Honduras aprueba nuevos impuestos para contribuir a financiar la Seguridad

Por A. López, San Salvador – El Congreso de Honduras aprobó la semana pasada un paquete de medidas que grava algunos servicios bancarios, mineros, y de telefonía móvil, entre otros, recaudación que servirá para apoyar el funcionamiento de los organismos de seguridad.

El diputado Germán Leitzelar, miembro del Partido Innovación y Unidad-Socialdemócrata, explicó que este paquete de medidas comprende, entre otros gravámenes, los retiros bancarios, las ventas brutas de las comidas rápidas, las ganancias de los casinos, los ingresos de las mineras y la telefonía móvil, publicó el diario hondureño El Heraldo.

Leitzelar declaró que la medida temporal, que será derogada dentro de cinco años, supone un fuerte respaldo a los organismos de seguridad.

La iniciativa, que estará vigente hasta el año 2016, fue aprobada el miércoles anterior después de tres largos debates y una serie de modificaciones al proyecto de ley original, mientras que algunos diputados de la oposición se pronunciaron a favor de que el Gobierno obtenga del gasto corriente de otras Secretarías de Estado los fondos que requiere la de Seguridad.

Algunos diputados calculan que la medida podría superar ampliamente los US$79 millones de recaudación cada año.

Por su parte, Associated Press (AP) detalló que la denominada Ley Temporal de Seguridad Poblacional grava en Honduras con 5% a las cuentas bancarias con saldos promedios superiores a US$5.000; en 21% el volumen de ventas de la telefonía celular; en 0,05% los ingresos brutos de las comidas rápidas; en 5% las exportaciones mineras y en 1% las operaciones de los casinos.

Honduras vive una agitada ola de violencia que, según organismos de derechos humanos, deja a diario unas 15 muertes.

En El Salvador, uno de los principales rotativos a nivel nacional publicó este último sábado detalles sobre el anteproyecto de ley del presidente Mauricio Funes que pretende aplicar un impuesto también para financiar sus planes y acciones de seguridad contra el crimen organizado.

El anteproyecto para la creación de este tributo, al que La Prensa Gráfica tuvo acceso, detalla que estarán obligados a pagar este nuevo impuesto las personas naturales y jurídicas que tengan patrimonios arriba de US$500.000, según una tabla específica que determina los montos gravados, las exenciones y las cuotas fijas que se deberán pagar.

La propuesta incluye, entre otros elementos, varios mecanismos para evitar que los posibles sujetos de este nuevo impuesto eviten pagarlo en su totalidad, por ejemplo, mediante traspasos de propiedades a cónyuges o familiares.

En el artículo 18 se sugiere que la ley entre en vigor desde el momento de su publicación en el Diario Oficial y no hasta ocho días después de ello, como establece la legislación de forma usual.

Al igual que el Impuesto sobre la Renta, este se declarará cada año, con cierre al 31 de diciembre. El mismo será temporal y su vigencia finalizará a mediados de 2015, justo cuando se haya declarado el ejercicio fiscal 2014.

Para que este anteproyecto se convierta en ley, debe ser enviado a la Asamblea Legislativa para su discusión y posterior votación. Finalmente, deberá ser sancionado por el mismo Presidente Funes.

Funes ha dicho que, con este tributo, espera recaudar unos US$380 millones entre 2011 y 2014. Su mandato presidencial finaliza precisamente el 1 de junio del año 2014.