La prórroga de los presupuestos para 2017 deja en el aire los pagos de los PEA otro ejercicio más

El Gobierno de Mariano Rajoy ha comunicado a la Unión Europea que prorrogará para 2017 los Presupuestos General del Estado de este año, lo que tendrá importantes consecuencias negativas para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, según coincidieron diversos expertos consultados por Infodefensa.com.

Una de las consecuencias principales es que dejaría en el aire por segundo año consecutivo el pago de la anualidad correspondiente a los Programas Especiales de Armamento (PEA) y hará muy difícil el lanzamiento de nuevos programas de adquisición o incluso el mantenimiento de los proyectos tecnológicos en marcha.

Respecto a los PEA, hay que tener en cuenta que el Gobierno de Rajoy no ha librado la anualidad correspondiente a 2016 después de que el Tribunal Constitucional rechazara el sistema utilizado hasta ahora para hacer frente a estos pagos a través de créditos extraordinarios y real decretos leyes.

Los pagos anuales a la industria de Defensa derivados de los PEA rondan los 1.000 millones de euros, lo que significaría que, si la situación actual se amplía a 2017, las principales empresas del sector acumularían una deuda cercana al doble.

Hay que tener en cuenta, asimismo, que de los casi 27.000 millones que se adeudan a las empresas por estos programas, más de la mitad hacen referencia a programas ya terminados hace años como el programa Leopardo o la F-100, de manera que, según declaró el experto en defensa Enrique Navarrro, en términos de facturación futura y trabajo real las cantidades pendientes apenas representa 7.000 millones de euros en los próximos cinco años concentrados en básicamente dos programas S-80 (Navantia) y A400M (Airbus).

Asimismo, la prórroga del presupuesto para 2017 implicará que Defensa y los distintos Ejércitos no podrán disponer de otros recursos financieros que los mismos que en 2016 – unos 5.800 millones de euros- y estarán obligados a gastarlos en los mismos capítulos y partidas señalan en el presupuesto de este año.

No se puede emprender nuevos proyectos

El profesor de Economía Aplicada, director de la Cátedra UCM-Isdefe, Antonio Fonfría Mesa, explicó a Infodefensa.com que “la congelación presupuestaria implica que no se pueden actualizar sueldos de funcionarios, obviamente los militares incluidos” ya que no habría partida presupuestaria a la que se podría contabilizar.

“Además -agrega-, si no hay un techo de gasto aprobado, no se puede actualizar ningún otro gasto, lo cual implica que para Comunidades Autónomas, Organismos Autónomos dependientes de Ministerios, como el INTA y otros Organismos, el gasto con el cual estarán actuando no es real y no se pueden emprender nuevos proyectos”.

Los PEA, más complicado aún

En cuanto a los PEA, Fonfría añadió que la situación es “más complicada, ya que, por una parte, no se puede plantear el gasto real para hacer frente a pagos del año 2017, y por otra, al estar en el Tribunal Constitucional la forma en la cual se venían planteando esos pagos, junto con el informe del Tribunal de Cuentas que no considera los argumentos de peso suficiente, el riesgo para las empresas es muy elevado”.

Según Fonfría, esto implica un problema de seriedad y credibilidad del Estado frente a las empresas, tanto nacionales, como aquellas que pertenecen a consorcios internacionales con los cuales se tienen obligaciones que no pueden ser actualizadas. En definitiva, el margen de maniobra es cero”.

Efecto negativo para Defensa

En esta línea, Carlos Martí, profesor del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, dependiente de la UNED, agregó que esta situación “complica la necesaria toma de decisiones del Ministerio en relación, en concreto, con las adquisiciones necesarias en defensa y en particular con los PEA”.

La prórroga, subrayó a Infodefensa.com, tiene un efecto “negativo” tanto para la industria como para la propia Administración de Defensa”.

Además, destacó que “la no aprobación de créditos extraordinarios para los PEA, al estar el gobierno en funciones, supone que este pago se retrasará posiblemente en torno a un año, lo que supone un coste financiero más alto para la industria que habrá que financiar de alguna forma (bien por la Administración bien por la empresa con cargo a sus beneficios)”.

Martí recalcó que, en cualquier caso, se produce “un sobrecoste y unos efectos innecesarios si los representantes de los partidos hubieran sido capaces de consenso y de investir al candidato a la Presidencia”. Aunque afirmó que todavía hay margen para buscar soluciones, señaló que “se trata ciertamente de una noticia que no resulta positiva”.

Reputación de España

Por su parte, el director del think tank Artículo 30, Gabriel Cortina, insistió en que la prorroga afecta “negativamente” a la reputación de España, “es un tema muy importante en el ámbito global y regional”.

Este analista abre la posibilidad a la aprobación de créditos excepcionales. “Hay un presupuesto básico, aprobado por el Parlamento, pero también hay unas posibilidades que permiten la modificación de crédito por acuerdo del Consejo de Ministros. Se puede generar crédito y esto es lo que salvaría una posible situación de incertidumbre. La decisión de la prórroga no afecta a los programas especiales”.

Cortina señaló a Infodefensa.com que esta situación si implica una renuncia a contratos. “Va a ser necesaria una adecuada voluntad política para poder hacer frente a los retos que se plantean en Defensa, en especial, la de asegurar la operatividad”, pronosticó.

“La prórroga manifiesta los defectos de una Defensa ‘parlamentarizada’, donde se deben votar por mayoría una serie de decisiones relevantes. Alrededor de nuestras fronteras regionales hay una serie de amenazas que nos dejan en una situación vulnerable. La Administración tiene mecanismos para abordarlos, pero es necesario tener un escenario político reforzado. La situación parlamentaria y sus implicaciones para la política de Defensa no lo favorecen”, concluyó este experto.