Prisión para el contratista del caso de las fábricas de Kalashnikov en Venezuela

El Tribunal de Distrito de Lefortovsky, Moscú, sentenció el pasado 27 de febrero a Sergey Popelnyukhov a siete años de prisión por malversación de más de 1.100 millones de rublos (17,4 millones de dólares) destinados a la construcción de las plantas para la fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov y de municiones en Venezuela.

Popelniujov, empresario y exsenador federal de la región rusa de Belgorod, fue detenido en junio de 2015 bajo la acusación de malversación de los fondos destinados a la construcción de las dos plantas. Según reportan varios medios de prensa y agencias de noticias rusas, el tribunal dictaminó que el acusado había elaborado un plan criminal para apropiarse del dinero aportado por Venezuela para ejecutar el proyecto.

Por otra parte, el tribunal declaró con lugar la demanda presentada por la corporación estatal rusa Rosoboronexport, que reclamaba 1,14 millones de rublos (19.450 dólares) por compensaciones de parte de Popelnyukhov.

El caso

El primer contrato para fabricar armamento ruso bajo licencia en Venezuela data de 2001. Cinco años más tarde, en 2006, se firmó el contrato definitivo entre el Gobierno venezolano y Rosoboronexport para la construcción de una planta para la fabricación de fusiles de asalto Kalashnikov AK-103 y otra para la producción de las municiones calibre 7,62×39 mm.

Según la Fiscalía General rusa, Popelnyukhov sustrajo ilegalmente 1.100 millones de rublos (17,4 millones de dólares) que su empresa Stroyinvestengineering Su-848 había recibido del Gobierno de Venezuela para la construcción de las plantas, conforme al contrato suscrito con Rosoboronexport.

La anormalidad se evidenció cuando el personal ruso destacado en Venezuela para la ejecución del proyecto reclamó retrasos en los pagos de sus salarios. La situación atrajo la atención del departamento del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, responsable de la seguridad en las instalaciones industriales. En ese orden, en diciembre de 2014, tal como lo reseñó Infodefensa.com, el viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, tras visitar Caracas, admitió en declaraciones a la agencia Tass que habían ocurrido “extrañas inconsistencias” en la construcción de las plantas en Venezuela. Rogozin añadió que que el contratista principal sería cambiado y que el plazo para completar las obras se había aplazado hasta finales de 2015.

Las plantas comenzaron a construirse en las instalaciones de la estatal Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), en Maracay, estado Aragua. Inicialmente, se anunció que serían inauguradas en 2009, luego en 2011, después en 2012 y, al comprobarse las irregularidades, a finales de 2015. Posteriormente, portavoces oficiales rusos anunciaron que las construcciones se reanudaron en abril de 2016 y, en diciembre de ese año, al concluir una nueva visita a Venezuela, Rogozin declaró que se prevé que ambas plantas estén “funcionando en pleno en 2019”, como publicó Infodefensa.com.

La planta de fusiles de asalto que se construye en Maracay tiene previsto producir 25.000 AK-103 al año. Cabe recordar, además, que en mayo de 2005 Venezuela concretó la compra de 100.000 fusiles Kalashnikov AK-103/AK-104, para introducirlo como fusil de asalto de uso común en la Fuerza Armada Nacional en reemplazo del FN FAL de 7,62×51 mm. La orden comprendió, además de los accesorios (cargadores, bayonetas), 74 millones de cartuchos calibre 7,62×39 mm, 2.000 juegos de repuestos, 50 juegos de calibradores, 2.000 manuales de empleo y cinco simuladores unificados para entrenamiento de tiro con fusil.