Oposición y fuerza pública se enfrentan en las calles de Venezuela

La crisis política, económica, social y humanitaria por la que atraviesa Venezuela se ha agravado en la últimas semanas a raíz de dos sentencias dictadas el pasado 28 de marzo por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justica, mediante las cuales se le eliminan facultades a la Asamblea Nacional, controlada mayoritariamente por la oposición, y se le otorgan poderes especiales al presidente Nicolás Maduro.

Estas disposiciones han generado el "rompimiento del orden constitucional” en opinión no solo por del sector opositor venezolano, sino también de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), gobiernos extranjeros y organizaciones no gubernamentales (ONG). Pero a esos reclamos se suman el de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, militante “chavista” quien, durante la presentación de su balance de gestión 2016 el pasado 31 de marzo, expresó públicamente que las “sentencias constituyen una ruptura del orden constitucional”.

En ese orden de cosas, la directiva de la Asamblea Nacional ha venido programado una serie de acciones para exigir elecciones generales, libertad de los presos políticos, devolución de todas las facultades a la Asamblea Nacional, reconocimiento de la crisis social y humanitaria, entre otros, por lo que desde el desde el pasado 1 de abril, se han convocado y llevado a cabo protestas pacíficas.

Y si bien el ministro de la Defensa y comandante del Comando Estratégico Operacional, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, ha reconocido que el derecho a la protesta, “pacíficamente y sin armas”, está garantizado en la Constitución Nacional, la realidad es que las marchas organizadas por la oposición han sido reprimidas violentamente por la Guardia Nacional, cuarto componente de la Fuerza Armada Nacional, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, así como por otros organismos de seguridad del Estado y regionales.

Violación de derechos humanos

La arremetida de la fuerza pública empleando gases lacrimógenos tenido como objetivo incluso hospitales, como ha quedado evidenciado. Asimismo, se ha acusado a la Guardia Nacional y cuerpos policiales y de seguridad de emplear gases lacrimógenos vencidos y de contenidos químicos proscritos lanzados desde helicópteros en vuelo, todo en violación de lo estipulado por leyes nacionales y convenios internacionales.

A todo esto se suma otro factor que es la participación de los denominados Colectivos de la Paz, grupos de civiles armados afectos al régimen, en la represión de las manifestaciones opositoras. A sus integrantes, que se desplazan en motos, se les acusa de cometer todos tipo de agresiones a los manifestantes, incluso homicidios, así como saqueos a establecimientos comerciales y otros actos vandálicos, con la complicidad de las autoridades civiles y militares.

Todos estos hechos han producido denuncias, en el ámbito nacional e internacional, sobre violación de derechos humanos e incluso se ha hablado de “crímenes de lesa humanidad”.

Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, mayor general (Guardia Nacional) Néstor Reverol Torres, ha negado los señalamientos de la oposición y ha asegurado que los guardias nacionales y funcionarios policiales ha actuado “en estricto apego de los derechos humanos”. A la vez, ha denunciado que existe una “agenda violenta de agresión, perturbación y terrorismo” por parte de “grupos” opositores que “siguen acariciando la vía del golpe de estado como mecanismo para hacerse del poder político” y derrocar al presidente Maduro.

Hay que decir, además, que las protestas de calle se han expandido por distintas ciudades del país y que, una vez concluidas las marchas o concentraciones programadas, los enfrentamientos continúan en determinados lugares, incluso hasta la madrugada. Como resultado, a la fecha han fallecido seis opositores, decenas de personas han resultado lesionadas, algunas de gravedad, mientras que las personas detenidas suman cerca de 500.