Las empresas telefónicas de El Salvador piden la paralización del impuesto de seguridad

Las cuatro empresas de telefonía que operan en El Salvador, Claro, Tigo, Digicel y Telefónica, han solicitado a la Presidencia de la República un retraso de cuatro meses en la aplicación del nuevo impuesto a la seguridad en el país centroamericano.

Esta petición ha sido presentada al Gobierno salvadoreño, que todavía no ha dado respuesta. Mientras tanto, diversas organizaciones buscan declarar inconstitucional el impuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las cuatro empresas que conforman la Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel) enviaron la semana pasada una carta al presidente Salvador Sánchez Cerén en la que reiteran su rechazo al nuevo impuesto al sector y señalan "inconvenientes y vacíos" para su aplicación.

Estas operadoras expresan que no tienen conocimiento de cuándo ni cómo se aplicará el nuevo gravamen, por lo que estiman necesario un periodo de al menos cuatro meses para asegurar la correcta aplicación de la ley que lo regula.

En este sentido, cabe recordar que la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia recoge un nuevo impuesto del 5% para la adquisición y uso de servicios de telecomunicaciones, así como para la compra de teléfonos y otros productos relacionados. El Gobierno calcula que podría recaudar con esta medida alrededor de 140 millones de dólares cada año.

Casatel señala en un comunicado que “la Cámara expresa su descontento por no haber sido consultada sobre el contenido de la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, ni la viabilidad de ejecutar la misma, en la forma en que fue planteada y posteriormente aprobada en el seno de la Asamblea Legislativa”.

Según las empresas de telefonía, es necesario suspender la aplicación del impuesto para comunicar a sus miles de clientes los cambios reflejados en sus facturas, para que estos adopten las medidas que consideren necesarias.

La nota añade que “principalmente, les preocupan las instituciones de gobierno, las municipalidades, pymes y demás entidades que operan bajo la base de presupuestos anuales y que no cuentan con partidas de gastos imprevistos para hacer frente al pago de este nuevo tributo”.

A modo de ejemplo, Casatel indicó que en la cadena de suministro de teléfonos móviles inteligentes, tabletas electrónicas y otros productos de telecomunicaciones intervienen al menos cuatro intermediarios, desde el productor hasta el consumidor final y, según la ley, cada uno de ellos debe pagar el 5%, lo que significa que el consumidor podría tener que pagar un 20% adicional al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las cuatro empresas del sector concluyen en su escrito que “este impuesto traerá como consecuencia una repercusión muy importante, no solo a la industria de telecomunicaciones, sino a la economía en general”.

Foto: Policía Nacional Civil de El Salvador.