Problemas ligados: previsión y estructura de personal en las FFAA chilenas

El sistema previsional de las FFAA chilenas es hoy blanco de fuertes críticas. Estas nacen del hecho de que la mayor parte del resto de los chilenos recibe pensiones más bajas, que son financiadas desde sus salarios y sin contribución del empleador, bajo el control de instituciones financieras privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones o AFP. Estas siempre registran muy elevadas ganancias pero, salvo en los casos de cotizantes de muy altos ingresos, proveen magras pensiones para hombres y mujeres que se jubilan, respectivamente, a los 65 y 60 años de edad. Mientras, los uniformados chilenos pueden jubilarse desde los 40 años de edad, tras 20 años, con pensiones muy superiores.

Lo anterior es visto como una de las mayores muestras de la inequidad socio-económica existente hoy en Chile. Y el hecho de que el sistema de AFP haya sido instaurado durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1990, cuando no se reformó o se consideró reformar el sistema previsional de los uniformados, contribuye a acalorar más el debate. Y a eso se ha sumado la denuncia de que muchos jubilados están siendo recontratados por las Fuerzas Armadas, para cubrir la falta de personal calificado en ciertas áreas técnicas o para desempeñarse como profesores en academias. Mientras continúan recibiendo sus pensiones, los recontratados ganan un salario y pueden volver a jubilar para recibir una segunda pensión. Y ahora también se han agregado denuncias sobre posibles irregularidades en el otorgamiento de pensiones por retiros tempranos por invalidez.

Redondeos a la baja

Frente a lo anterior, arrecian las demandas por igualar el sistema de pensiones castrense con el sistema civil, es decir, por una nivelación hacia abajo que responde más a resentimientos y deseos de venganza que de justicia social. Pero el verdadero problema, con mayor alcance y efecto social, está en el perverso y nefasto sistema de previsión privada impuesto en Chile por tecnócratas civiles neoliberales bajo el amparo de una dictadura militar. Y es lamentable que en casi treinta años de democracia electiva, por efecto de una falta de capacidad y de voluntad que atraviesa todo el espectro político chileno, no se haya reformado o reemplazado el nefasto y perverso sistema de AFP.

Sin embargo no es menos cierto que el actual sistema previsional de las FFAA en Chile tiene problemas, que no se limitan a las irregularidades mencionadas, las que pueden ser producto de la reticencia de las autoridades civiles a fiscalizar y reformar aspectos de fondo del sector militar. Los fondos para el pago de pensiones castrenses, que entre los años 2011 y 2015 tuvieron un giro total de 3.8 billones de pesos chilenos para más de 100 mil beneficiarios, registran cada año un déficit importante que es cubierto por el fisco mediante aportes financieros adicionales. De hecho, sólo el 6% de las pensiones es cubierto por el ahorro de los uniformados, mientras que el restante 94% es cubierto por el fisco. Es decir, el aporte que los beneficiados hicieron durante su servicio activo es marginal, dejando un déficit substancial que es cubierto por su empleador, el Estado. La razón de fondo del déficit no es que las pensiones sean muy elevadas en monto -sólo una minoría de ellas lo es- sino que demasiados uniformados prestan servicio activo por periodos largos, por 20 o más años, calificando para pensionarse.

Los balcones de la pirámide castrense

Efectivamente, la estructura de personal de las FFAA chilenas es la verdadera raíz del problema. Las estructuras de personal castrense deben constituir pirámides -o grandes cubos con una pequeña pirámide encima- bajando desde sus escalafones de oficiales al cuadro permanente de tropa. Es decir, un pequeño número de servidores de grado superior y mayor antigüedad en la cima, con una gran base constituida por un número mayor de servidores de menor graduación y antigüedad. Pero las FFAA chilenas han tenido crónicamente problemas para mantener una adecuada estructura, porque la mayoría del personal logra permanecer en servicio activo por un periodo largo de tiempo. Es por eso que muy a menudo se bromea respecto de que "la pirámide tiene grandes balcones" en sus niveles superiores. Pero es un mal chiste, porque esa anomalía recarga el sistema previsional, generando una excesiva obligación de pago de pensiones.

En la década de los noventa, tras la restauración de la democracia, hubo en Chile un gran debate sobre la defensa, que entre otras cosas abordó la necesidad de una reforma de la carrera militar para normalizar la estructura de personal. Y se concluyó que era necesario modernizar el reclutamiento y el servicio, tanto para los oficiales como la tropa. En ese marco comenzó a tomar forma la idea de establecer una de carrera militar corta, orientada a proveer una parte mayoritaria de los oficiales y la tropa en los rangos de edad entre los 20 y los 38 años de edad, cuando hombres y mujeres están en las mejores condiciones físicas para desempeñarse en roles de combate y de campo. La mayor parte del personal de las Fuerzas Armadas, y muy en especial de la fuerza terrestre, debería estar conformada por personas en ese rango de edad, conformado un cubo coronado por una pirámide. Y esta última con número menor de personal de mayor edad, rango y antigüedad en el servicio, dedicado a tareas como alto mando, planificación superior, supervisión técnica, logística y administración.

Un debate paralizado

Lamentablemente, el debate abierto sobre Defensa que había florecido en los años noventa fue ahogado a principios del milenio por las autoridades civiles, que tenían dificultades para enfrentar las preguntas y demandas que dicho debate generaba. Y ahí fueron quedando en el camino las reformas de la Justicia Militar, del sistema de financiamiento de las compras de material bélico vía la Ley del Cobre y de la carrera militar. Y los problemas con la estructura de personal y la previsión militar, ahora empeorado por posibles irregularidades, siguieron rodando y creciendo como bola de nieve.

Los problemas derivados de la recontratación de personal retirado y pensionado pueden resolverse mediante legislación o una adecuada reglamentación. Pero impedir dichas recontrataciones complicará a las fuerzas armadas, porque ellas apuntan a cubrir faltas de personal calificado que no está disponible en el mercado laboral civil. Pero para disminuir el costo del sistema de pensiones castrense no existe una solución inmediata o de corto plazo, sino sólo aquella a mediano y largo plazo que resultaría de implementar una reforma de la carrera militar. Pero eso también pasa por reformar el sistema general de pensiones hoy existente en Chile, eliminando o modificando la perversa reglamentación favorable a las AFP. De otra forma, la instauración de una modalidad de servicio o carrera militar corta, donde ese personal sería derivado a las AFP al momento de retirarse, fracasará por el poco interés que habrá en reclutarse.

La fuerza militar no puede hoy improvisarse como se hacía antaño. El personal requiere de una instrucción más completa, que a su vez exige más tiempo y recursos, con una inversión que para ser costo/efectiva necesita que quienes se reclutan permanezcan en el servicio por periodos más largos. Eso no necesita extenderse para la mayoría del personal por más de dos décadas, pero si debe ser entre los 20 y 38 años de edad, mientras que se requerirá una carrera extendida, con nuevos grados, para la minoría de suboficiales especialistas que sea necesario retener por treinta o más años.

Eso, sumado a que en todo el mundo los militares tienen un régimen salarial especial, es una realidad a la que ningún país, incluido Chile, puede sustraerse. El personal es tan importante como las plataformas y los sistemas de arma.