La Armada Nacional de Uruguay: una situación crítica

La Armada Nacional Uruguaya continua dando de baja buques sin tener reemplazos en el corto o medio plazo y la situación no parece mejorar. Mientras se busca en el mercado extranjero la posibilidad de adquirir tres OPV nuevos para cumplir algunos de los roles de la fuerza, fundamentalmente los de búsqueda y rescate y vigilancia de la zona económica exclusiva, las tareas netamente militares tienden a desaparecer. Tanto es así que una de las dos fragatas clase Joao Belo, la ROU 2 Pedro Campbell, se sumará en breve a la lista de buques desprogramados de la fuerza sin posibilidades de recambio. Los motivos fundamentales son la escasez de personal para tripularlo sumado a la obsolescencia del material, lo cual hace que no sea redituable su mantenimiento operativo.

Así la fuerza militar queda resumida a una única fragata clase Joao Belo y dos barreminas clase Kondor II. El resto de la Armada está compuesta por un buque de aprovisionamiento y antártico clase Luneburg (operando muy limitado por problemas de motores), dos patrulleras clase Cape, un buque hidrográfico, un remolcador de altura convertido en buque de patrulla oceánica, un buque de rescate y otros buques menores. A esto le sumamos la escasa capacidad de búsqueda y rescate aeronaval, resumida a un único Helibras Esquilo, dos Bolkow Bo-105 que pronto quedaran fuera de servicio y dos Beechcraft B200 de los cuales solo uno esta navalizado. Con este material se aspira a que la fuerza, que tiene la tarea no solo de proteger la vida humana en una superficie más grande que el territorio seco del país, sino que debe además posicionarse como una fuerza militar con un mínimo de capacidad de disuasión ante la agresión externa, cumpla su función.

Este proceso de deterioro, iniciado hace tiempo atrás, parece no tener fin y, de no cambiar rápidamente la situación, para fin del presente año, la totalidad de la fuerza de mar quedaría fuera de servicio. Sumado a esto, los deprimidos salarios generan un constante desangrado de personal técnico, que cuesta miles de dólares formar y que abandonan la fuerza para continuar sus carreras en el mercado privado. Esta situación es particularmente crítica para la Aviación Naval y el Grupo de Buceo, pues entre estas dos especialidades se encuentra gran parte del personal altamente especializado de la fuerza.

Si bien en más de una oportunidad se ha debatido el rol que le debería tocar a la fuerza naval en el país, donde algunos defienden la idea de una Guardia Costera con funciones netamente policiales mientras otros sostienen que el país debe mantener ciertas capacidades mínimas de defensa militar, lo cierto es que una fuerza con características de Guardia Costera, para un país que pronto tendrá que cubrir aún más superficie marítima con la extensión del mar jurisdiccional pronta a aprobarse en la ONU, tendrá una situación presupuestaria y necesitará capacidades oceánicas similares a las de una marina de guerra como la que el mando naval aspira. Esta fuerza, que contaría con dos buques mayores con capacidad de combate, tres OPV, tres a cuatro barreminas y seis patrulleros menores costeros, no es descabellada y seria lo mínimo necesario para mantener cierta soberanía en el mar territorial del país con limitadas capacidades militares. Sin embargo, el poder político ha estado negado en las últimas décadas a estos reclamos, permitiendo únicamente pequeñas adquisiciones del tipo stop-gap, como fueron las Joao Belo, que luego son forzadas a ser permanentes.

En la medida que el poder político no reconozca que nuestro país tiene tres componentes: terrestre, aéreo y marítimo, que precisan ser protegidos y vigilados de la misma manera, para lo cual es necesaria una inversión constante que redundará en menos pérdidas de recursos naturales y soberanía, jamás se podrá contar ni con una Armada ni Fuerza Aérea acordes a lo que el país precisa y merece.