Trece empresas contratistas de Defensa son imputadas por cohecho en un caso de corrupción

El titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 ha imputado “provisionalmente” a 13 empresas contratistas del Ministerio de Defensa por cohecho en un caso de corrupción en la adjudicación de contratos que motivó la detención de dos tenientes coroneles el pasado mes de abril, informa el diario El País,

Según este medio, las empresas imputadas son Clece, Ucalsa, Seguridad Integral Canaria, Galilea, Ariete, Proman, Willis Ibérica, Beyond Soluciones y Servicios, TRC Informática, Grupo Olmata, Cleanet, RMC JIT y Tecnove Sociedad Limitada.

La investigación a los dos oficiales, denominada KPanda por la Guardia Civil, incluyó intervenciones telefónicas, control de cuentas bancarias y seguimiento de sus comidas en lujosos restaurantes de Madrid con directivos de empresas contratistas de Defensa. El juez ordenó también el registro de sus despachos oficiales en la sede central del ministerio y en el Cuartel General del Ejército.

Según recoge el citado diario, el teniente coronel E.R.R. admitió ante el juez que asesoraba a empresas contratistas de Defensa, les preparaba documentación administrativa y les avisaba de cuándo se iba a convocar algún concurso. A cambio, recibía contraprestaciones en metálico o en forma de invitaciones a partidos de fútbol y tenis o corridas de toros. También reconoció haber recibido una transferencia de 20.000 euros de Ucalsa, aunque no se formalizó en ningún documento ni se declaró a Hacienda. Igualmente admitió haber recibido 5.000 euros de Seguridad Integral Canaria, 6.500 de la empresa de limpieza Cleanet y otros 2.000 de la compañía de seguridad Ariete. Además, un hijo suyo trabaja desde hace pocos meses para Proman, adjudicataria de unos 70 contratos de Defensa.

Por su parte, el teniente coronel C.P.R. se negó a declarar ante el juez, escudándose en el carácter secreto del sumario. Su compañero, sin embargo, confesó que ambos “iban al 50%” y agregó que, aunque C.P.R. tampoco tenía poder para adjudicar contratos, era el encargado de gestionarlos y vigilar su cumplimiento una vez firmados. También un hijo de C.P.R. trabaja para una empresa que suministra a Defensa, en este caso Ucalsa.

Ambos oficiales continúan en prisión por un delito contra la Hacienda Militar, penado con hasta seis años. El defensor de uno de ellos, Antonio Suárez-Valdés, sostiene que no tenían posibilidad de dar contratos, ya que se adjudicaban por subasta electrónica, y solo han podido incurrir en incompatibilidad administrativa por asesorar a las empresas.

El pasado 3 de mayo fueron detenidos también tres directivos de empresas contratistas con Defensa, aunque quedaron en libertad tras prestar declaración.

Información confidencial

La investigación se inició en noviembre pasado, después de que en la Dirección General de Asuntos Económicos de Defensa se recibiese una “información confidencial de una fuente fiable”, según la cual dos tenientes coroneles “estaban pidiendo comisiones a empresas relacionadas con expedientes de contratación” del ministerio.

La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, trasladó la denuncia a la fiscalía castrense, que ordenó investigar a la Guardia Civil. Las sospechas se vieron corroboradas por la declaración de un responsable de Seguridad Integral Canaria, quien aseguró que los dos tenientes coroneles le habían pedido un pago mensual “por la contratación de su empresa en el Ministerio de Defensa” y aportó la grabación de una comida con ellos.

Finalmente, en marzo pasado, la Fiscalía presentó una denuncia ante la Justicia militar. La causa fue declarada secreta y los dos tenientes coroneles fueron detenidos el 28 de abril. El juez ordenó prisión incomunicada.