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ESPAÑA | Defensa
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Futuro vehículo de combate del Ejército de Tierra

Vox pide al Ministerio de Defensa el expediente del contrato del VCR 8x8

Demostrador de movilidad del VCR 8x8 Dragón. Foto: DGAM

Demostrador de movilidad del VCR 8x8 Dragón. Foto: DGAM

08/08/2019 | Madrid

Vox ha solicitado al Ministerio de Defensa la publicación del expediente del contrato para la adquisición de un primer lote de 348 Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra por un importe de 2.100 millones de euros, aprobado por el Gobierno a principios del pasado mes de julio.

En concreto, el partido que dirige Santiago Abascal pide en un escrito registrado el pasado 2 de agosto en el Congreso de los Diputados "todos los expedientes de contratación (en los términos definidos por el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, todos los documentos que integren los referidos expedientes) tramitados en relación con el programa Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8".  

Por su parte, el grupo de Unidas Podemos también ha instado al Ejecutivo a que explique los motivos para aprobar el contrato de forma urgente estando en funciones y alegando razones de interés general. Además, el diputado Joan Baldoví de Compromís ha solicitado incluso la comparecencia de la ministra de Defensa para que aclare el proceso seguido para la licitación del programa.   

Ante estas peticiones, el departamento que dirige en funciones Margarita Robles está reuniendo, según publica El Confidencial Digital, toda la información relativa al contrato del VCR 8x8 y la publicará en los próximos días.

Litación en marcha 

 

La licitación del contrato está gestionada mediante procedimiento negociado sin publicidad, según el anuncio publicado hace unos días en la Plataforma de Contratación del Estado. Este procedimiento permite la adjudicación directa a una empresa sin que sea necesario un concurso público y la publicación de los pliegos.  

Aunque está adjudicación todavía no ha tenido lugar formalmente, el Gobierno anunció a principios de julio, después autorizar al Ministerio de Defensa a abrir el contrato, que solo maneja la opción de un consorcio industrial con Santa Bárbara Sistemas como contratista principal e Indra y Sapa como subcontratistas de primer nivel.  

Como publicó Infodefensa.com, el ministerio se ampara en un informe jurídico elaborado por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) que justifica este procedimiento poco habitual por motivos de seguridad nacional. 

El documento afirma que la convocatoria de un concurso público y con publicidad hubiera supuesto la divulgación de “información contraria a los intereses esenciales de la seguridad”, pudiendo “resultar perjudicados los intereses esenciales de la Defensa”. Este informe, firmado el pasado 2 de julio por el asesor jurídico de la DGAM, Jorge Marcelino Salvador, añade que en este caso “no han de aplicarse de manera obligatoria las disposiciones recogidas en la Ley”, ante las ya expuestas necesidades de seguridad.   

El texto también defiende que la decisión del Gobierno de aprobar el contrato en funciones y recuerda que el compromiso de gasto fue aprobado en diciembre pasado, cuando todavía el Ejecutivo tenía plenos poderes. Además, sostiene que la decisión solo responde a criterios técnicos y al objetivo de garantizar la operatividad de las Fuerzas Armadas.   

 

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