El pago de los PEA, otra vez pendiente
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El pago de los PEA, otra vez pendiente

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Prácticamente desde la primera vez que nos asomamos a esta ventana, allá por diciembre de 2013, hemos dedicado especial atención a la problemática en torno a los programas especiales de armamento.

Aún con el riesgo de ser reiterativos, planteamos nuevamente la importancia que han tenido estos programas para el desarrollo industrial y tecnológico, la creación de empleo de calidad, especialmente en determinadas zonas, y el posicionamiento de España y su industria en el ámbito europeo. Su efecto ha ido mucho más allá de proporcionar sistemas de armas a las Fuerzas Armadas. Este objetivo se ha presentado como principal, aunque la realidad pueda llevar a pensar que estaba supeditado a otro de mayor alcance desde el punto de vista político, como era la generación de riqueza e inversiones a nivel general.

El mecanismo de financiación de estos programas, ideado, insistimos, en un marco más amplio de potenciación de la industria nacional, es un problema que diferentes gobiernos de ambos signos han ido posponiendo y resolviendo sin una perspectiva a largo plazo que permitiera asumir los compromisos contractuales y abordar nuevas inversiones.

Sobre estas últimas, los diferentes gobiernos han ido “jugando” en función de criterios de oportunidad política, con criterios a menudo electoralistas. No nos cabe duda que una aproximación de carácter estratégico debería haber planteado hacia dónde deberían dirigirse los esfuerzos en futuras inversiones para afianzar y reforzar nuestro tejido industrial y nuestra posición en el marco global europeo.

Pero aún dudamos menos que la primera obligación es asumir los compromisos contraídos. Esta semana se ha conocido que el pago de la anualidad correspondiente a este año, cercana a los 1.000 millones de euros, no se abordará hasta que no haya un nuevo Gobierno. Una hipótesis que ya habíamos también avanzado desde aquí hace unas semanas.

Nos encontramos nuevamente en una situación que creíamos superada. Recordemos que, en el marco de crisis económica, el Gobierno de Zapatero decidió no realizar los pagos correspondientes a las anualidades 2010 y 2011. El actual Gobierno tomó entre sus primeras decisiones poner al día tales compromisos y realizar los pagos de esos años junto con los de 2012, para regularizar la situación antes de acometer la revisión de los programas.

Quizás el mecanismo del real decreto utilizado no se ajuste a derecho. Algo que tendrá que dilucidarse en el ámbito del Tribunal Constitucional, tras el recurso planteado por el PSOE hace casi un año. En el fondo, eso es un tema de procedimiento. Pero la alternativa no es no pagar y dejar el problema sin resolver hasta que se forme nuevo Gobierno.

El impago produce, a nuestro juicio, problemas en tres ámbitos. El primero es, evidentemente, para las empresas contratistas cuyas cuentas de resultados se ven afectadas de forma importante. Aunque algunas puedan “aguantar el tirón”, el problema para otras puede ser de mayor alcance. Esto trae asociado el segundo problema, que sería el efecto dominó por los impagos de estos grandes contratistas a sus subcontratistas. Recordemos también que los programas de armamento han producido un efecto tractor sobre numerosas empresas de menor tamaño que tendrán problemas de subsistencia. El tercero sea quizás el de mayor calado, puesto que afecta a nuestra credibilidad y solvencia y no solo como socio en defensa. En un momento en el que desde el punto de vista industrial se están produciendo movimientos en Europa, nos preguntamos quién va a querer contar con un socio que no es capaz de cumplir sus compromisos y no los asume con seriedad. Lo que lleva en definitiva a cuestionar el papel en el que queda España cuando se aborden determinadas iniciativas que condicionarán la evolución industrial y tecnológica europea a medio y largo plazo.

Cuando se trata de empresas nacionales el problema es grave, pero al menos las decisiones estratégicas están en nuestras manos, pero cuando se pierde la credibilidad frente a grandes grupos internacionales, donde la capacidad de influencia es reducida o nula, lo que se está poniendo en riesgo es la continuidad de las inversiones de tales grupos en nuestro país, que no dudarán en deslocalizar sus inversiones si no se ofrece un mínimo de seriedad en los planteamientos.

Se trata, en fin, de un problema político importante donde habría que pedir un poco más de cordura y sensatez.

El Gobierno en funciones se lava las manos. Es opinión generalizada que fue un acierto acelerar el trámite para la aprobación del presupuesto del ejercicio actual, pero también es generalizada la opinión de que no se entiende cómo, tras la aprobación de la Ley por la que se estableció el pago de la anualidad de 2015, no se previeron los posibles efectos que una situación de ‘inmpasse’ político pudiera tener sobre la de este ejercicio. Sin duda, habría razones que se nos escapan para no incluir la letra de este año en esa ley, pero tampoco era muy realista dejar el tema en espera.

Por su parte tampoco parece muy coherente la posición del principal partido de la oposición, el mismo que dejó de pagar en 2010 y que pidió una revisión de los programas y de su mecanismo de financiación a finales de 2011. Más llamativa aún es la posición de alguno de sus miembros que todavía habla de “industria militar” y que parece regocijarse con los posibles efectos retroactivos que pueda tener una decisión del Constitucional sobre los pagos realizados entre 2012 y 2015.

Mientras tanto, el Parlamento salido de las urnas en diciembre de 2015 ha estado ocupado a su manera en estas cuestiones. El llamamiento realizado a finales de octubre por patronal y sindicatos sobre la importancia de mantener las inversiones en industria de defensa no ha llegado a sus señorías. Los partidos “alternativos” han planteado posturas cuando menos peculiares. Al mismo tiempo que Podemos cuestiona las inversiones en sistemas de defensa, ha presentado una proposición no de ley instando al gobierno a plantear un plan estratégico para potenciar a Navantia, especialmente en Cádiz. Por su parte Ciudadanos plantea otra en torno al desarrollo del polo aeronáutico de Albacete en la que pide expresamente como medidas de impulso la creación de un “consejo de dirección” para el polígono y su fomento “con actividades y medios divulgativos” y “la representación del complejo en ferias aeronáuticas y logísticas internacionales” (sic). Sin duda llamativo.

Reclamamos un poco de seriedad a nuestros políticos en un tema que sin duda es de interés general porque están en juego nuestro presente y nuestro futuro en un sector industrial estratégico y se ponen en riesgo muchos puestos de trabajo, las inversiones realizadas en las últimas tres décadas y nuestra credibilidad internacional.



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