceso de llevar a los presuntos responsables ante un tribunal, el cual no será civil, sino militar, por ser más “severos”, aseguró el ministro.

Al final, los responsables del hecho delictivo, expuso Munguía, fingieron la destrucción de las granadas con una explosión, pero estas ya habían sido apartadas del punto de estallido y enterradas, para llegar a retirarlas el mismo día más tarde.

El Ejército solicitó a la Fiscalía salvadoreña que el proceso se depure en un tribunal militar y no en uno penal para civiles, pues la normativa del Código Militar y sus penas, manifestó Munguía, son “mucho más severas y a nosotros no se nos van a ir”, en alusión esto último a los procesos en que los jueces penales que ventilan causas de civiles podrían estar liberando de cargos a delincuentes, de manera justificada o no.

Aunque no es el caso, por el tipo de delito, el ministro de la Defensa recordó que “la justicia militar es dura, pues nosotros aún contemplamos la pena de muerte por el delito de alta traición”, como para ejemplificar el alto grado de disciplina y severidad de la legislación militar.

La investigación alrededor del grupo de militares señalados y capturados por el frustrado tráfico de armas llevó una indagación de aproximadamente ocho meses, agregó el general Munguía, y se originó (en el sentido de investigar mucho más algunos movimientos sospechosos) con la pérdida de tres fusiles del Comando de Fuerzas Especiales, en el 2009, aunque tampoco confirmó si había relación.

“El hecho es evidente, hay declaraciones de los involucrados, existen testimonios que los señalan y hay además prueba material”, declaró el funcionario, al referirse a que no hay duda que los capturados están relacionados con el  hecho delictivo.

Munguía ratificó que con esta captura, prueba que la Fuerza Armada no tolerará ningún tipo de infidelidad que ponga en peligro la seguridad nacional y que la pena que pudieran enfrentar los procesados puede ser de hasta ocho años de cárcel y una vez la cumplan estos dejarían de ser militares; es la única causa, explicó, que se pierde el estatus castrense.

Se desconoce también aún, con certeza, si el armamento iba con destino a un grupo delincuencial en particular, si las pandillas o maras, al crimen organizado o al narcotráfico, aclaró el general. Declinó además confirmar el monto al que podrían ascender los explosivos ya en el mercado negro, ya que “eso depende del mercado donde se comercialicen, si aquí mismo (El Salvador), Centroamérica, México, etc.”.

Según Munguía, el proceso judicial militar es expedito y pudiera durar a lo sumo alrededor de tres meses, para que se conozca una sentencia en el caso y tampoco quiso revelar la identidad de los implicados, por estarse desarrollando las indagaciones y procesos jurídicos en estos momentos.

En el caso más reciente y que por el momento no tiene más relación que el que se encuentren militares involucrados en el tráfico ilegal de armas, un comunicado de la Fuerza Armada confirmó este lunes la detención de la Sub Teniente Jessica Emilia Santos en los momentos que traficaba tres carabinas M-16 A2, presuntamente también con destino a grupos delictivos en El Salvador.

Se desconoce los detalles del por qué en esta oportunidad el Ejército si identificó a la oficial y no así en el caso de los involucrados en el robo de granadas. La misma información agrega que la militar era desertora de la Fuerza Armada y que fue detenida después de un proceso de investigaciones internas, iniciado por la Inteligencia Militar, lo que permitió la ejecución de un procedimiento conjunto entre la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR).

Todos estos hechos delictivos de militares se dan a pocos días que el Presidente Mauricio Funes haya extendido una vez más las labores conjuntas de apoyo entre militares salvadoreños y la Policía en labores de seguridad y combate al crimen organizado. La orden original fue dada el 9 de noviembre de 2009.

Funes extendió la orden a la Fuerza Armada un año más, el pasado 7 de mayo, en el marco de las celebraciones del Día del Soldado, fecha en que el Ejército cumplió, además, 187 años de su nacimiento como institución.