El Gobierno no tendrá que indemnizar a Instalaza por el veto a las bombas de racimo
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El Gobierno no tendrá que indemnizar a Instalaza por el veto a las bombas de racimo

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El Tribunal Supremo ha rechazo que el Gobierno deba indemnizar a la empresa española Instalaza por la prohibición de fabricar bombas de racimo decretada en 2008. El alto tribunal ha dado la razón al Gobierno en contra de la petición de la empresa, que reclamó una compensación económica por las pérdidas que le había ocasionado el veto a este armamento.

España fue uno de los más de 100 países que, en mayo de 2008, firmaron en Dublín un tratado para prohibir el uso de bombas de racimo. El Gobierno español, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó meses después una moratoria sobre el uso, producción, almacenamiento, compra o transferencia de este armamento y ordenó destruir el que ya estuviera fabricado. La empresa Instalaza, de la que el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, fue consejero antes de entrar en el Gobierno, tenía en su catálogo el modelo MAT-120.

Instalaza reclamó al Gobierno 40 millones de indemnización en concepto de “daño emergente y lucro cesante”. En septiembre de 2011, el Consejo de Ministros rechazó la petición de la empresa y ésta decidió llevar el asunto a los tribunales. La Audiencia Nacional volvió a dar la razón al Estado en octubre de 2013, una sentencia confirmada ahora por el Supremo.

El argumento esgrimido por el Supremo es que el acuerdo del Consejo de Ministros “no tiene por objeto una privación específica de derechos de la empresa y sí la modificación del régimen existente por otro más acorde con la protección de la vida humana y el derecho internacional humanitario”.



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