Centroamérica gastó alrededor de US4.000 millones en Seguridad y Justicia durante 2010

(Infodefensa.com) Por A. López, San Salvador – Centroamérica gastó casi US$4.000 millones en Seguridad y Justicia, durante el año 2010, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual fue dado a conocer en la Conferencia Internacional para analizar la estrategia regional de seguridad, organizada en Ciudad de Guatemala a mediados de junio.

Según precisa el estudio del PNUD, el monto de gasto regional para 2010 alcanzó los US$ 3.975 millones. Esta suma del último año considerado se desglosa por país del siguiente modo: Belice, US$ 43 millones; Costa Rica, US$ 884 millones; Guatemala, US$ 890 millones; El Salvador, US$ 766 millones; Honduras, US$ 426 millones; Nicaragua, US$ 201 millones; y Panamá, US$ 764 millones.

El PNUD considera "alarmante" que dicho gasto haya ido en aumento desde 2006 a la fecha. “Entre 2006 y 2010, en términos nominales, el gasto en seguridad aumentó en todos los países. El aumento en el istmo se incrementó en 60% durante el período analizado. En términos reales, el gasto en seguridad y justicia también creció en todos los países de la región, aunque en menor medida. Expresado en dólares corrientes, el gasto en seguridad creció en todos los países, pero en diversas proporciones”, plasma parte del informe del organismo internacional.

Esto traducido en proporción del Producto Interno Bruto (PIB) conjunto, entre 2006 y 2010, el gasto regional en seguridad aumentó de 2,28% del PBI al 2,66%.

Mientras que por país, los casos más interesantes los presentan Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, de acuerdo con el gasto destinado a seguridad y justicia, según con la proporción de sus respectivos PIBs, destinada para ese objetivo.

Costa Rica mostraba, para el 2006, un 1,57% de su PIB dedicado al rubro de seguridad y justicia, mientras que para el año pasado había subido hasta el 2,46%, mostrando, además, un incremento sustancial en cada año, entre 2006 y 2010.

En cambio Nicaragua ha sido un tanto errático, al dedicar un 3,40% de su PIB en 2006 y experimentar una reducción en 2010 a un 3,08%, pero volviendo a una subida en 2007, otra baja en 2008 y, de nuevo un auge en 2009.

En el caso de El Salvador, es el que más dedica en la región de su PIB para gastos de seguridad y justicia, como proporción de su Producto Interno, pues Guatemala y Costa Rica lo superan en cuanto a monto total, con un 3,46% en 2010, experimentado también un comportamiento errático, como Nicaragua, desde 2006.

Otro dato curioso del estudio es que la mayor parte de los recursos en todos los países en 2010 se destinó para combate al fenómeno de violencia y delincuencia, en cuanto a medidas represivas; le sigue en menor grado, pero en un segundo lugar de destino de los fondos, la prevención; en un tercer puesto, rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria; y por último el fortalecimiento institucional.

Estos ejes componen también la estrategia regional de seguridad que ha impulsado el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) los últimos meses y que será revisada este 22 de julio en la reunión de presidentes del istmo en San Salvador.

El PNUD aclaró que el estudio no incluyó el importante gasto en seguridad privada que existe en la región, pero que por estudios, como el Informe de Armas Ligeras 2011, publicado por el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Suiza hace dos semanas en Ginebra, debe ser cuantioso a nivel regional.

Este informe estableció que la región posee un total de 270.390 efectivos privados y 82.480 agentes policiales, lo que significa que por cada policía hay tres de seguridad privada para una población centroamericana de más de 40 millones de personas.

Sólo en El Salvador, según datos de diversas gremiales empresariales, el gasto por seguridad privada representa entre un 10 y 15% del presupuesto general de operaciones de cada compañía, lo que de manera global pudiera traducirse en un gasto total de entre US$500 a US$600 millones cada año.

“Mientras las partidas presupuestarias destinadas a la lucha contra la inseguridad muestran indudablemente que la región está muy comprometida con este tema, eso implica una asignación de fondos que en otro contexto podrían destinarse o reforzarían otras prioridades como educación y salud”, aseguró el especialista del PNUD en prevención de crisis y recuperación para América Latina y el Caribe, Pablo Ruiz.

Agregó que es importante también contar con los recursos necesarios en estos otros sectores clave, lo que obliga a considerar nuevas alternativas de financiación, como ya están haciendo algunos países. Honduras ya aprobó un impuesto de seguridad para grandes capitales y El Salvador evalúa una medida similar.

El estudio del PNUD, se confirmó de manera oficial, se ha realizado con información pública derivada de los reportes de ejecución presupuestaria elaborados por los Ministerios de Hacienda o Finanzas de cada país, y posteriormente revisada en profundidad junto a funcionarios públicos de distintos sectores.

Más información en el siguiente documento:

Información sobre el gasto público de seguridad y justicia en Centroamérica 2006-2010