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Carlos Martí Sempere

Licenciado en Informática y en Económicas y doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Ha desarrollado una larga carrera profesional en el campo de la consultoría en el área de Seguridad y Defensa y es autor de diversas publicaciones en este campo. Recientemente ha publicado el libro "Sobre la eficiencia en defensa".


El coste de la Cooperación Estructurada Permanente (Pesco)

23/07/2018 | Madrid

La decisión de España de formar parte de la Cooperación Estructurada Permanente (Pesco, en inglés) supone un paso importante en su compromiso destinado a fortalecer la Unión Europea y consolidar la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD).

Por otra parte, la creación del Fondo Europeo de Defensa constituye también una gran oportunidad para el Ministerio de Defensa al facilitar la ejecución de los programas de obtención identificados para obtener las capacidades militares que requiere la PCSD en colaboración con otros socios europeos que también cubren las necesidades nacionales de seguridad. La disponibilidad de estos fondos va a suponer una mayor demanda de productos para la industria de defensa y oportunidades de negocio para las mismas.

En definitiva, la Pesco junto con el Fondo Europeo de Defensa son dos pasos importantes y positivos para nuestra defensa de la que se van a beneficiar todos: las fuerzas armadas al obtener más y mejores medios, la industria al obtener más negocio y la sociedad al estar mejor protegidos sus intereses y sus necesidades de seguridad.

Pero la pregunta que surge inmediatamente es qué coste supone participar en la Pesco y que implicaciones tendrá sobre el presupuesto de defensa, una cuestión de especial sensibilidad para el ciudadano. En este sentido, la financiación de la Unión Europea no siempre es completa y exige la cofinanciación de los Estados Miembros que deben desembolsar una parte de estos gastos. Además, es importante garantizar que los fondos que aportan España al presupuesto europeo y los retornos que obtiene están razonablemente equilibrados e incluso existe un cierto superávit.

Un repaso de lista de los compromisos comunes más vinculantes y ambiciosos recogidos en el anexo a la decisión del Consejo 2017/2315 del 11 de diciembre de 2017 por el que se establece la Pesco, muestra pocos valores cuantitativos a alcanzar desde el punto de vista presupuestario. El punto a.1 pide un aumento de los presupuestos en términos reales para alcanzar los objetivos acordados, pero no detalla ninguna cifra específica de incremento. El punto a.2 exige que los gastos inversiones sean en torno al 20%, aunque esta cifra se establece a nivel colectivo de las naciones firmantes. Este valor en 2014 era del 17,8% para los 27 estados miembros de la Agencia Europea de Defensa (EDA). La cifra en nuestros presupuestos de 2018 supone el 33,61% del total. El punto a.4 fija las inversiones en Investigación y Tecnología (R&T) en el 2% de los gastos de defensa, pero también se trata de un valor a nivel colectivo, siendo este valor en 2014 el 1,32% para los 27 Estados. Esta cifra rondaba en España en 2017 un valor de 2,09% (Programa 464A del Mº considerando las actividades del INTA).

Ciertamente, esta lista no exige a priori un mayor nivel de compromiso a España, pues con los presupuestos actuales se podría pensar que España cumple con esos objetivos. El único problema que puede surgir es que está cifra cayera en los próximos años, algo que estaría ciertamente alejado del espíritu de este acuerdo que posiblemente no sería bien visto por nuestros socios.

No obstante, la Pesco exige a los estados miembros un esfuerzo en mejorar sus capacidades para hacer frente a las actuales limitaciones que se perciben en los medios que precisa la PCSD como se recoge en los puntos e y f del anexo de la Decisión. De hecho, existen ya 17 proyectos destinados a este fin, de los cuales España participa en 12 y lidera uno de ellos, según recoge la Decisión del Consejo del 6 de marzo de 2018.

En este sentido, en la medida que los proyectos que se aprueben supongan la cobertura de nuevas necesidades, o no sean utilizables para las necesidades nacionales de defensa, supondrá un aumento del presupuesto al tener que crear partidas adicionales para atender estos gastos. En este sentido, una lectura de los proyectos actuales sugiere una mezcla de las tres cosas: nuevas capacidades, proyectos que pueden tener una utilidad nacional garantizada y proyectos que tienen una repercusión nacional menos significativa. Una valoración más precisa es actualmente difícil de realizar si tenemos en cuenta, además, que el presupuesto de estos proyectos no está todavía cerrado. En este punto hay que reseñar que las necesidades presupuestarias son relativamente bajas al comienzo de los programas, pero, conforme avanzan éstos, estas necesidades aumentan significativamente. Por último, si el resultado del proyecto o programa es positivo, será necesario financiar la adquisición de los nuevos equipos desarrollados si se quiere explotar los resultados de la investigación y el desarrollo de las capacidades y en última instancia exportarlo a otros países. Dado que no sabemos la dimensión de estos proyectos y sus resultados cualquier estimación sería una pura adivinanza.

No obstante, se puede hacer una estimación del valor mínimo del coste que será necesario presupuestar si consideramos las aportaciones que España hace al presupuesto de la Unión Europea, las inversiones del Fondo Europeo en investigación y desarrollo y la participación española en la cofinanciación de los proyectos de desarrollo de capacidades. Un sencillo cálculo nos permite obtener el valor por el cual las aportaciones españolas y los retornos estarían equilibrados. Si tenemos en cuenta que la contribución de España al presupuesto es del 6,17% en 2016, que en siete años del 2021 al 2027 se van a invertir 8.900 millones de euros en el desarrollo de capacidades de los que la UE solo aporta una quinta parte aproximadamente y que los Estados Miembros deben aportar el resto, nos da una cifra mínima en torno a los 314 millones anuales que se deberían reservar para estas inversiones[1]. Y nuestra industria debería tener como objetivo tener ingresos por estos programas por una cifra no inferior a 392 más 36 millones anuales de las cifras destinadas a la investigación y el desarrollo en defensa. Es decir, la industria debería recibir como mínimo un total aproximado de 428 millones anuales para que España quedara la par.

Una de las medidas del éxito de nuestra colaboración con la Unión Europea y con la Pesco es lograr que la cobertura de los medios que precisa nuestra defensa se haga de una forma eficiente, algo que los programas de colaboración con los estados miembros pueden facilitar al aportar más activos industriales y lograr una demanda superior que va a proporcionar economías de escala que, en última instancia se traducirán en más y mejores medios. Además, una parte de la financiación del desarrollo de estos medios correrá a cargo de los presupuestos de la Unión Europea. Pero, como acabamos de demostrar, no debe olvidarse que esto va a exigir compromisos económicos que España va a tener que realizar necesariamente para poder sacar el mejor partido a las nuevas oportunidades que se abren.

Esto hace preciso un debate social para llegar a un consenso de todas las fuerzas políticas para alcanzar un compromiso de gasto en defensa que cubra las partidas económicas asociadas a esta Cooperación para no perder la oportunidad de mejorar nuestros medios de defensa y apoyar nuestra industria. En este sentido, conviene recordar, la experiencia de España en los primeros intentos de consolidar una Europa de la Defensa en el denominado Independent European Programme Group (IEPG). Aunque España se mostró especialmente activa en este grupo en sus comienzos y se apuntó a diversos programas, con el tiempo tuvo que retirarse de muchos de ellos al comprobar que el presupuesto disponible en defensa no podía cubrir los crecientes costes de estos programas que había que compartir con nuestros socios europeos.

 


[1]Esta cifra podría ser inferior pues la contribución de la UE, en algunos casos, puede ser mayor. Para 2019 y 2020 esta cifra estaría en torno a los 62 millones de euros anuales.

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