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El ministro de Defensa interviene ante el Congreso

La Agencia de Compras gestionará las adquisiciones de las Fuerzas Armadas en Perú

01/09/2016 | Lima

Peter Watson

El ministro de Defensa del Perú, Mariano González, se ha presentado ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso con la finalidad de exponer el informe de situación inicial del sector a su cargo. El 'Reporte de transferencia del período 2011-2016' contiene los pormenores de las compras efectuadas durante la gestión anterior y los inconvenientes que se han derivado de la misma.

Entre otros puntos, el ministro de Defensa ha anotado que la metodología gobierno a gobierno para las compras del sector Defensa será paulatinamente dejada de lado y que asumirá más competencias la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (Acffaa), que a pesar de haber sido creada por el Gobierno anterior no se le ha utilizado tan a menudo como debiera. Afirma el ministro que la Acffaa ha demostrado en los hechos con compras eficientes y resultados que se han concretado en significativos ahorros para el erario público, que tienen un rol importante por desempeñar y que tendrá un renovado protagonismo en las compras de los institutos armados.

El presupuesto de apertura del Ministerio de Defensa del Perú ha ascendido a la suma de 7.510 millones de soles, el cual ha recibido modificaciones a lo largo del presente ejercicio fiscal y actualmente se ha elevado a 8.232 millones de soles. El nivel de ejecución a la fecha se ha registrado en un 57% ó 4.702 millones de soles.

Los ascensos, a debate

Entre las discrepancias con las que se ha encontrado la gestión entrante destaca con nitidez aquella relativa a los ascensos y pases a retiro de oficiales de alta graduación de las Fuerzas Armadas del Perú, que en algunos casos ha afectado a oficiales que han sido Espada de Honor (primeros en su promoción) y que ahora se encuentran en situación de retiro. Esta situación ha sido resaltada por los congresistas Donayre, Tubino, Alcorta, Miyashiro, Costa, entre otros, insistiendo en que requiere de una comprensiva revisión y, de ser necesaria, la reincorporación de oficiales afectados.

El ministro González coindice y ha informado de que se está organizando una comisión especial para investigar los procesos de ascensos en los últimos años. En este sentido, hizo entrega a la presidenta de la Comisión de Defensa, congresista Luciana León, de un cuadro en el que se detallan los ascensos y retiros entre los años 2012 y 2016. Tanto el ministro como algunos congresistas han indicado que se debe evaluar con mucho cuidado este tema por su delicada naturaleza. El congresista Tubino afirma que a un oficial que ha ascendido a general, por ejemplo, no se le puede retirar el grado, eso es un hecho irreversible y en ello ha coincidido el ministro y varios congresistas.

La congresista Alcorta recordó que la iniciativa sobre el aumento salarial era suya, durante el gobierno de Alan García, y que se habían calculado que serían necesarios unos 25.000 millones de soles en su implementación, distribuidos en cinco tramos, no necesariamente anuales, para cuidar el presupuesto público. El objetivo principal era reestructurar el segmento salarial militar y policial, en función de la caja fiscal.

La gestión de González inicia con tres líneas maestras como guía: respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, bienestar del personal militar (salud, educación y recreación) y acercamiento de las Fuerzas Armadas a la ciudadanía. Asimismo, el ministro ha asumido completa responsabilidad por la calidad de los dos viceministros que lo acompañan, destacando su nivel profesional y experiencia en la administración pública.

El alquiler de terrenos

El Ministerio de Defensa también procederá a evaluar la cesión en alquiler de algunos terrenos y propiedades de los institutos militares que han producido resultados cuestionables. Se destacaron el alquiler a Cencosud de una propiedad en Chorrillos y la venta del Cuartel San Martín, en Miraflores. Tubino ha indicado que se debe buscar concesiones que sean convenientes, como la que ha concretado la Armada con un Centro Comercial en el distrito de Jesús María, Lima, en condiciones muy atractivas para la institución. Existirían incumplimiento en los alquileres del terreno de Chorrillos, por el que se ha pactado rentas de 1.600.000 soles al mes y la empresa paga cantidades muy por debajo de los valores comerciales.

Además, se ha pedido evaluar el aumento en el tiempo de servicio de los oficiales, que ha variado desde 35 a 38 y luego a 40 años, según indica el congresista Donayre, y que a su criterio representa un cambio en las reglas de juego en el horizonte de la carrera militar. Asimismo, más de un congresista ha recomendado revisar los incrementos salariales – en cinco tramos, a la fecha no pensionables y cuyo último tramo se ha adelantado para el próximo mes en lugar de diciembre de este año -  que ha resultado en desequilibrios entre grados e incluso en un mismo grado, donde algunos oficiales retirados perciben más que otros, cuando ello no debería ser así.

Las compras de la era Ollanta

Otro de los puntos calientes en la exposición del ministro ha sido el tema de las compras efectuadas durante la administración del presidente Ollanta Humala. El informe presentado revela una suma de aproximadamente 8.000 millones de soles en adquisiciones e inversiones, con el que el congresista Salaverry Villa ha indicado que se debe apoyar si era necesario, las Fuerzas Armadas necesitan renovar sus equipos, pero sin descuidar el bienestar del personal. Tubino ha recomendado evaluar con prudencia a la luz de las relaciones exteriores con los países de donde provienen los equipos adquiridos y la congresista Alcorta recomienda evaluar con especial cuidado las compras efectuadas en Rusia.

Recientemente, el Ejército del Perú ha recibido un primer lote de 63 camiones militares MAN, de un total de 308 unidades. Este primer lote se ha entregado corto en siete unidades y la materia de entregas y ejecución contractual está actualmente en arbitraje.

Sobre los 24 helicópteros Mi-171Sh-P, el congresista Gino Costa indicó que, a grosso modo, cada uno resulta costando un aproximado de 71 millones de soles y que el exministro de Defensa Rafael Rey resalta como una diferencia sustancial con helicópteros Mi-17 adquiridos durante su gestión, en el Gobierno anterior a Humala. En ese sentido, Costa ha solicitado una explicación sobre las razones que sustentan la diferencia en precios.

Sobre las bases contraterroristas y puestos de vigilancia de frontera, se ha indicado la necesidad de revisar los estándares bajo los cuales prestan servicio los militares asignados a dichas instalaciones, siendo imprescindible garantizar condiciones de vida adecuados con la dignidad del personal militar. Asimismo se ha solicitado un reporte de situación sobre el estado de la modernización de la base San Ramón, en Junín, y que presentaría niveles de ejecución muy bajos.

Unas Fuerzas Armadas más participativas

Ha habido coincidencia en la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen más del desarrollo social y económico del Perú, que para ello se dispone de batallones de ingeniería que podrían contribuir con la red de caminos, con personal calificado para servir de maestros. Las plataformas fluviales Piass son un ejemplo de proyectos que avanza en esa dirección.

Por otro lado, se han solicitado reportes sobre las medidas a tomar para la adquisición de radares y aeronaves para la implementación de la ley de interceptación aérea de aviones dedicados al narcotráfico y que, en la actualidad, estaría siendo obstaculizada por el Gobierno de Estados Unidos, aparentemente reacio a su puesta en marcha. Los obstáculos se habrían materializado con interferencia política en el suministro de componentes para el ensamblaje de aviones KT-1P, a pesar de los desmentidos del primer ministro Fernando Zavala sobre la materia. El tema fue discutido pero en sesión reservada. A mayo de 2016 se habrían detectado unas 704 aeronaves ingresando irregularmente a espacio aéreo peruano, lo que grafica la necesidad de montar una sombrilla con vectores de interceptación.

Sobre el arsenal del Ejército, FAME S.A.C., se ha solicitado llevar a cabo una revisión de la gestión administrativa de la empresa estatal durante los últimos años, incluyendo los contratos de compra-venta, proyectos de inversión y presupuestos que se hayan ejecutado en dicho período.

También en necesidad la evaluación de los resultados derivados de la desactivación del arma de inteligencia del Ejército del Perú. El ministro resalta que los estudios indican que ésta debe ser una segunda especialidad y que se espera tener una posición final sobre la materia en un plazo cercano.

El ministro González ha revelado que está en evaluación el incremento de la asignación para rancho de tropa, actualmente en 6,20 soles, para su aumento a unos ocho soles, en un primer tramo, a partir de 2017 y que se evaluará un segundo aumento con posterioridad.

Sobre el satélite PeruSat-1, Mariano González afirma que pueden haber cuestionamientos sobre la modalidad de la compra, pero que la compra ya está hecha, que es de suma utilidad –con lo que ha coincido más de un congresista– y que es de utilidad multisectorial. La auditoría llevada a cabo por la Contraloría que comprende los actuados hasta la suscripción del contrato no ha resultado en hallazgos sino en recomendaciones. El despacho ministerial solicitará una nueva auditoría pero esta vez sobre la ejecución contractual y la evaluación de desempeño, es decir, la performance del satélite en órbita.

Foto: Congreso Nacional del Perú

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