El Salvador gravará al comercio de dispositivos de comunicaciones para financiar la Seguridad Pública

El Gobierno de El Salvador busca aplicar un impuesto especial para financiar la Seguridad Pública a través de las transacciones comerciales que generen los servicios y la venta de dispositivos de telecomunicaciones.

De acuerdo con cálculos del ministro de Hacienda (Finanzas), Carlos Cáceres, quien presentó el anteproyecto de ley para su aprobación la semana pasada ante la Asamblea Legislativa, generaría fondos cada año en el orden de los 140 millones de dólares.

Aseguró además que los fondos que se obtengan producto de esta contribución serán administrados de forma transparente, para lo cual se ha solicitado la contraloría del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, entidad que recibirá informes de la ejecución de los recursos cada tres meses.

“Creemos que esta es una contribución transparente, no puede ser utilizada más que para los destinos correspondientes”, señaló el titular de Hacienda. Y añadió: “Toda la población es la que va a contribuir y toda la población es la que se va a ver beneficiada”.

Garantizar la fuente de financiación

El comisionado presidencial de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Hato Hasbún, destacó que esta contribución garantizará una mayor fuente de financiación para la puesta en marcha de los programas de seguridad y aseguró que estos no deben de depender de la cooperación internacional.

“Fundamentalmente somos nosotros los que estamos garantizando la consecución de recursos, los recursos de la cooperación, que tienen que ser importantes, son complementarios”, afirmó el comisionado. Según Hasbún el país no debe “depender de fondos de la cooperación, tenemos que garantizar la consecución de recursos propios” para afrontar el desafío de la seguridad.

El objeto de la ley, según su artículo 1, es establecer “una contribución especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, la cual recaerá sobre la adquisición y/o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades y sobre la transferencia de cualquier tipo de dispositivo tecnológico, terminales, aparatos y accesorios de los mismos que permitan la utilización de servicios de telecomunicación.

Se propone que la contribución especial sea de un 10% y establece que los sujetos pasivos, obligados al pago de la misma, son los usuarios y revendedores de servicios de telecomunicaciones y los adquirientes de cualquier dispositivo tecnológico que permita la utilización de los servicios de telecomunicación. Además, se verán afectados los importadores de cualquiera de esos dispositivos tecnológicos, los representantes de los usuarios de servicios de telecomunicaciones y los sujetos pasivos dedicados a la prestación de servicios de telecomunicaciones que efectúen el retiro o desafectación de dispositivos tecnológicos.

Foto: Presidencia de El Salvador