Dudas en Panamá por el sobreprecio en la compra de radares y helicópteros

(Infodefensa.com) A. López, San Salvador - Después del arresto en Italia del ejecutivo de Selex, subsidiaria de Finmecanicca, Manilo Fiore, se ha cuestionado en Panamá la compra por $333 millones de 19 radares, seis helicópteros y un mapa cartográfico, bajo la sospecha que la transacción fue sobrevalorada.

Según un despacho de Radio Netherland, Fiore era un ejecutivo contable de Selex que disponía de “un fondo oculto” para sobornar a funcionarios de otros países. Otros despachos de prensa, desde Roma, informan que la investigación, adelantada por el fiscal Paolo Ielo, ha encontrado fuertes indicios de haber ubicado un “fondo negro” —cuyo monto no se específica—, el cual era utilizado para el “pago de regalos a distribuir entre consultores y funcionarios de la administración pública, así como cajas de partidos políticos”.

En la misma indagación, se revela que el “fondo negro” era alimentado por cobro de sobreprecios y sobrefacturación en las ventas que hacía la compañía.

El diputado panameño Jorge Alberto Rosas, uno de los principales críticos a las transacciones, declaró a medios de ese país, que esto reitera las suspicacias y cuestionamientos por el contrato, sobre todo cuando el ministro de Seguridad de Panamá, José Raúl Mulino, dijo ante el pleno de la Asamblea Nacional que por ser un contrato de Estado a Estado, no era necesario el proceso de licitación pública.

El Gobierno del presidente Ricardo Martinelli expresó este jueves anterior “su sorpresa” en virtud de las declaraciones brindadas a los medios de comunicación por el vicepresidente de la República y ex canciller, Juan Carlos Varela, en el sentido de que pedirá al Órgano Ejecutivo que suspenda el contrato entre el Estado panameño y la empresa italiana Finmeccanica, para la compra del equipo. “Resultan sorprendentes las declaraciones (de Varela), toda vez de que fue él, precisamente, quien actuando en ese entonces como ministro de Relaciones Exteriores, le tocó negociar a nombre de nuestro país los convenios que sirvieron de base para la citada operación. Mayor es la sorpresa, si observamos que al momento de que los referidos contratos fueron aprobados en el Consejo de Gabinete, el vicepresidente de la República y ex canciller, Juan Carlos Varela, votó a favor de los mismos”, plasmó una nota de prensa de la Presidencia.

Igualmente, solicita “respetuosamente”, al vicepresidente de la República “asumir con responsabilidad los actos por él aprobados durante el tiempo que formó parte del Gobierno y que ahora sorpresivamente busca desprestigiar”. Agrega que el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, ha explicado “de manera amplia en diversos medios los pormenores de la citada contratación”, reservándose solo aquellos que por su naturaleza, puedan poner en riesgo la seguridad nacional.

El presidente Martinelli y su vicepresidente han venido protagonizando dimes y diretes, desde hace, al menos, un par de meses, pues se rompió una alianza política entre los partidos que los llevaron al poder y el mandatario panameño destituyó  a Varela al frente de la Cancillería, puesto que también ostentaba en paralelo a la Vicepresidencia, bajo el argumento que estaba descuidando la política exterior panameña. El parlamentario Rosas agregó que “el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, nos debe entregar el contrato de financiamiento del Citibank y el contrato de suministro de la compra de los tres equipos para determinar si hay o no sobreprecios y ver quiénes son los responsables”.

Pero a esa petición Mulino dijo días atrás que la información no la divulgará, bajo el aparente argumento de la seguridad nacional. La instalación de los radares comenzó en septiembre pasado y el plan inicial es tener todos los equipos listos para julio de 2012, al tiempo en que se concluye el proceso de instalación de un total de 14 bases aeronavales antidrogas.

Panamá, que tradicionalmente ha servido como un puente para el trasiego de drogas desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa, se incautó el año pasado de alrededor de 80 toneladas de estupefacientes, mayormente cocaína, según registros oficiales. A nivel interno, las actividades de los narcotraficantes generan constantes crímenes que las autoridades atribuyen a represalias por el robo de drogas o dinero de la actividad ilícita.

El viceministro de Seguridad, Alejandro Garuz, informó en septiembre sobre la instalación de los primeros radares, señalando que “tendrán la capacidad de vigilar áreas costeras y el espacio aéreo”. El titular de Seguridad, José Mulino, explicó que ese sistema de monitoreo complementará las acciones de las bases antidrogas y permitirá a Panamá compartir una base de datos con México, Colombia y Estados Unidos. “Los 19 radares (proveerán) una información valiosísima no solo para nuestro país”, destacó Mulino, e indicó que los operadores de esos equipos serán capacitados por funcionarios estadounidenses.

Las autoridades panameñas trabajan estrechamente con funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en acciones conjuntas en el país. Panamá, que desmilitarizó sus fuerzas de seguridad desde comienzos de la década de 1990, tiene el reto de vigilar su selvática zona limítrofe con Colombia y sus costas en los dos océanos.

Foto: A la derecha, Manilo Fiore. La Estrella de Panamá.