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Colombia: ¿hacia una democracia radical? (y2)

09/01/2017 | Bogotá

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(Especial IEEE para Infodefensa) -Guillermo Duque Silva y Javier Cadavid Ramírez*- En primer lugar, hay que decir que la participación política de las FARC implica una transformación en la estructura participativa en la democracia de Colombia consistente en el reconocimiento de la insurgencia como una fuerza política legal. Conforme al Acuerdo final, a partir del 2018 la guerrilla hará parte directa del juego democrático, podrá conformar un movimiento o partido político y presentare a las elecciones del Congreso de la República, en las mismas condiciones que los demás partidos. Deberán alcanzar el umbral de votos exigido para ejercer el derecho a ser congresistas popularmente elegidos, se les garantizarán cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de representantes para su partido político y si llegaran a obtener menos de cinco escaños, se completan las curules con miembros de su partido en ambas cámaras, de modo que se garantiza su presencia como una fuerza política, legal y legítima.

La garantía de participación de la guerrilla de las FARC en el congreso a través de curules especiales, garantiza que el núcleo duro de la ideología insurgente se conserve y penetre en la estructura de Gobierno de un régimen que no comparten y del que, paradójicamente, harían parte. El Establecimiento y las FARC, reacomodarán sus posiciones antagónicas, en un escenario de tramitación del conflicto social, sin que ello implique el fin del antagonismo que les define mutuamente con visiones antagónicas del país. Ambos actores, FARC y Establecimiento serán amigos porque compartirán un espacio común, pero también enemigos porque querrán organizar este espacio simbólico común de un modo diferente. Como se indica en el acuerdo, esta ampliación de la democracia se traduce en «la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate [y sean] verdaderas alternativas de poder».

Las alternativas aplicadas en otros procesos de transición, en los que la insurgencia pasa a ser parte de la estructura de poder tradicional, por ejemplo incorporándolas al ejército nacional, despolitizan al actor contrahegemónico y anulan los futuros conflictos ideológicos entre las partes. En el caso colombiano, la esencialización inicial de las FARC les permitiría dar el paso de Ejército revolucionario a Partido revolucionario, sin lastimar el núcleo de sus planteamientos ideológicos y, por el contrario, reforzando su concepción de bien común a partir del encuentro agonístico con otras visiones de país. Las curules como garantía de participación de un partido que surja de las FARC, son una expresión del reconocimiento de la identidad colectiva insurgente, en un espacio político en el que el conflicto, lejos de extinguirse, se tramita por la vía institucional; rasgos, todos estos, de la democracia radical.

Este paso de enemigos a adversarios se asemeja al camino que teóricamente Mouffe traza entre el antagonismo schmittiano y el adversarialismo de su propuesta. Se podría afirmar que las FARC y el Estado demo-liberal colombiano pasan de una situación de conflicto abierto del tipo amigo-enemigo a un conflicto de carácter adversarial. En principio, la situación de guerra abierta al régimen que las FARC llaman «oligárquico», ha supuesto una dicotomía que sólo se resuelve con la victoria de una de las partes, en la conquista del Estado como aparato burocrático y dispositivo de poder.

La guerra amigo-enemigo permitió que, por 52 años, las FARC definieran su propia constitución identitaria dado que, como lo explica Carl Schmitt, en la lucha guerrillera «el enemigo es nuestro propio cuestionamiento como forma […] no es algo que, por alguna razón, debe ser eliminado y que, por su disvalor, debe ser aniquilado». El enemigo, en este caso el Establecimiento, que delimitó la forma ideológica e identitaria de las FARC, es el «ellos» que debe ser combatido para alcanzar un reconocimiento de la identidad del «nosotros».

No obstante el poder politizador de la guerra, la paz cuenta también con un potencial de identificación, en la medida que una declaración de paz implica el reconocimiento del otro como un enemigo al que no puedo vencer y con quien me conviene negociar. El acuerdo de paz es, finalmente, un llamado entre enemigos que desean pasar al nivel de los adversarios. En ese tránsito, del enemigo externo al sistema democrático puede verse en la siguiente figura.

En la negociación entre el Gobierno y las FARC, la transición de enemigos a adversarios se expresó en tres niveles que coinciden con la propuesta mouffenana. Primero en la decisión de iniciar los diálogos sin un cese al fuego bilateral; segundo en la firma de un acuerdo de paz sin una entrega definitiva de armas y, finalmente, en la implementación de los acuerdos con la presencia de los guerrilleros en el Congreso de la República a través de curules transitorias, con voz pero sin voto, durante el año inmediatamente siguiente a la firma. Estos tres elementos dan cuenta del proceso de sana contaminación entre el espacio antagónico de la guerra y el nuevo escenario de la política agonística en Colombia.

En segundo lugar, en el escenario de radicalización de la democracia que le esperaría a Colombia, tendría lugar, también, una transformación del sentido de la ciudadanía. Al reconocer un conflicto entre dos visiones adversas del país, la ciudadanía en Colombia sería llamada a transformarse; en la medida que la participación política dejará de reducirse al ejercicio contingente del voto que perpetúa un régimen, para entenderse como una toma de partido constante, entre la vigencia de dicho régimen y su finalización. La presencia de la ex-guerrilla, no cooptada por el régimen y sus partidos, al interior del régimen, es la garantía del conflicto adversarial que propondrían los antiguos miembros de las FARC en el Congreso. Ese conflicto obligaría al ciudadano a salir de los modelos racionalistas de transacción votos-derechos, desplazaría la idea de consenso como meta de lo político y pondría en primer plano las implicaciones contextuales de la lucha social.

En otras palabras, el que las FARC ingresen a un sistema con la pretensión de transformarlo totalmente, garantiza un debate contra el Establecimiento que obligaría a la ciudadanía a consolidar un «nosotros» sensible a las desigualdades y la injusticia provocada por un «ellos», impugnado al nivel del adversario político.

En el Acuerdo Final se percibe un fuerte énfasis en vincular la ciudadanía con los movimientos y colectivos sociales. En él se hace expresa, por ejemplo, la necesidad de crear una «ley de garantías y promoción de la participación ciudadana y las organizaciones y movimientos sociales» construida en un escenario de convergencia de los movimientos sociales, sin precedentes en la historia del país, y bajo la garantía de una «Comisión de Diálogo y representantes de otros sectores interesados». Las FARC y el Gobierno, a «fortalecer las organizaciones y movimientos sociales y, en especial, brindar garantías para su participación e interlocución con las autoridades», apoyando su organización y también protegiéndoles de la censura, la difamación y la persecución por parte de fuerzas paramilitares.

En ese escenario de efervescencia del movimiento social, el «otro sin rostro» que han representado las FARC en la clandestinidad, tendrá que transformarse en un «nosotros/ellos» dentro de una sociedad obligada a politizarse y a radicalizar sus valores democráticos pluralistas.

En Colombia, la Constitución Política del 1991 perfila un modelo de democracia participativo-pluricultural, en la que en general se plasman los preceptos de la deliberación y la búsqueda de consenso como meta de lo político y únicamente en los asuntos étnicos, un reconocimiento de corte comunitario. En dicho régimen, el concepto de sujeto político, en general, es anterior a la sociedad y se encuentra desligado de los factores contextuales de identificación y opresión; el individuo es portador de derechos naturales y opera bajo los preceptos de la racionalidad, solo subsidiariamente los grupos considerados «minorías étnicas» definen su status jurídico en virtud del grupo al que pertenecen. En general, y según el andamiaje jurídico del país, el reconocimiento de las relaciones sociales y de poder en los que se encuentran inmersos lo individuos, no es una fuente explicativa para las desigualdades sociales y, en consecuencia, tampoco remiten a la comprensión de las luchas por la justicia que se libran al nivel de grupos o colectivos políticos no-étnicos. Por lo tanto, los factores contextuales se encuentran en general desligados de la promoción de derecho y libertades colectivas.

La politización que tendría la ciudadanía en Colombia, en un régimen democrático radical, llevaría a una renovación de los discursos hegemónicos que hacen posibles las desigualdades. En la democracia radical «el ciudadano no es, como en el liberalismo, receptor pasivo de derechos específicos y que goza de la protección de la Ley», sino el miembro de un colectivo organizado en las desigualdades que genera la lucha por el control de los bienes que dan forma al Estado, en ese sentido el ciudadano es un agente que construye identidades democráticas-radicales constitutivas de un «nosotros», que lucha contra diversas formas de dominación. Es ese el sentido que se percibe en el Acuerdo Final, que parte de la necesidad de una «ampliación democrática» que «permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas nacionales y así, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión política». Este escenario se concreta con: un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 representantes (de organizaciones campesinas, de víctimas -incluyendo desplazados y desplazadas-, mujeres y sectores sociales que trabajen en pro de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región, entre otros) a la Cámara de Representantes [en el Parlamento], de manera temporal y por dos períodos electorales. Y plasma el compromiso del Gobierno y las FARC, en apoyar la creación, protección y fortalecimiento de las organizaciones sociales y movimientos políticos de oposición.

En tercer lugar encontramos la adecuación del sistema de oposición. La verdadera democracia no es aquella en la que la libertad y la igualdad se obtienen por la renuncia a una alternativa posible de país, sino la que resulta de la victoria, parcialmente consensuada, de una idea específica de bien común. En ese sentido y como lo indica Niklas Luhman, una sociedad democrática requiere de cierta «división de la cúspide», para «proporcionar formas de identificación democráticas claramente diferenciadas». Sobre este asunto y en el caso FARC en Colombia, la negociación ha implicado la reglamentación (veinticinco años después de consagrarse constitucionalmente) de un Estatuto de la oposición política.

El texto del acuerdo definitivo de paz, contempla una ley que garantiza el Derecho a la Oposición en Colombia y la creación de un sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Estos dos puntos han sido eufemismos con los que, tanto las FARC como el Estado, han decidido abordar el problema del paramilitarismo, la censura y la persecución política a la izquierda en Colombia. Estas medidas auguran la conformación de un bloque de oposición capaz de constituir un «nosotros el pueblo» en los términos que hemos descrito como sustento de la democracia radical. Ese bloque contaría además con una base electoral de aproximadamente 9.000 ex guerrilleros que obtendrán su documento nacional de identidad, marcando su paso del antagonismo al agonismo.

Esta nueva fuerza política, libre de la amenaza del paramilitarismo, estaría llamada a «modificar la dimensión simbólica de los conflictos, al tiempo que modifica los sistemas jurídicos que conciben» la constitución como un proyecto finalizado. No es en el acuerdo donde las FARC han plasmado su programa político, su plataforma se disputará la cúspide de un sistema político que se enriquecerá de la lucha entre visiones incompatibles de país.

Conclusiones

Las adecuaciones institucionales que se contemplan con la participación política de las FARC indican que el país se dirige hacia una radicalización de sus valores democráticos, particularmente el de la pluralidad. La opción de integrar curules específicas para el grupo insurgente en el parlamento colombiano, el proceso de cedulación de los miembros desmovilizados y el estatuto de oposición, son signos que coinciden con el paso de enemigo a adversario en la política agonística de la filósofa Chantal Mouffe.

El repaso cuidadoso de los elementos que integran la democracia radical como propuesta teórica y las características del proceso de posguerra que se avecina en Colombia, dan luces de un desarrollo que en algunos puntos alcanza importantes coincidencias, pero que también guarda diferencias importantes. Si, por un lado, la democracia colombiana puede llegar a superar el individualismo racionalista del liberalismo y la noción de consenso como meta de lo político con el paso de enemigos a adversarios; por otro lado, la posibilidad de retorno al conflicto amigo-enemigo aporta un ingrediente particular, no contemplado en la teoría de Mouffe, que enriquece la democracia.

Esa omisión en Mouffe se debe a que la filósofa dirige su propuesta a grupos que, de modo general, aceptan la autoridad del Estado como marco de lo político y no a colectivos que, como en el caso de una guerrilla que acuerda la paz, pasa de no reconocer al Estado como autoridad legítima a internarse en él y sus lógicas. En el caso de las FARC, el paso de enemigo a adversario es un proceso marcado por la futura posibilidad de reactivar el «camino de vuelta» de adversarios a enemigos. Esto, desde nuestro punto de vista, enriquece la democracia y la salvaguarda, aún más que en la propuesta de Mouffe, del liberalismo como régimen.

Colombia puede representar un caso sintomático sobre las posibilidades de perfeccionamiento de la democracia radical. De hecho, podría ayudar a legitimar la misma opción agonística en la toma de decisiones de los grupos políticos esencializados. Las lecturas críticas a la insistencia que imprime Mouffe a los grupos políticos para que pasen de posiciones esencializantes a posturas agonísticas, en las que puedan lograr «consensos conflictivos», le presentan como una teórica que busca justificar la imposición domesticadora, liberalizadora y finalmente «desde arriba», de los conflictos políticos. El paso a una situación agonística debería ser una alternativa para los movimientos y colectivos en sus luchas por el reconocimiento y la justicia y no una imposición hegemónica. En ese sentido, la posibilidad del conflicto abierto amigo-enemigo, legitimaría el paso al agonismo como una verdadera alternativa tomada «desde abajo» y correspondencia con los intereses que defiende cada colectivo o grupo político. Así nunca se concreten las vías de hecho, la posibilidad de ejecutarlas hace que la opción de mantenerse en el agonismo sea valorada como un decisión tomada de forma autónoma, por parte de los grupos políticos contrahegemónicos.

Sobre este punto, esperamos abrir futuras discusiones que, creemos, le vendrán bien a la teoría de la democracia radical. Es posible que la experiencia colombiana aporte elementos del realismo político (más schmittianos que mouffeanos) a la ampliación de la democracia radical, como régimen y concepto. Si se atienden esos elementos, la democracia radical respondería al llamado urgente a redefinirse. Puede ser que el caso colombiano aporte un elemento «radicalizador la democracia radical», ignorado hasta ahora. Quizás a ese «régimen radical de la democracia radical» conviene llamarle democracia ampliada…porque ensancha la vía de enemigos a adversarios con una autopista en doble sentido, en la que la posibilidad de volver al conflicto, (a través, por ejemplo, de la protesta social), resulte altamente enriquecedora para la democracia, eso... no lo sabemos aún... el tiempo y la pluma nos lo dirán.

*Javier Cadavid (Administrador público y filósofo) y Guillermo Duque Silva (Historiador y filósofo)

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