Cinco militares y empresarios procesados por el presunto amaño de contratos del Ejército

La justicia militar ha procesado al jefe de contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de Intendencia del Ejército de Tierra (Pcami), comandante S. L. S., al subteniente E. G. G. y a los empresarios M. E. R., E. J. C. y T. S. V., a los que acusa de un delito continuado contra la Hacienda Pública y deslealtad, y reconstruye cómo presuntamente idearon una trama para amañar concursos de mantenimiento de contenedores a través de empresas ficticias. En esta organización estaría implicada la compañía Star Defense Logistic & Engineering (SDLE), que rechaza las acusaciones y asegura que "siempre ha actuado dentro del marco legal".

La resolución del Juzgado Togado Militar Central 2 señala que las compañías creadas presentaron durante cinco años sus ofertas a contratos públicos que nunca obtenían, de acuerdo con la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial. La participación de estas empresas otorgaba una apariencia de legalidad a todo el proceso y presuntamente allanaba el camino para que la firma SDLE pudiera ganar dichos contratos, todos ellos destinados a la actualización y modernización de contenedores utilizados por la Fuerza Terrestre.

El auto además detalla que "existen indicios racionales de criminalidad suficientes para suponer la existencia de una organización delictiva mediante la que se controlaba toda la actividad contractual del Centro de Abastecimiento relacionada con la reparación de contenedores y cuyo fin no era otro que el de adjudicar el servicio a Star Defensa Logistic & Engineering".

Infodefensa.com ha podido contactar con la empresa SDLE que rechaza "de plano" la información difundida por el medio la semana pasada y recuerda que todavía "no se ha dictado ninguna sentencia, ni por el Juzgado Togado Militar Central 2, ni por ningún otro órgano judicial, que declare como probados estos hechos". Afirma, asimismo, que "siempre ha actuado dentro de la legalidad" y señala que al estar el asunto bajo el secreto del sumario, no pueden publicar las pruebas que ya han aportado que acreditan su inocencia.

La empresa niega la comisión de un delito por parte de sus trabajadores. "SDLE no ha cometido ningún delito contra la Hacienda Pública, ni tampoco hemos participado en la creación de empresas sin esperanzas de ganar concursos públicos ni hemos urdido ninguna trama", asegura. Además, afirma que "desde el primer momento de esta investigación, se ha prestado la máxima colaboración porque los primeros interesados en que se sepa la verdad. Somos una empresa que siempre ha actuado dentro del marco legal".

Investigación judicial

La organización, según la investigación judicial, adjudicaba a las compañías ficticias contratos secundarios sin publicidad que implicaban trabajos menores para evitar sospechas de fraude. Sin embargo, el juzgado explica que las sociedades "difícilmente podían hacer frente al objeto de los expedientes de contratación, por cuanto que carecían de capacidad técnica y de personal y de la solvencia requerida".

La estructura creada habría provocado un perjuicio a la Administración Pública por valor de 185.000 euros durante cinco años, entre 2010 y 2014, calcula el auto de procesamiento, recogido por el diario digital.

Tres empresas ficticias

Las compañías en cuestión eran Global Investment Dynamic, MISD y Sargantana Desarrollos. El subteniente E. G. G. señala en su declaración que "los contratos grandes siempre se le han adjudicado a Star Defence y creo recordar que las empresas por las que me pregunta han sido adjudicatarias de algún contrato menor". La primera, dijo, no tenía ni siquiera personal y subcontrataba los trabajos.

Además, la resolución recoge que la relación con los investigados y la adjudicataria resulta innegable. Según la información publicada por El Confidencial, la investigación judicial incluye un correo electrónico de un representante de SDLE al jefe de Negociado de Contratación que pone de manifiesto el proceso de creación de empresas. "Mañana a primera hora te enviaremos los datos de la tercera", recogía.

La presunta trama también modificó los pliegos de los contratos para acortar al máximo los plazos de las reparaciones y adjudicar a través de la tramitación urgente y el procedimiento negociado sin publicidad. Una "imperiosa urgencia" que, según el tribunal, no están lo suficientemente justificadas.

"Una justificación ficticia"

El comandante afirmó que la consideración de urgente era consecuencia del desgaste del material en zona de operaciones, pero el tribunal sospecha de esta afirmación. "Esta declaración de imperiosa urgencia para atender a las necesidades de nuestras tropas en zona de operaciones no era sino una justificación ficticia para adjudicar rápidamente sin procedimiento la reparación a la empresa Star Defence", especifica.

La resolución indica que, en todo el entramado, resultaba clave la sociedad EJC Asesores, que actuaba de enlace entre el órgano del Ejército de Tierra y las empresas invitadas a participar. Esta gestoría detalla, según el diario, que "se dedicaba a crear y gestionar estas empresas y otras similares, generalmente a través de personas de nacionalidad extranjera con escasos conocimientos y solvencia para participar en esta contratación".