El Supremo condena a tres militares y un empresario por corrupción

El Tribunal Supremo ha condenado a tres mandos militares y un empresario a penas de entre tres meses y tres años de prisión por cobrar comisiones en la adjudicación de contratos en la Inspección General de Sanidad (Igesan) del Ministerio de Defensa.

Según la sentencia, dos tenientes coroneles y un subteniente idearon una trama de corrupción entre 2008 y 2009 que desviaba fondos de contratos abiertos por este organismo. Los tres, junto con el empresario, se repartían los beneficios producidos por las mordidas.

Los militares, de acuerdo con la resolución judicial, adjudicaban trabajos al empresario de forma irregular. En los contratos investigadas, los implicados en la trama fraccionaban los expedientes y recurrían al concurso negociado sin publicidad. En otros casos, los condenados procedieron a la contratación verbal, reservada para situaciones de emergencia.

Esto permitía evitar los controles administrativos e incrementar el importe de los contratos. El empresario recibía la mitad de la mordida y los militares la otra mitad. Si la única vía era el concurso abierto, los militares reescribían el pliego de prescripciones técnicas para dar un valor añadido a ciertos criterios. Estas modificaciones eran comunicadas de antemano al empresario que jugaba con ventaja a la hora de presentar las ofertas.

Los contratos supuestamente adjudicados por este sistema sumarían 176.816 euros entre 2008 y 2013, según recoge el diario El País. La sentencia del Alto Tribunal pone fin a un proceso iniciado hace años. En mayo de 2018, este mismo órgano judicial ordenó repetir la sentencia por no estar fundamentada correctamente.

El caso acabó en el Tribunal Supremo después de que los militares y el empresario presentaran recursos a sus condenas. Al final, la Sala de lo Militar ha rebajado de seis a cinco meses la condena a uno de los militares por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar. Los otros dos han sido condenados a tres años de cárcel y dos años por el mismo delito y el empresario a tres meses por cohecho.