El Congreso debatirá modificaciones en la ley contra las minas antipersona

(Infodefensa.com) Madrid – El pleno del Congreso de los Diputados estudiará mañana si toma en consideración la propuesta de CiU de modificar la ley de 1998 de prohibición total de minas antipersona para incluir las municiones en racimo y la posibilidad de imponer sanciones por incumplimiento.

En la proposición de ley, según informa Europa Press, el partido nacionalista catalán defiende la necesidad de ampliar la legislación a las municiones de racimo con el objetivo de adaptarse a los últimos acuerdos internacionales que luchan para que estas armas que causan "sufrimientos inaceptables" a las personas "no vuelvan jamás a emplearse" y para que "se destruyan decenas de millones de submuniciones en racimo".

Concretamente, CiU quiere que se incorpore a la ley la Convención de Oslo, firmada por 107 países y en vigor desde el 1 de agosto de 2010. Este acuerdo, junto con el Protocolo V, sobre restos explosivos de guerra, y la Convención de Otawa, sobre la prohibición de minas antipersona, forma "un conjunto de herramientas que permiten prevenir o poner remedio a las consecuencias, a menudo trágicas, que todas las municiones explosivas empleadas en conflictos armados tienen en los civiles".

Imposición de sanciones

Además, el grupo catalán propone el establecimiento de sanciones a cualquier persona o entidad, pública o privada, que incumpla alguna de las actividades vetadas por la ley.

La cuantía dependería de la gravedad de los hechos y estaría entre los 5.000 y un millón de euros.

Según refleja la propuesta, duchas sanciones serán aplicables sin perjuicio a las previstas en la legislación para el personal militar.

Igualmente, entre las modificaciones que propone CiU, está la inclusión como actividad prohibida de la financiación que, "de forma directa o indirecta", contribuya a proyectos que tengan como finalidad el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación, transferencia o exportación de minas antipersona, municiones en racimo y armas de efecto similar.También precisa que el Estado español, su personal militar o sus nacionales "podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con otros Estados que pudieran desarrollar actividades prohibidas en esta ley", aunque no se les autoriza a desarrollar o adquirir estas armas, almacenarlas, utilizarlas o solicitar su uso.

Si la proposición es aprobada, las empresas productoras de municiones en racimo, así como cualquiera que pudiera poseerlas con cualquier propósito, deberán informar al Ministerio de Defensa sobre la cantidad que poseen o tienen bajo control.