¿Alguien tiene alguna idea

Lamentablemente parece que, salvo decisión in extremis, se confirma que el Reino de España no cumplirá este año con las obligaciones contractuales del pago de la anualidad correspondiente a los programas especiales de armamento. Con un gobierno en funciones y un ejercicio presupuestario cerrado a 31 de julio por imperativos de política nacional, no es probable que se produzca una solución a este problema atendiendo al "interés general".

Se plantea entonces la pregunta de ¿ahora qué? Es preciso encontrar soluciones para un problema que afecta tanto a la Administración como a las empresas. La situación plantea la necesidad de actuar en dos planos. El coyuntural de cómo abordar el pago de la anualidad de 2016, y el de fondo por la necesidad de encontrar una solución a largo plazo.

La primera premisa es que tiene que haber un gobierno con capacidad y voluntad de plantear soluciones en ambos planos. La segunda es que en cualquier caso esas soluciones deben ser políticas y, por lo tanto, requerirán de una gran dosis de esfuerzo y voluntad entre los diferentes partidos puesto que es un problema que no es desconocido ni imprevisible y que trasciende a una legislatura por lo que afectará a gobiernos de diferentes tendencias.

Para el pago de la anualidad de 2016, y posiblemente la de 2017, la prórroga del presupuesto para el próximo ejercicio complica un poco más la situación. Se trata de una cantidad pendiente estimada en 900 millones de euros de 2016 y unos 1.100 millones de 2017. En total unos 2000 millones de euros. Atendiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional el mecanismo de abordar los pagos mediante Real Decreto Ley no se ajusta a derecho.

Habrá que recurrir por tanto a otra solución. Incluir en Presupuestos Generales del Estado ambas anualidades o elaborar una Ley específica similar a la 32/2015 en virtud de la que se realizó el pago de la anualidad de 2015 tras el recurso presentado al Tribunal Constitucional. El incremento de la partida del Ministerio de Defensa no parece muy "vendible" hacia la opinión pública, ni es deseable para Defensa por las repercusiones que podría tener sobre el conjunto de las inversiones. Su imputación a otro ministerio podría justificarse como desarrollo tecnológico de la industria nacional. Una justificación lógica y realista.

En cualquier caso serán decisiones políticas que habrá que trabajar y consensuar tanto internamente como en el marco de las condiciones de evolución de déficit y deuda impuestas por Bruselas. Sin olvidar, por cierto, que la Unión Europea demanda más esfuerzo en seguridad y defensa a sus Estados miembros. En ese marco, habrá que abordar también el problema de las recepciones de algunos sistemas (EF2000) que están pendientes por razones ajenas al programa y al contratista.

Pero las actuaciones a corto no resolverán un problema estructural que requiere una decisión a largo plazo.

En algunos ámbitos se está planteando una nueva reprogramación tras las realizadas en 2009 y 2013. No pensamos que esta sea una solución viable. Primero porque hay que cerrar el tema. No es razonable continuar demorando pagos de programas iniciados hace dos décadas y cuyo plazo de carencia se había establecido inicialmente en 10 años. En segundo lugar, porque las reprogramaciones no son gratis. En 2009 se contemplaban compromisos por 26.700 millones de euros hasta 2025. La de 2013 incrementaba hasta 29.500 milllones las obligaciones y las extendía hasta 2030. Finalmente porque afectan a la entidad de los programas con repercusiones industriales y de capacidad operativa. Así se incrementan los costes, se pierde capacidad industrial y peso político en los consorcios industriales.

La solución de elaborar una ley programa para la financiación de la Defensa de forma ideal debería ofrecer un horizonte al conjunto de inversiones para la Defensa Nacional. Una alternativa más limitada sería que contemplase exclusivamente las obligaciones de pago de los programas especiales. Básicamente lo que se hizo para la anualidad de 2015 pero extendiéndolo al periodo contractual completo. Esta opción permitiría separar este problema de las inversiones futuras, que se están viendo condicionadas por la situación actual. En ambos casos se trata de procesos largos y que también dependen de voluntad política.

Como tercera vía se plantea recurrir al mecanismo de los llamados pagos por compensación lo que sería compatible con los objetivos de deuda y déficit y con la legislación europea. Es decir convertir los anticipos reembolsables en pagos definitivos, lo que reduciría la cantidad pendiente en aproximadamente un 50%.

El informe de fiscalización publicado por el Tribunal de Cuentas analiza los problemas planteados por el "peculiar modelo de financiación" de las grandes inversiones en sistemas de armas. Apunta también otros y sus posibles soluciones: mayor control de costes laborales, memorias que analicen el impacto que los retrasos en los pagos tienen sobre las empresas, incompatibilidad de beneficios en algunos casos en razón de la relación de algunas empresas con la Administración, presupuestación realista, establecer incentivos para los contratistas o materialización de penalizaciones por incumplimientos. Quizás sea el momento de abordar también medidas en esos ámbitos.

El llamado "modelo alemán" que ha movilizado inversiones del orden de los 30.000 millones de euros durante los últimos 20 años ha permitido generar empleo, acceder a tecnología, propiciar el desarrollo industrial y reforzar la presencia internacional española. Pero está agotado y hay que buscar alternativas para abrir el futuro.