Un primer paso para el pago de los PEA
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Un primer paso para el pago de los PEA

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El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre autoriza la modificación de la anualidad de 2017 para el pago de los programas especiales hasta alcanzar un valor total de 1.824.476.938,24 euros. Esta modificación traslada el importe de la anualidad pendiente de pago en 2016 al ejercicio 2017.

Se trata de un primer paso importante y necesario para regularizar el pago de los compromisos derivados de los contratos de tales programas. Pero todavía no suficiente. A partir de ahora hay que materializar la decisión, lo que puede hacerse a través de diferentes vías.

La primera sería incluir la cantidad en el presupuesto ordinario del Ministerio de Defensa. Esta medida llevaría a una cifra de presupuesto inicial de unos 7.700 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado se ha establecido en unos 118.000 millones, el presupuesto de defensa inicial para 2017 rondaría el 6,5% sobre el total. En ejercicios anteriores este porcentaje se ha situado ligeramente por debajo del 5%. Si aceptamos como hipótesis que el presupuesto consolidado se incrementa en unos 1.000 millones cada año para atender a los compromisos de operaciones en el exterior, la cifra resultante nos daría un consolidado para 2017 de unos 8.700 millones.

Ligeramente por encima de la realidad financiera de Defensa de los últimos cinco años. Esta posibilidad es la más rápida para realizar el pago y la más coherente. Evidentemente, obliga a buscar un acuerdo parlamentario en el proceso de aprobación de los presupuestos generales del Estado, y suficiente valentía política por parte del Gobierno para plantear los incrementos que apuntamos y de la oposición para afrontar la realidad.

La segunda opción que se presenta sería recurrir a la promulgación de una ley específica exclusivamente para la anualidad 2017. Resolvería el problema coyuntural pero no la incertidumbre a largo plazo, que es el problema de fondo. En las actuales circunstancias políticas su aprobación puede implicar una tramitación larga y compleja, pero despejaría presiones sobre Defensa.

Ambas opciones dejarían sin plantear adecuadamente las posibles inversiones futuras que son necesarias para la modernización de las Fuerzas Armadas y para materializar la política industrial de defensa.

Aparece entonces una tercera opción en la que se podría compaginar como solución de urgencia alguna de las dos medidas apuntadas y, en paralelo, buscar una solución para el resto de los pagos hasta 2030, o por lo menos para la duración de esta legislatura. Así se podría, mediante ley específica, dar estabilidad al resto de los pagos correspondientes a los contratos actualmente en vigor, y abrir un margen a nuevas inversiones para aquellos programas que tengan una repercusión sustantiva sobre el tejido industrial nacional.

Se trata de una posibilidad igualmente larga, compleja y laboriosa pero quizás la más razonable para dar solución a un problema que es de interés general, mientras se buscan soluciones para iniciar nuevas inversiones, con un respaldo parlamentario lo más amplio posible que ofrezca un margen de estabilidad razonable.

Por otro lado, no debemos olvidar como posible factor de influencia en las decisiones que se tomen, que Bruselas autoriza a flexibilizar el impacto sobre la contabilidad nacional de determinadas inversiones en defensa. Esto afecta, fundamentalmente, a los programas aeronáuticos, que representan dos tercios aproximadamente del volumen de pagos pendientes, y a las recepciones en algunos sistemas.Quizás esto ayude a despejar el camino o al menos una parte.

En cualquier caso, la solución no debe verse desde el punto de vista meramente económico para resolver un problema que se percibe como del ministerio de Defensa aunque no sea así. La solución debe plantearse desde una perspectiva global puesto que el problema tiene implicaciones sobre política industrial, tejido productivo, mercado laboral y seguridad nacional, especialmente en un momento en el que se nos demanda un mayor esfuerzo y en el que la industria de defensa a nivel europeo se está reorientando.



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