La SEPI comunica a la Audiencia que no puede pagar la fianza de Defex

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), de la que depende en un 51% la empresa imputada por corrupción Defex, ha comunicado a la Audiencia Nacional su incapacidad para hacer frente a la fianza de 315,17 millones de euros que el juez José de la Mata impuso a dicha firma el pasado mes de mayo.

Según ha publicado el diario El País, Defex es la primera compañía semipública española imputada por corrupción. En concreto, el juez De la Mata habla de “depredación de fondos públicos” por parte, en principio, de Defex y de otras dos sociedades. Hay acusadas 24 personas, cinco de ellas directivos de la firma semipública que, según el juez, se apropiaron de dos tercios de los más de 150 millones de euros facturados en concepto de suministro de material policial a Angola. En total, entre empresas y acusados físicos, las fianzas suman 4.500 millones de euros (315,7 de Defex), lo que da una idea de la magnitud del proceso.

Una investigación compleja

La amplitud geográfica de la investigación (se han enviado requerimientos de información a una veintena de países) ha derivado en un procedimiento con distintas piezas, una por cada país al que se vendió material de defensa o de seguridad (Angola, Camerún, Egipto, Brasil y Arabia Saudí), y otras dedicadas a cuestiones más concretas, como la denominada Kogan-Oscar por los alias de los directivos Jose Ignacio Encinas Charro Oscar y Ángel María Larumbe Kogan. En esta pieza se investiga el enriquecimiento de ambos, ya que presuntamente se quedaban con el 0.5% de cada contrato de la empresa.

Po la pieza de Angola, para Encinas, expresidente de Defex, la Fiscalía Anticorrupción pide 50 años y siete meses de cárcel; para el antiguo director comercial, Manuel Iglesias Sarriá, otros 50 años. Para Larumbe la petición es de 35 años.

Por ahora solo una pieza ha llegado a juicio, la de Angola, de la que se deriva la fianza que la SEPI dice no poder enfrentar. La siguiente en la lista es la pieza de Arabia Saudí. En este caso, el auto describe la recepción de comisiones ilegales por altos cargos del gobierno y el entorno de la familia real saudí. La pieza habla de 11 contratos valorados en 48 millones de euros.

La situación de la empresa

Defex, propiedad en un 49% de diferentes firmas de Defensa, entró en proceso de liquidación, previa autorización del Consejo de Ministros, en septiembre de 2017, una liquidación de la que por cierto se encarga otra empresa del la SEPI, Cofivacasa. Un año después, en 2018, Defex aún mantenía un patrimonio de 21,1 millones, pero apenas hizo negocio por valor de 5,3 millones (el año anterior había sido de 30,8 millones), aunque sí realizó compras para atender suministros de contratos en Oriente Próximo y África. Actualmente, la compañía espera una inspección de Hacienda paralizada de momento por el proceso penal.

Según explica El País, la Audiencia Nacional ordenó en 2015 retener las devoluciones del IVA de los años 2014 y 2015, unos 2,1 millones de euros según la Agencia Tributaria. Desde entonces, esa medida se ha mantenido, por lo que la retención entre IVA e impuesto de sociedades asciende a 10,2 millones de euros. Dicho montante, según la Audiencia, se destinará a “garantizar las responsabilidades pecunarias” por los delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Además, la empresa ha provisionado ocho millones de euros para la inspección fiscal a la que se enfrenta.